El Concejo Deliberante trabaja en un proyecto de adhesión a la Ley Lucio, que busca mejorar las alertas tempranas para detectar casos de abuso y maltrato infantil. En rigor, el núcleo de la normativa apunta a la capacitación de los agentes estatales de todos los niveles, de un modo similar a la Ley Micaela, aunque focalizado en aquellos que tienen contacto más directo con las niñeces. La iniciativa, impulsada por la concejala Luciana Bó, de Hacemos Por Córdoba, empieza a debatirse esta semana.
Impulsan la adhesión del Municipio a la Ley Lucio contra el maltrato infantil
Apunta a la formación de funcionarios y trabajadores con herramientas que les permitan detectar e intervenir en casos de abuso y violencia. "Es necesario para que estos casos no se repitan", dijo la concejala Luciana Bó
De acuerdo con lo que explicó la parlamentaria, el proyecto de adhesión a la Ley nacional Lucio implica "para todos los funcionarios y trabajadores del Estado en lo que tiene que ver con la protección de niños y niñas contra la violencia".
"Esta ley lo que impulsa es que se puedan detectar los casos y se puedan denunciar. La ley también invita a las provincias y a los municipios e incluso a las organizaciones para adherir y trabajar en conjunto con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, el organismo competente. Senaf nacional es el órgano habilitado para dar formaciones para los agentes del Estado", señaló la concejala.
Empieza el tratamiento
En el mismo sentido, explicó que se estará tratando esta semana en comisiones de género y de gobierno para promover la adhesión, además de evaluar "cómo se trabajará con este organismo nacional (por la Senaf)".
¿La capacitación sería para áreas vinculadas a temáticas de niñez o transversal para todo los agentes?
Hay muchos agentes del Estado que trabajan con niños, que podrían estar detectando casos de violencia, por ejemplo en Salud, Educación, Niñez y otros. Son muchas las áreas del Estado involucradas. En realidad, todos aquellos que trabajan con niños deberían estar formados en esta temática y las capacitaciones van orientadas en este sentido.
¿El objetivo es que estén capacitados para ser más sensibles a la problemática vinculada con abusos o con maltrato hacia los niños y niñas?
Exactamente, eso es lo que persigue la ley, la formación para saber detectar y abordar esos casos.
¿Por qué es importante la adhesión a esta ley nacional?
Porque después de lo que pasó con con Lucio, en La Pampa, es importante que desde el propio Municipio u otras reparticiones públicas estén y hagan un seguimiento y se pueda verificar una situación tan compleja. Es importante que el Estado tenga a todos sus trabajadores formados para que puedan denunciar, para que puedan advertir y para que puedan acompañar los casos de violencia. Es necesario para que no vuelva a suceder.
Los puntos centrales de la normativa nacional
La nueva ley 27709, promulgada el 13 de mayo pasado, establece la creación de un Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes "estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes", según reza el artículo 2.
Además, se aclara en el texto que podrán también ser destinatarios del plan agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación de la ley.
La norma fue aprobada y convertida en ley el 13 de abril pasado en la Cámara de Senadores por unanimidad.
Los aspectos salientes
La nueva legislación dispone que haya capacitaciones obligatorias para todas las personas que ejercen la función pública en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y no cumplir con esta instrucción se considerará una falta grave.
A su vez, establece que el Ejecutivo y el Judicial actuarán articuladamente para la creación de un protocolo que establezca las formas de actuar de las fuerzas de seguridad, organismos de la niñez y jueces con competencia en familia, con el objetivo de unificar los criterios de actuación a nivel nacional y provincial.
Dispone que el Estado deberá realizar campañas de concientización semestrales que ayuden a detectar y prevenir el maltrato y violencia contra niños, niñas y adolescentes y dónde denunciarlo. Y prevé la obligatoriedad de la implementación de la Línea 102 en todo el territorio argentino para la promoción de derechos de las infancias y la atención gratuita.
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