Opinión
Los otros responsables
La lectura política que en casos como el del soterramiento del ferrocarril Sarmiento suele pesar más que la jurídica difiere de la que recae sobre el grueso de las investigaciones de corrupción kirchnerista, porque los socios locales de Odebrecht en este contrato no son un Lázaro Báez o un Cristóbal López sino empresarios que tienen una historia muy anterior a la del régimen cuyos funcionarios están sospechados de haber cobrado las coimas.
Luego de varios meses durante los cuales los avances de las investigaciones relacionadas con la actuación de la empresa Odebrecht en la Argentina aparecieran como escasos e insustanciales en comparación con los verificados no sólo en Brasil sino en otros países latinoamericanos, la ronda de citaciones a declaración indagatoria dispuesta en el marco de la causa por el soterramiento del tren Sarmiento implica un salto adelante de gran significación. Sobre todo porque junto a nombres que aparecen rutinariamente en este tipo de llamados, como los de Julio De Vido o Ricardo Jaime, aparecen los de empresarios sin un vínculo particularmente estrecho con el kirchnerismo, en especial el de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
Más allá de su impacto, la medida tomada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi no puede ser considerada sorpresiva a partir de lo que se conoce públicamente sobre el caso. Por de pronto, no existe duda alguna de que la concesión de la obra se “aceitó” mediante el pago de sobornos, porque así lo confesaron ante la Justicia brasileña ejecutivos de Odebrecht que se acogieron al régimen de “delación premiada” a cambio de una reducción de las penas.
Se ha advertido, sin embargo, sobre las dificultades existentes para que estas declaraciones puedan ser utilizadas en la Argentina, debido a las discrepancias e incompatibilidades entre los sistemas jurídicos de ambos países. Y si bien hay pruebas e indicios de carácter documental, la falta de un “arrepentido” propio podría ser un impedimento para dejar expuesta toda la trama de corrupción y llegar a la condena de todos los responsables.
Paralelamente, la lectura política que en estos casos suele pesar más que la estrictamente jurídica difiere de la que recae sobre el grueso de las investigaciones de corrupción kirchnerista, porque los socios locales de Odebrecht en este contrato no son un Lázaro Báez o un Cristóbal López sino empresarios que tienen una historia muy anterior a la del régimen cuyos funcionarios están sospechados de haber cobrado las coimas. Y entre ellos Calcaterra termina por comprometer a Macri no sólo por el parentezco, sino porque la empresa que conduce pudo haber estado en manos del propio presidente de haber seguido con la actividad en la que se inició junto a su padre.
Desde luego, es muy difícil de creer que Odebrecht pagó coimas a De Vido, Jaime, José López o Roberto Baratta sin que sus socios locales, beneficiarios del mismo contrato, estuvieran al tanto. E igualmente inverosímil resultaría, si los obstáculos para utilizar las pruebas recabadas en Brasil resultan insuperables y la causa por el soterramiento del Sarmiento se empantana, la idea de que el poder político no ejerció sobre la Justicia ninguna presión para garantizar la impunidad de alguien demasiado cercano.
Más allá de su impacto, la medida tomada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi no puede ser considerada sorpresiva a partir de lo que se conoce públicamente sobre el caso. Por de pronto, no existe duda alguna de que la concesión de la obra se “aceitó” mediante el pago de sobornos, porque así lo confesaron ante la Justicia brasileña ejecutivos de Odebrecht que se acogieron al régimen de “delación premiada” a cambio de una reducción de las penas.
Se ha advertido, sin embargo, sobre las dificultades existentes para que estas declaraciones puedan ser utilizadas en la Argentina, debido a las discrepancias e incompatibilidades entre los sistemas jurídicos de ambos países. Y si bien hay pruebas e indicios de carácter documental, la falta de un “arrepentido” propio podría ser un impedimento para dejar expuesta toda la trama de corrupción y llegar a la condena de todos los responsables.
Paralelamente, la lectura política que en estos casos suele pesar más que la estrictamente jurídica difiere de la que recae sobre el grueso de las investigaciones de corrupción kirchnerista, porque los socios locales de Odebrecht en este contrato no son un Lázaro Báez o un Cristóbal López sino empresarios que tienen una historia muy anterior a la del régimen cuyos funcionarios están sospechados de haber cobrado las coimas. Y entre ellos Calcaterra termina por comprometer a Macri no sólo por el parentezco, sino porque la empresa que conduce pudo haber estado en manos del propio presidente de haber seguido con la actividad en la que se inició junto a su padre.
Desde luego, es muy difícil de creer que Odebrecht pagó coimas a De Vido, Jaime, José López o Roberto Baratta sin que sus socios locales, beneficiarios del mismo contrato, estuvieran al tanto. E igualmente inverosímil resultaría, si los obstáculos para utilizar las pruebas recabadas en Brasil resultan insuperables y la causa por el soterramiento del Sarmiento se empantana, la idea de que el poder político no ejerció sobre la Justicia ninguna presión para garantizar la impunidad de alguien demasiado cercano.
