Alertan sobre recortes que tendrá la industria cultural a fin de año

A través de un comunicado, los referentes destacaron que la ley 27.432 “es una medida regresiva, central en las políticas neoliberales alineadas al FMI: eliminar las asignaciones de impuestos determinadas por ley, seguir recaudando pero permitirse conformar una ‘gran caja’ disponible para el uso ‘a piacere’ de cada gestión, siendo uno de los principales ‘gastos’ pagar endeudamiento externo”, sostienen.

Esta ley modifica en su artículo 4° las asignaciones específicas de impuestos, por lo que desde el primer día del 2023, los tributos se seguirán recaudando pero no conformarán fondos para la cultura, sino que irán al tesoro nacional para el uso que cada gestión determine: el gravamen a premios de juegos de sorteo y concursos deportivos (ley 20.630); el impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos e impuesto sobre los videogramas grabados previstos (ley 17.741); y el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual previsto (ley 26.522).

Desde “Unidos por la Cultura”, referentes de las artes de todo el país alertaron sobre el peligro que corren presupuestos del cine, teatro y música, entre otros. Desde “Unidos por la Cultura”, referentes de las artes de todo el país alertaron sobre el peligro que corren presupuestos del cine, teatro y música, entre otros.

“La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) en su art. 94 determina un gravamen hacia los titulares de los servicios de comunicación audiovisual, proporcional a la facturación de publicidad, programas, señales, contenidos, abonos. Esta recaudación alimenta los siguientes fondos (art. 97): a) Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales; b) Instituto Nacional del Teatro; c) Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado; d) Enacom (ex Afsca); incluyendo el funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual; e) Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; f) Proyectos especiales de comunicación audiovisual Fomeca y apoyo a medios comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Originarios. g) Instituto Nacional de Música”, señalan desde la asamblea.

En relación al cine, el impuesto que se aplica a las entradas se destina a un fondo permite la producción y exhibición de películas y la existencia de escuelas de cine en distintas regiones del país, además del funcionamiento del instituto, entre otras cosas.

En lo que es la ley de fomento a las bibliotecas populares, en tanto, en sus artículos 14 y 15 establece la conformación de un fondo especial para compra de libros, mantenimiento, salarios, que complementa las partidas asignadas por el Presupuesto General de Gastos de la Nación.

Desde la Asamblea por la Cultura Popular alertan que con estas modificaciones, la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) se quedaría sin el 80% de su presupuesto.

Finalmente, en lo que respecta al teatro, con la ley nacional de fomento a esta disciplina, se define el financiamiento del Instituto Nacional del Teatro en actividades teatrales consideradas de interés cultural, préstamos y subsidios a elencos, bibliotecas teatrales, edición de libros y publicaciones, becas de estudios, y premios a autores, entre otros puntos.

“Todos estos ingresos financian la soberanía cultural. Es decir, la posibilidad de existencia de producciones y formas de expresión cultural como derecho de los artistas y trabajadores de la cultura, pero también de los espectadores, lectores y público en general de esas producciones diversas y locales”, indican desde “Unidos por la Cultura”.

Alertan que todo esto podría desaparecer a fin de año de no aprobarse otra ley que anule o retrase la caducidad de la actual.

“Actualmente existe un proyecto de ley con estado parlamentario, presentado en 2021 y firmado por los diputados José Pablo Carro, Walter Correa, Mónica Macha, Germán Martínez y María Carolina Moisés”, explicaron desde la agrupación, e indicaron que “el mismo propone la extensión hasta el 31 de diciembre de 2072 la vigencia de las asignaciones específicas de gravámenes mencionadas”, es decir, darle una continuidad de 50 años a la normativa.

“A un sector fundamental de nuestra cultura le quedan 10 meses de vida, si éste u otro proyecto similar no es aprobado y este brutal desguace de nuestra soberanía revertido”, completaron.

Hay numerosas campañas que unen voces y voluntades para evitar que este recorte suceda.

“Exigimos a los representantes de todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Nación que defiendan y respalden el financiamiento a la cultura”, concluyen desde la asamblea.