La Legislatura votó por unanimidad la ley contra bunkers y aguantaderos
El gobernador había señalado que será una herramienta clave para el combate contra el narcotráfico. La nueva ley contempla la posibilidad de que se derrumben inmuebles que se usan como puntos de venta de drogas
La Legislatura aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley antibunkers y antiaguantaderos que el gobernador Martín Llaryora envió para disponer de más herramientas para combatir el delito y el narcotráfico.
Juan Manuel Llamosas, presidente provisorio de la Legislatura y presidente de la comisión de Seguridad, destacó el consenso que se logró en torno al proyecto. “Salió por unanimidad y eso es destacable porque legitima más, le da más fuerza al proyecto. Hasta horas antes estuvimos compatibilizando el proyecto del oficialismo con algunas iniciativas de la oposición. Es una ley muy importante porque genera una herramienta ágil y efectiva tanto para la Policía como para la Justicia, que van a poder actuar contra los aguantaderos, los bunkers. Los van a poder derribar, cerrar. La verdad que es un cambio fundamental. Además, es una ley innovadora porque es la primera a nivel país que establece un procedimiento de este tipo”, indicó el legislador provincial.
Llamosas agregó que la ley antibunkers es parte de una política integral que Llaryora está llevando adelante contra el narcotráfico. “Es una pelea que se está dando en todos los frentes, con fiscalías especializadas, con fuerzas policiales especializadas y capacitadas, con más recursos. Esta herramienta para el derribo de los aguantaderos, que muchas veces se sabía quién vendía pero el procedimiento era muy engorroso y lento, es eficaz para actuar con más celeridad”, señaló el presidente provisorio de laLegislatura.
Horas antes de que el tema se tratara en la Unicameral, el gobernador Llaryora había encabezado la presentación del proyecto y había pedido la aprobación.
“La ley busca dotar al Estado provincial de nuevas herramientas para intervenir inmuebles utilizados para la comercialización de drogas, actividades delictivas y situaciones de abandono que representen un riesgo para la seguridad pública”, señaló el gobierno provincial durante la presentación que se concretó en el Centro Cívico de Córdoba.
Durante el acto, Llaryora aseguró que la iniciativa constituye “una herramienta central” para profundizar la lucha contra el narcotráfico y sostuvo que “Córdoba es una de las provincias de Latinoamérica más hostiles con el narcotráfico”.
El mandatario afirmó que la normativa incorpora una respuesta innovadora frente a las nuevas modalidades del delito.
En detalle, la nueva ley crea un régimen administrativo y judicial específico que permitirá actuar de manera temprana sobre inmuebles identificados como bunkers de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, así como sobre edificios abandonados o deteriorados que favorezcan la comisión de hechos delictivos y afecten la convivencia ciudadana.
Entre las herramientas previstas se encuentran inspecciones, informes técnicos y resoluciones fundadas que habilitarán medidas preventivas como cerramientos, clausuras provisorias, tapiados, bloqueos de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles.
Llaryora detalló que el objetivo de la ley es impedir que los inmuebles utilizados para actividades ilícitas vuelvan a convertirse en focos del delito: “La tranquilidad en un barrio llega no solo cuando detenemos al delincuente, sino también cuando derrumbamos ese lugar para que desaparezca de una vez por todas el hecho material que permite delinquir”. Y agregó que la iniciativa busca “llevar tranquilidad a los vecinos y poner intranquilos y bajo las rejas a los delincuentes”.
La política de seguridad ha sido uno de los principales ejes de gobierno de Llaryora desde que asumió. Y desde el inicio ha incorporado herramientas que específicamente apuntan a combatir el narcotráfico.
El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, indicó que el proyecto de ley surgió a partir del trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y con fiscales en distintas situaciones que involucraban tanto al fuero de lucha contra el narcotráfico como a los delitos comunes. “Evaluamos la situación de inmuebles y vehículos que se utilizan para la comisión de determinados delitos, los cuales compartían características similares: propiedades en estado de abandono, desuso o deterioro que, al facilitar la comisión de ilícitos, terminaban constituyendo una infraestructura y logística a disposición de asociaciones criminales, algunas vinculadas al narcotráfico y otras a la reiterancia de delitos comunes”, detalló López.
El ministro agregó que “el gobernador pidió avanzar en un proyecto de ley que sea sólido y, fundamentalmente, expeditivo”.
Cuando las investigaciones estén vinculadas al narcotráfico u otros delitos complejos, será la Justicia quien podrá disponer desalojos, demoliciones o la restitución de los inmuebles a sus legítimos propietarios.
El proyecto aprobado contempla además la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que permitirán fortalecer la articulación entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía de Córdoba y los gobiernos locales.