“Hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses. Los libertarios en Córdoba contradicen todo el tiempo al Gobierno nacional en política de seguridad”, señaló Llaryora en un posteo en las redes.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, también cuestión a la oposición. El funcionario, que proviene del Frente Cívico, planteó: “Fingen control, quieren dejar indefensa a Córdoba. Cuando los organismos de control dejan de controlar y empiezan a hacer política, el problema ya no es un expediente: es la democracia. Detrás del cinismo de un supuesto “control”, el juecismo, disfrazado de libertario, pretende que haya menos seguridad para los cordobeses. No cuestionan el precio, no cuestionan el procedimiento, no cuestionan la idoneidad de las empresas, no cuestionan la legalidad. Cuestionan la decisión de equipar con tecnología del primer mundo a la Policía de Córdoba. La licitación para incorporar drones de última generación fue frenada sin un solo argumento jurídico, luego de más de 70 instancias administrativas. Las áreas técnicas del Tribunal de Cuentas incluso aconsejaron aprobar esta inversión en seguridad. El palo en la rueda lo puso lo peor de la política: la que quiere asociarse con la delincuencia y tomar a los cordobeses de rehenes”.
También cuestionaron en duros términos al juecismo ministros como Manuel Calvo, Miguel Siciliano y legisladores como Juan Manuel Llamosas, Facundo Torres, jefe del bloque oficialista, y Leonardo Limia.
Quien salió a contestarles fue Luis Juez, jefe del Frente Cívico, que ratificó la decisión de su fuerza política de impedir la compra de drones: “No se equivoque, señor gobernador. Lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida. Nada tiene que ver la seguridad de los cordobeses”.
Por su parte, Beltrán Corvalán, tribuno de Cuentas por el juecismo, manifestó en redes: “El juecismo no le frenó nada a Llaryora. Lo frena el artículo 3 de la ley 10.155, que ordena hacer licitaciones con la mayor participación de oferentes interesados, no trajes a medida de un solo proveedor”.
La política de seguridad es uno de los temas más sensibles en la agenda pública y el gobierno y uno de sus principales opositores están envueltos en una disputa de alto contenido político. El oficialismo sigue sosteniendo que el proceso de compra de 15 drones por un total de 7 millones de dólares está bien hecho y que todo se trata de una maniobra de la oposición.
