El empresario Lázaro Báez pidió ayer el cese de su prisión preventiva, a poco de que se cumplan dos años de su detención en el marco de la causa por presunto lavado de dinero a través de maniobras en la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", por la que aguarda el juicio oral y público.
La presentación la hizo el abogado defensor Esteban Balian, quien reclamó la liberación de su cliente, ya que el próximo 5 de abril se cumplen dos años de su prisión preventiva y la ley establece ese plazo como máximo para la medida, aunque existe la opción de prorrogarla por otro más.
El empresario adujo que no existe "peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación" y reclamó su libertad tras dos años en prisión sin condena.
Ahora, la decisión está en manos del Tribunal Oral Federal 4 integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñíguez y Néstor Costabel.
Tras recibir el pedido, el Tribunal corrió vista al fiscal de juicio Abel Córdoba, que no cuenta con plazo para resolver, ya que se trata del cese de una preventiva y no de una excarcelación, la que se define en 24 horas.
Viaje sospechoso
Báez fue detenido el 5 de abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que advirtió sobre una posible maniobra de fuga, tras detectar un viaje en avión desde Río Gallegos a Buenos Aires del que no se había informado el plan de vuelo, mientras existían tareas de vigilancia sobre el empresario.
"Personal policial abocado a las tareas ordenadas por este tribunal el pasado 31 de marzo pudo observar que se encontraba sobre la pista de despegue del aeropuerto de la ciudad de Río Gallegos, en condiciones de operar la aeronave matrícula LV-BPL - propiedad de la firma Top Air SA-, y que mediante discretas tareas investigativas se habría determinado que aún no se había presentado el plan de vuelo", sostuvo Casanello al fundar su detención en ese momento.
"El personal policial habría logrado determinar que el pasajero sería Lázaro Báez lo que, finalmente, se habría corroborado. No se pudieron establecer, sin embargo, mayores precisiones acerca del viaje", dijo el juez.
Otra acusación
En tanto, el juez federal Javier López Biscayart procesó ayer sin prisión preventiva al empresario detenido Lázaro Báez, por supuesta evasión impositiva a través de las empresas del Grupo Austral Construcciones.
El magistrado le trabó, además, un embargo de 250 millones de pesos, tal como lo hizo con su hijo Martín Báez, a quien también procesó en el mismo expediente.
López Biscayart sostuvo que los Báez, algunos directivos del Grupo Austral y dos funcionarias de Afip participaron de una maniobra de evasión de más de 70 millones de pesos correspondientes al Impuesto a las Ganancias y al IVA.
Se trata de una causa que se originó en 2013 a raíz de una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió, que afirmó que distintas empresas del Grupo Austral, de Báez, estaban intercambiando facturas truchas entre sí para evadir el pago de impuestos.
El empresario adujo que no existe "peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación" y reclamó su libertad tras dos años en prisión sin condena.
Ahora, la decisión está en manos del Tribunal Oral Federal 4 integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñíguez y Néstor Costabel.
Tras recibir el pedido, el Tribunal corrió vista al fiscal de juicio Abel Córdoba, que no cuenta con plazo para resolver, ya que se trata del cese de una preventiva y no de una excarcelación, la que se define en 24 horas.
Viaje sospechoso
Báez fue detenido el 5 de abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que advirtió sobre una posible maniobra de fuga, tras detectar un viaje en avión desde Río Gallegos a Buenos Aires del que no se había informado el plan de vuelo, mientras existían tareas de vigilancia sobre el empresario.
"Personal policial abocado a las tareas ordenadas por este tribunal el pasado 31 de marzo pudo observar que se encontraba sobre la pista de despegue del aeropuerto de la ciudad de Río Gallegos, en condiciones de operar la aeronave matrícula LV-BPL - propiedad de la firma Top Air SA-, y que mediante discretas tareas investigativas se habría determinado que aún no se había presentado el plan de vuelo", sostuvo Casanello al fundar su detención en ese momento.
"El personal policial habría logrado determinar que el pasajero sería Lázaro Báez lo que, finalmente, se habría corroborado. No se pudieron establecer, sin embargo, mayores precisiones acerca del viaje", dijo el juez.
Otra acusación
En tanto, el juez federal Javier López Biscayart procesó ayer sin prisión preventiva al empresario detenido Lázaro Báez, por supuesta evasión impositiva a través de las empresas del Grupo Austral Construcciones.
El magistrado le trabó, además, un embargo de 250 millones de pesos, tal como lo hizo con su hijo Martín Báez, a quien también procesó en el mismo expediente.
López Biscayart sostuvo que los Báez, algunos directivos del Grupo Austral y dos funcionarias de Afip participaron de una maniobra de evasión de más de 70 millones de pesos correspondientes al Impuesto a las Ganancias y al IVA.
Se trata de una causa que se originó en 2013 a raíz de una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió, que afirmó que distintas empresas del Grupo Austral, de Báez, estaban intercambiando facturas truchas entre sí para evadir el pago de impuestos.
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