Así lo indicó la secretaria penal del Juzgado Federal Río Cuarto, Lucía Storani, en diálogo con Puntal AM
La Cámara Federal de Córdoba confirmó la situación procesal de cuatro imputados en la investigación por el uso de infraestructura pública para una firma privada. Además, ordenaron una pericia contable para determinar el perjuicio económico sufrido por la UNRC.
La Sala B de la Cámara Federal de Córdoba confirmó el procesamiento de un grupo de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). A diferencia de las primeras versiones circulantes, el tribunal ratificó la medida bajo la tipificación del delito de encubrimiento.
Según las precisiones brindadas por Lucía Storani, secretaria penal del Juzgado Federal de Río Cuarto, los procesamientos firmes recayeron sobre Oscar Mascarelli, Lucas Gallarato, Judith Raynaga y Aguilar Mansilla.
Por otra parte, el tribunal de alzada decidió revocar el procesamiento que pesaba sobre Julia Iparraguirre y la Dra. Yañez, dictándoles la falta de mérito. Esta condición técnica implica que el tribunal considera que por el momento no existen elementos suficientes ni para procesarlas ni para sobreseerlas (desvincularlas definitivamente), por lo cual continuarán siendo investigadas mientras se sustancian nuevas medidas en la causa.
La causa penal se centra en la presunta utilización ilegal de los laboratorios de la universidad nacional en beneficio de una firma privada denominada IB Agrobiotech.
Si bien esta supuesta empresa comenzó a promocionarse comercialmente a través de comunicaciones y redes sociales, como Instagram, en abril de 2024, la investigación judicial detectó un trasfondo temporal más amplio. Mediante requerimientos informativos a la ARCA, el juzgado incorporó facturas emitidas de forma particular por Mascarelli y Gallarato que datan desde el año 2022. No obstante, las autoridades judiciales aclararon que el funcionamiento ilegal dentro de la UNRC se encuentra fehacientemente comprobado desde principios de 2024 hasta mayo de ese año, momento en el cual se ejecutaron los allanamientos y secuestros de material probatorio.
Con el fin de determinar de forma técnica el perjuicio económico global generado a la casa de altos estudios por el uso de sus reactivos, energía e instalaciones, el Juzgado Federal ordenó una pericia contable oficial. La misma estará coordinada por el cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las partes ya han sido formalmente notificadas y disponen de un plazo perentorio de tres días para proponer a sus respectivos peritos de control.
Por último, desde el tribunal local se enfatizó que no existen denuncias ni sospechas de hechos similares en ninguna otra área, facultad de la UNRC, ni en organismos científicos de doble dependencia con el CONICET. La investigación se circunscribe estrictamente al núcleo de laboratorios y personas inicialmente identificadas.
