Ley Joaquín: se tendrá que escuchar a las víctimas antes de una prisión domiciliaria
En diálogo con Puntal, el ministro López sostuvo que “deberán ser escuchadas” en la previa de un fallo judicial. Por ejemplo, antes de un juicio abreviado. Mariela Flores, su mamá, celebró la norma impulsada oficialmente
“La Ley Joaquín busca que las víctimas tengan voz antes de los fallos judiciales”.
Lo dijo ayer a Puntal el ministro de Justicia de la Provincia, Julián López.
Esto es que sean consultadas, por ejemplo, antes de decidir un juicio abreviado o una prisión domiciliaria.
“Con esta ley, las víctimas deben ser escuchadas en el proceso antes de tomar una resolución judicial”, sostuvo López.
Yafirmó:“Por ejempo, en el caso de Joaquín Sperani, su familia no pudo ser querellante y con esta ley ahora sí”.
“En esta norma, se proponen modificaciones para que las víctimas sean tenidas en cuenta, para que se hagan valer sus derechos”, manifestó.
Mariela Flores, la madre de Joaquín, celebró en diálogo con Puntal la norma citada:“Vemos como un avance sentir que se nos otorgan derechos a las víctimas, que no van en detrimento de los derechos de los victimarios”.
“Ahora vamos a ser escuchadas y vamos a saber más del proceso legal y de qué se está haciendo”, expresó.
“De poder acceder a la causa y de poder ser querellante “, añadió.
“Esta ley viene a abrir las puertas a todos los ‘no’ que nosotros tuvimos como familia y de saber que otras familias van a poder acceder a un abogado y de que se los va a escuchar”, puntualizó.
“Ésta es una puerta que se nos abre en obtención de derechos y es por lo que bregamos en estos tres años”, indicó.
Según se informó oficialmente, “el proyecto enviado por el gobernador Martín Llaryora a la Legislatura propone estándares mínimos de trato, información, participación, asistencia, protección y reparación”.
“También introduce cambios en el Código Procesal Penal para hacer efectivos estos derechos”, se agregó.
La propuesta se llama “Ley Joaquín”, en memoria de Joaquín Sperani, el joven asesinado por un compañero de colegio en la ciudad de Laboulaye.
La familia de Joaquín no pudo ser querellante tras el crimen de su hijo y, por eso, ahora se impulsa un proyecto para proteger a las víctimas de delitos.
El proyecto establece un conjunto de derechos que deberán ser garantizados desde el primer contacto de la víctima con el sistema de justicia.
Entre ellos, se incluyen:
- Trato digno, privacidad y no revictimización.
- Información clara y comprensible sobre el proceso penal y sus instancias.
- Acceso a patrocinio jurídico, incluso gratuito y especializado cuando sea necesario.
- Participación en el proceso, tanto aportando elementos de interés como ejerciendo derechos en audiencias y decisiones clave.
- Asistencia médica, psicológica, social y jurídica de manera gratuita y continua.
- Medidas de protección urgentes ante riesgos o situaciones de intimidación.
- Reparación integral del daño, por vía penal o civil.
- Asimismo, el régimen incorpora el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras, evitando que la intervención estatal agrave el daño sufrido.
En tanto, la propuesta incluye un conjunto de modificaciones puntuales al Código Procesal Penal de Córdoba:
- Habilitación expresa para que víctimas de hechos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes.
- Reforzamiento de la obligación de informar y notificar a víctimas decisiones que puedan afectar su seguridad o sus derechos.
- Prevención estricta de la revictimización, reduciendo actos repetidos o exposiciones innecesarias.
- Establecimiento de modalidades especiales para declaraciones en delitos graves, como los vinculados a violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar.
- Participación de la víctima en decisiones como prisión domiciliaria, libertad condicional o suspensión del juicio a prueba.
- Creación de un nuevo artículo sobre juicio abreviado, donde la víctima deberá ser informada obligatoriamente en delitos graves (contra la vida, integridad sexual, libertad, robos agravados o violencia de género).
Cabe aclarar que el proyecto “no introduce privilegios procesales” y mantiene el equilibrio del proceso penal, aunque garantiza respuestas “rápidas, eficaces y útiles”, en línea con los estándares que exige la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En otro orden, López dijo que espera tener una buena relación institucional con el flamante ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.
Martín Llaryora firma la Ley Joaquín junto al ministro Julián López.