El gobernador afirmó que incorporaran más jubilados al 82% y que elevarán la mínima jubilatoria a 800 mil pesos. También aseguró que se viene un esquema de reducción impositiva
El discurso inaugural del 148° período legislativo estará a cargo del gobernador Martín Llaryora, en un contexto marcado por un año preelectoral y de creciente tensión política.
La sesión se desarrolla en Laboulaye, en el Cine Teatro Sporting.
Entre otras cosas, el gobernador Martín Llaryora aseguró que la política de reducción impositiva puesta en marcha por la Provincia permitirá que 900 mil millones de pesos regresen a los bolsillos de los cordobeses, en un contexto económico nacional marcado por el ajuste fiscal y la caída de recursos para provincias y municipios.
El esquema de reducción impositiva plasmado en los cedulones que ya disponen los contribuyentes contempla un impacto directo sobre el impuesto inmobiliario.
De esta manera, el 40% de los propietarios pagará este año un 25% menos que en 2025, mientras que el 11% abonará el mismo monto. El resto de los contribuyentes tendrá una actualización por debajo de la inflación prevista, estimada en torno al 28%.
Además, la Provincia avanzó en la reducción de Ingresos Brutos para pequeños comercios y mantiene exenciones impositivas orientadas a favorecer la producción, con el objetivo de estimular la actividad económica.
Al referirse al escenario actual, el mandatario sostuvo que el ajuste impulsado a nivel nacional impactó con mayor fuerza en los gobiernos subnacionales y en la población.
“Somos quienes más recursos perdimos en manos de la Nación y, al mismo tiempo, quienes estamos cubriendo servicios y programas sociales esenciales que fueron suprimidos”, señaló.
En ese marco, Llaryora remarcó que la Provincia decidió sostener áreas clave como salud, educación e infraestructura, al considerar que no puede haber desarrollo económico sin inversión pública ni generación de empleo.
Para ello, explicó, fue necesario adoptar decisiones complejas en materia fiscal con el objetivo de garantizar el superávit y asegurar la continuidad del crecimiento provincial.
Entre las medidas adoptadas desde el inicio de la gestión, el gobernador destacó la reducción de estructuras gubernamentales y el congelamiento de los salarios de la planta política, una política que —según indicó— se mantendrá hasta que mejoren las condiciones económicas. “Gracias a esas decisiones hoy podemos aliviar la presión tributaria y dinamizar la economía provincial”, afirmó.
“Cada peso que un cordobés deja de pagar en impuestos es un peso que vuelve a la economía real”, sostuvo Llaryora, al tiempo que planteó que estas medidas no solo apuntan a sostener el consumo y la producción en Córdoba, sino también a contribuir a una eventual recuperación de la economía nacional.
El gobernador Martín Llaryora anunció un aumento de la jubilación mínima provincial, que pasará a ser de 800 mil pesos, y confirmó que Córdoba avanzará además en la restitución del 82% para un mayor número de jubilados antes de fin de año.
Con este aumento la jubilación provincial se posiciona entre las más altas del país, a la vez que prioriza a los jubilados que menos ganan y más necesitan, en un contexto económico complejo a nivel nacional.
La medida se inscribe en una serie de definiciones adoptadas por la Provincia para sostener el sistema previsional y fortalecer el poder adquisitivo de los haberes más bajos.
En su mensaje, el mandatario ratificó su compromiso de defender la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba, frente a los planteos que impulsan su traspaso a la Nación o a otros ámbitos de administración.
Llaryora advirtió que una eventual transferencia implicaría una fuerte caída de los ingresos de los jubilados provinciales y los colocaría en una situación similar a la que atraviesan hoy muchos jubilados nacionales, con serias dificultades para cubrir necesidades básicas y acceder a medicamentos.
“Mientras estemos nosotros, la Caja no se transfiere: se defiende y a nuestros abuelos se los cuida”, afirmó el gobernador, al destacar que la Provincia decidió asumir decisiones complejas para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional sin resignar derechos.
