La relevancia central de la ley ómnibus, que el Gobierno tanto se esforzó en valorar durante los primeros 60 días de su gestión, en la que puso a debatir un largo listado de más de 660 artículos de muy variado origen, se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Al parecer, la voluminosa iniciativa no era tan significativa para la gestión de Javier Milei, que decidió quitarla del debate cuando vio que su bloque empezaba a hacer agua en el intento por sumar artículos aprobados en una Cámara de Diputados en la que abundan las grietas y que tiene al oficialismo puro de La Libertad Avanza en franca minoría. Un paquete tan importante para la gestión de Gobierno en una realidad tan desventajosa en el Congreso, obliga naturalmente a tener hábiles negociadores dispuestos a sumar todas las voluntades posibles para que, al momento de votar, haya un mar de manos levantadas. Nada de eso pasa en el oficialismo que mostró debilidades tan abrumadoras que hacen impensable que su futuro pueda ser exitoso en el Poder Legislativo. Tal vez el propio Milei supiera esto desde un principio, cuando quiso dar su mensaje de asunción afuera del Congreso y de espaldas a ese poder.
Fue el propio Gobierno el que le subió el precio al paquete normativo primero y luego el que destruyó su relevancia. Su primera incursión importante en el Legislativo fue un fracaso. ¿Cancelará esa vía a partir de ahora? Es un primer interrogante inquietante que habrá que seguir de cerca.
La respuesta del Presidente, tras acusar a “traidores” que echaron por tierra supuestos compromisos en torno a la ley ómnibus, fue apuntar directamente a ciertos gobernadores, entre los que estaba el de Córdoba, Martín Llaryora, como protagonista central. Horas después, sin previo aviso, la oficina de Presidencia emitió un comunicado para anunciar que se eliminaba el Fondo Compensador del Transporte que es el origen de los subsidios para los boletos en el interior del país, históricamente más caros que en el AMBA.
Si bien en las últimas semanas el precio del pasaje en los transportes de Buenos Aires y el conurbano subió fuertemente, aún estaba por debajo de lo que se paga en las ciudades del interior. Pero cuando esa brecha parecía empezar a cerrarse llegó el anuncio a modo de represalia de que los subsidios ya no correrían para el interior. Aún no se sabe desde cuándo, lo que abre una ventana de posible negociación, a pesar de las destempladas declaraciones del Presidente que no permiten imaginar por ahora una instancia de ese tipo.
Lo cierto es que esa respuesta, que tuvo como claros destinatarios a los gobernadores, terminará impactando de lleno en el bolsillo de los usuarios, que están lejos de ser parte de la casta. Quienes usan el transporte público en el país son los mismos que vienen perdiendo aceleradamente buena parte de su poder adquisitivo por la abrupta estampida de precios que se desató por “el sinceramiento” de variables económicas y la fuerte devaluación del tipo de cambio oficial dispuesto por Milei apenas asumió. Los boletos en el interior ya venían subiendo por la escalada de los combustibles y los costos de las empresas que no pudieron ser compensados por los aportes de Nación, provincias y municipios. Por eso, en el caso de Río Cuarto, Córdoba y Rosario, por mencionar algunas, el pasaje se ubica en $340. Pero ahora hay que esperar nuevas alzas si finalmente se corta el aporte nacional. En Río Cuarto, por cada boleto la Nación pagaba 160 pesos de subsidio, por eso pasaría a costar $ 500. Un empleado de comercio que viaja 4 veces por día para ir a su trabajo de lunes a viernes, más dos veces el sábado, tendría que disponer de casi 50 mil pesos mensuales sólo para trasladarse.
Es apenas un ítem de los costos de vida que tiene ese trabajador. Hay que sumarle alimentos, medicamentos, vestimenta, tarifas de luz, gas y teléfono; esparcimiento y próximamente la escuela, con los útiles y guardapolvos o uniforme. Quienes tienen hijos en colegios privados están cortando clavos por la cuota que tendrán que afrontar; y más aún cuando hay varios hermanos en edad escolar. Y si el grupo familiar cuenta con una prepaga, ya la bola de nieve se vuelve incontrolable.
El Gobierno, mientras tanto, celebra el equilibrio fiscal de enero, una condición importante en una Argentina acostumbrada a vivir en el desequilibrio constante, y no sólo de las cuentas. Pero claramente esos números fueron fruto de una licuadora industrial que puso en funcionamiento el Ministerio de Economía y que tuvo como destinatario no sólo a los trabajadores, sino también a los jubilados. ¿Qué está pensando Milei para mejorar la situación de esos dos actores centrales que no tienen mucho más tiempo para esperar? Por ahora, en los primeros 70 días de gestión, nada. Son los grandes perdedores de la era de La Libertad Avanza, y que posiblemente arrastren a muchos otros, en particular a pymes, que dependan de la performance del mercado interno argentino. El interrogante será hasta dónde durará el aval de equilibrar las cuentas del Estado a pesar de destruir los bolsillos de buena parte de los argentinos.