La baja de Ariel Rodríguez
Según confirmaron fuentes de la Secretaría Administrativa de la Unicameral a La Voz, la baja de Rodríguez se produjo el 13 de agosto, antes de que Flores presentara su pedido de licencia, que todavía no fue aprobado y sigue a la espera de la próxima sesión.
Ante la consulta por los motivos de la desvinculación del asesor, desde el área administrativa indicaron que “no media un motivo puntual de baja”.
“No es requisito excluyente para dar de baja a un asistente que deba mediar una razón fundada formal. Hay causales previstas en la ley, pero además puede el legislador, por ejemplo, discontinuar el contrato porque ya no realiza más la tarea para la que estuvo asignado o por reducción de equipo. En este caso no fue reemplazado”, señalaron desde la Secretaría Administrativa.
Antecedentes previos y situación judicial
Sin embargo, fuentes vinculadas a la causa judicial señalaron que Rodríguez tiene antecedentes previos a su paso por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec).
Rodríguez habría sido objeto de una investigación por el presunto uso de recursos de la empresa estatal para beneficio particular, en referencia a la utilización de maquinaria de la Epec para una instalación eléctrica en un campo. Por ese episodio, habría sido exonerado de la empresa y pesa sobre él una condena que actualmente se encontraría recurrida en casación.
Del municipio a la Legislatura
Después de este hecho, Rodríguez fue nombrado en el municipio de Villa de María de Río Seco y consiguió que Flores en junio de 2023 lo dejara en planta permanente antes de terminado su segundo mandato como intendente. En ese momento, Flores lo nombró jefe de sección, cuando ya era investigado por la Justicia.
Tras finalizar su mandato municipal y asumir como legislador en diciembre de 2023, Flores armó su equipo de asesores, entre los que aparecieron Villarreal, detenido hoy por abuso infantil en una causa reciente y con otra denuncia anterior, y Rodríguez, que ya había sido condenado por los delitos de usurpación y peculado.
El interrogante sobre los controles
La incorporación de Rodríguez y su apartamiento desde la semana pasada volvió a abrir el interrogante sobre los mecanismos de designación de los asesores de los legisladores.
El Estatuto Escalafón del Personal del Poder Legislativo de Córdoba (Ley 9.880) establece impedimentos claros para el ingreso al ámbito legislativo. El artículo 12 contempla que “se impide el ingreso de quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública o cometidos en ejercicio de la función pública mientras dure la inhabilitación”. También fija restricciones para quienes tengan un proceso penal pendiente o hayan sufrido condena por delito doloso.
Además, no pueden ingresar quienes hayan sido declarados cesantes o exonerados de la administración pública nacional, provincial o municipal.
Por eso, el caso de Rodríguez reabrió la discusión sobre cuáles son los controles en los ingresos de los asesores, que a mayo de 2026 sumaban 1.055, dato que no fue actualizado por la Unicameral.
Se conoció que, a contrarreloj, la Secretaría Administrativa trabaja en cambios sobre las exigencias para los ingresos a la Legislatura.
Esto ocurre sobre todo después de la salida de Villarreal y la más reciente de Rodríguez, y a poco más de un año y medio del escándalo de la “empleada fantasma”, cuando se conoció que el exedil del PJ Guillermo Kraisman intentó cobrar el sueldo de una contratada.
Pedidos de la oposición
Desde el arco opositor se sumaron acuerdos para el pedido de apartamiento de Flores que planteó la UCR. Desde el juecismo y la izquierda adelantaron el planteo, junto con otros reclamos de suspensión.
La legisladora radical Brenda Austin adelantó que sumó un pedido de informe para que se explique por qué se permitió el ingreso de Rodríguez y si sigue prestando tareas Mario Giraudo, quien en un comienzo de la causa fue abogado de Villarreal. “Lo que estamos viendo es vomitivo”, resumió la legisladora.