En ese marco, recordó el envío a la Legislatura de la Ley de Equidad Jubilatoria, una norma que establece un esquema de esfuerzo compartido y solidario entre trabajadores activos y pasivos, bajo el principio de que quienes más ingresos perciben, más aportan. “Gracias a esa política, indicó, fue posible reducir el déficit del sistema previsional”, aseguró.
Como resultado de estas medidas, en diciembre pasado más de 50 mil jubilados provinciales recuperaron el 82%, mientras que unos 10 mil beneficiarios dejaron de realizar el aporte del 20% previsto en el artículo 58.
Sobre este tema, ratificó que la lucha contra el narcotráfico es una política central de su gestión y anunció la apertura de cinco nuevas sedes operativas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en el interior provincial, junto con el envío a la Legislatura de un proyecto de Ley Antibúnker o Antiaguantaderos destinado a desarticular puntos de venta de drogas y “aguantaderos” utilizados por organizaciones criminales.
El proyecto tiene por objetivo retirar a los delincuentes de inmuebles privados ocupados ilegalmente, evitar la consolidación territorial de las bandas y restituir las propiedades a sus dueños.
La iniciativa también prevé la posibilidad de reconvertir esos espacios para uso social o comunitario.
“El narcotráfico no admite ningún tipo de tolerancia. Las acciones deben ser directas y contundentes”, sostuvo el mandatario, al subrayar que se trata de una pelea que requiere el acompañamiento de todos los partidos políticos para dejar en claro que en Córdoba “el narcotráfico no tiene aliados”.
En ese marco, Llaryora recordó la sanción de la Ley de Seguridad aprobada hace dos años, que permitió que a la fecha ya funcionen siete fiscalías antinarcóticos distribuidas en toda la provincia.
Según datos oficiales, esa herramienta derivó en un incremento del 27% en los procedimientos contra el narcotráfico en un período reducido de tiempo.
El gobernador destacó además el proceso de jerarquización y fortalecimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que continúa incorporando equipamiento y personal.
A partir de la normativa vigente, se sumaron efectivos con formación en las Fuerzas Armadas, lo que permite este año ampliar la presencia operativa de la FPA con cinco nuevas sedes en el interior, reforzando el despliegue territorial.
“La lucha contra el narcotráfico la estamos dando en todos los niveles y necesitamos más herramientas legales para profundizarla”, afirmó el gobernador, al señalar que el objetivo es recuperar territorios, debilitar las estructuras criminales y reducir laviolencia asociada al narcomenudeo en toda la provincia.
La norma propone colocar en el centro la dignidad humana y reforzar el rol del Estado en el acompañamiento efectivo de las víctimas.
Se trata de una herramienta que “ordena derechos, garantías, asistencia, protección y reparación”, estableciendo obligaciones claras para el Estado frente a quienes padecen un delito.
El mandatario agradeció públicamente la lucha de la familia Sperani, oriunda de la Laboulaye, y de muchas otras familias que transformaron el dolor en una causa colectiva. En reconocimiento a ese camino, propuso que la iniciativa lleve el nombre de “Ley Joaquín”, en homenaje y como símbolo del compromiso institucional con las víctimas.
En el mismo paquete de reformas, el mandatario adelantó que también se avanzará con la sanción de una ley específica para el tratamiento de presos de alto perfil criminal, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el control sobre internos considerados de máxima peligrosidad.
Se trata de un nuevo programa integral de salud orientado a garantizar el acceso gratuito a medicamentos, optimizar los turnos hospitalarios mediante herramientas digitales y avanzar hacia la telemedicina en todo el territorio provincial.
La iniciativa, denominada MEDICOR, forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema público de salud y ampliar derechos en un contexto de fuerte retracción del financiamiento nacional.
El programa busca dar una respuesta directa a una de las principales demandas del sistema sanitario: el acceso oportuno a los medicamentos. “Para una persona a la que se le diagnostica una enfermedad, el medicamento no es un lujo: es una necesidad vital”, sostuvo.
Medicor permitirá, a través de tecnología digital, un acceso simple, desburocratizado y sin demoras a los medicamentos recetados por profesionales de la salud.
