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Laboulaye: van a la Justicia por una llamativa y arbitraria maniobra del Pami Río Cuarto

La delegación de la obra social le quitó 1.400 cápitas -la mitad de las que tenía- a la Clínica Privada Laboulaye. Señalan que es una represalia por no haber aceptado asociarse con su competidora, que fue comprada por el Instituto Médico. El Instituto tendría entre sus asesores a Gonzalo Luján, exfuncionario del Pami de la gestión Macri. El sanatorio perjudicado presentó una cautelar; perderá $ 5 millones y hay 50 empleos en riesgo

El 11 de julio de este año, los directivos de la Clínica Privada Laboulaye recibieron del Pami Río Cuarto la notificación de que desde el 1° de agosto empezarían a sufrir un drástico recorte. Sin explicación pero sí con algunos llamativos capítulos previos, de un día para otro esa institución médica que tiene 100 años de antigüedad se quedó con la mitad de las cápitas. De 2.800 pasó a tener 1.400 y perdió, como consecuencia, 5 millones de pesos por mes.

Ahora, la Clínica recurrió al Juzgado Federal de Río Cuarto, donde presentó una medida cautelar para tratar de que la decisión quede sin efecto. Señalan que se trató de una medida arbitraria, inconsulta y antojadiza.

La doctora Norma Abad, una de las directoras de la Clínica Privada, indicó que la decisión del Pami Río Cuarto, conducido por Fernando Bossio, implica un duro golpe para la institución y pone en peligro 50 puestos de trabajo.

Ella y el abogado Héctor Villarino, que representa a la Clínica, indican que la decisión del Pami de quitarle la mitad de las cápitas no estuvo precedida ni por un incumplimiento ni por una sanción pero sí por un hecho sumamente curioso:antes de que les llegara la notificación, el Pami le había enviado a la Clínica una carta de intención para que se asociaran a otro sanatorio, con el que tradicionalmente competían, y le delegaran todo el control. La Clínica Privada Laboulaye seguiría cobrando por sus servicios pero sin tener posibilidad de seguimiento;el control pasaba a la otra institución.

¿Por qué debían asociarse a la clínica de su competencia? No lo saben. Sólo señalan que rechazaron la propuesta porque las condiciones eran leoninas. Además, remarcan que la oferta de trabajar en conjunto se produjo después de que la Clínica San Lucas cambiara de nombre; en el medio la había comprado una empresa riocuartense: el Instituto Médico.

Pero destacan un dato más curioso aún: en el cruce que se fue generando a partir de la intempestiva decisión del Pami, les dijeron que uno de los colaboradores del Instituto Médico sería Gonzalo Luján, que dirigió la obra social durante la gestión de Mauricio Macri, es decir hasta 2019.

“El que compra la Clínica San Lucas es el Instituto Médico de Río Cuarto. Uno de los directivos del Instituto Médico de Río Cuarto fue director del Pami. Entonces, a mí me llama la atención. No acuso a nadie de nada pero me llama la atención la temporalidad de las resoluciones. ¿Se trata de una represalia por no haber aceptado los términos de la carta de intención que aplicaba condiciones leoninas? Fui a Río Cuarto a que me atendieran personalmente. Pero nadie quiso hablar. No nos dejaron otro camino que recurrir a la Justicia”, indicó Villarino.

Hay un dato adicional:tradicionalmente, según relató la doctora Abad, las dos clínicas tenían la mitad de las cápitas cada una. En este caso, las dos tuvieron hasta la carta documento del Pami 2.800 cápitas. Ahora, a la Clínica Privada Laboulaye le quedaron 1.400 y su competidora absorbió las que fueron retiradas por la obra social de los jubilados: es decir, la institución que compró el Instituto Médico pasó a tener 4.200 cápitas, un envión prestacional y económico relevante.

“La notificación que llegó el Pami es totalmente arbitraria. En la carta documento señalan que toman la decisión haciendo uso de las facultades conferidas en el contrato. Pero hay un error conceptual ahí. El artículo 5 del contrato al que refieren establece que ellos pueden repartir las cápitas pero que en caso de haber una modificación grande, y si no es grande el 50 por ciento no sé qué lo es, tiene que ser previa consulta y tramitación. Eso no se hizo. En el caso de que se hubiera tratado de una sanción, tiene un procedimiento. Se tiene que garantizar el derecho de defensa. No puedo tomar una determinación si no le doy al prestador la oportunidad de defenderse. Todos estos extremos fueron violados en este caso”, indicó Villarino.

Pero además remarcó que en ningún momento el Pami argumentó que se estuviera aplicando una sanción. “No tienen la facultad reservada de quitar esa magnitud de cápitas de manera intempestiva, sin justificación. Es violatorio, no sólo del derecho de defensa, sino también del derecho de los jubilados porque hay 1.400 personas que eligieron a la Clínica Privada Laboulaye y ya no podrán atenderse más”, manifestó el abogado.

Y agregó que tampoco puede justificarse el traspaso de los pacientes desde el punto de vista prestacional y sanitario porque la Clínica San Lucas es edilicia y estructuralmente más chica.

La doctora Abad indicó que lo peor de la situación es que nadie notificó a los afiliados del Pami y que se van a enterar cuando vayan a la Clínica y les contesten que ya no pueden atenderse ahí. “Nunca nos pasó esto. Hemos pasado todos los gobiernos porque hace más de 40 años que esta Clínica trabaja con el Pami. Y en todos hay dificultades. Pero nunca nos habían sometido a esto”, señaló la médica.

Cuando se le pregunta cómo piensan cubrir los 5 millones de pesos mensuales que les retiró el Pami, dice que no sabe, que es un golpe muy duro. Por eso esperan que la Justicia obligue al Pami a dar marcha atrás lo antes posible.

El rechazo de la obra social de los jubilados

Después de recibir la carta documento en la que le notificaron que perdía la mitad de las cápitas mensuales, la Clínica Privada Laboulaye interpuso un recurso de reconsideración ante el Pami.

“Ese recurso de reconsideración fue contestado en forma negativa diciendo que son organismos descentralizados que no tienen que reconsiderar nada porque no dependen de la 19.549 que es la Ley de Procedimiento Administrativo. Por eso no nos quedó otro camino que la Justicia”, dijo el abogado Héctor Villarino.

Además, agregó que están preparando un amparo para los próximos días.