Las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace le reiteraron ayer al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, su rechazo a la suba de retenciones que propone el proyecto de Ley de Bases del Gobierno. A su vez, el funcionario se comprometió a que será una medida transitoria hasta ordenar las cuentas públicas.
A la reunión asistieron el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, y su par de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani. En tanto, por la Sociedad Rural Argentina (SRA) participó su secretaria, Eloísa Frederking, ya que el presidente de la entidad, Nicolás Pino, y su vice, Marcos Pereda, se encontraban en la Exposición de Junín de Los Andes, según se consignó. Mientras que por el lado de Coninagro estuvo el secretario de la entidad, Mario Raiteri.
Por el lado del Gobierno estuvieron, además del ministro Caputo, el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini, y Federico Sturzenegger, titular de la Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía. Además de los referentes de la Mesa de Enlace, participaron otros empresarios de distintos sectores para analizar la Ley Bases y el mega DNU que promueve el Gobierno.
En general, los hombres de negocios se mostraron afines al corazón de las dos iniciativas de la gestión libertaria, tendientes a desregular la economía y abrir una nueva etapa en el país con mayor libertad de mercado, pero los empresarios más ligados al sector agropecuario manifestaron su desacuerdo con la suba de retenciones.
“En el Gobierno sigue primando el objetivo central del déficit cero. Una vez logrado eso, se comprometieron a resolver otras cuestiones, como la de las retenciones”, señaló uno de los empresarios al retirarse de la sede gubernamental.
Trascendió además que hubo un pedido de los empresarios para que el Ejecutivo elabore un cronograma de baja de retenciones y así no quede todo en el difuso terreno de las promesas.
Participaron además del encuentro el secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y la Bioeconomía, Juan Pazo, y el secretario de Trabajo, Omar Yasin.
Por la parte empresaria asisten autoridades de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came); la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA); la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro); la Sociedad Rural Argentina (SRA); la Unión Industrial Argentina (UIA); la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI); la Federación Agraria Argentina. Presidente (FAA); la Confederación Rural Argentina (CRA); la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA); y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).
“Está claro que creemos en la libertad y a medida que vayamos teniendo resultados, todo el esfuerzo inicial va a significar una baja de impuestos”, sostuvo Caputo ante los empresarios, al tiempo que remarcó que “la mitad del déficit está en las provincias” y que estas “tienen que entender que deben ser parte de la solución”.
Según se supo, el Gobierno también recordó al agro que si bien se debe resolver el tema retenciones, se avanzó en cuestiones como la devaluación y el recorte de la brecha entre los dólares, mientras que Pazo resaltó que en los primeros días de Gobierno se eliminaron las licencias de exportación, los cupos, y las SIRAs (permisos de importación).
“En el encuentro manifestamos nuestra posición sobre distintos temas, entre ellos las retenciones: es una mala política que atenta contra el crecimiento y desarrollo del sector. En tanto los funcionarios manifestaron su compromiso de que, una vez pasada la emergencia, los impuestos bajarán”, sostuvo la Sociedad Rural en un comunicado tras la reunión.
Y agregó: “También estamos convencidos y apoyamos muchos temas que se están discutiendo en el congreso porque son fundamentales para salir de la crisis que agobia al país”.
En tanto, la UIA informó que su principal planteo “estuvo centrado en el impacto del aumento de retenciones para el sector industrial exportador que llegan al 15%”.
“Según estimaciones de la UIA, la presión fiscal por efecto de estos nuevos derechos sobre las exportaciones de los bienes industriales y alimentos y bebidas se incrementarían en promedio más de 11 puntos porcentuales. Este impacto es directo en el valor FOB dólar de las ventas externas, que erosionará rápidamente la competitividad ganada por el nuevo tipo de cambio oficial”, remarcó en un comunicado la entidad.
No obstante, la UIA reconoció “los esfuerzos para alcanzar el déficit cero y el orden macroeconómico además de resolver la deuda comercial heredada”, mientras que también ratificó su “apoyo al capítulo laboral de las reformas propuestas por el gobierno y se presentará como amicus curiae ante la Corte Suprema en la causa que suspendió la aplicación del DNU”.
En tanto, la CAME le solicitó a Caputo que se excluya a las micro y pequeñas empresas del incremento de las tasas de intereses resarcitorios y punitorios que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cobrará a partir del 1° de febrero con un sistema de actualización bimestral.
“Al momento del vencimiento impositivo la pyme ve si tiene los fondos o no para afrontar el pago. En caso de no tenerlos la única solución es entrar en mora con el organismo de recaudación”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González.
La CAC fue la entidad que más se mostró en línea con el oficialismo, a través de su titular, Mario Grinman, quien se pronunció a favor de acelerar la aprobación de la ley ómnibus y el DNU y sostuvo que “la decadencia de la Argentina lleva 80 años y el cambio no es fácil, por lo que hay que caminar en el desierto hasta llegar y para eso necesitamos déficit cero porque no podemos seguir viviendo de prestado, la política tiene que entender desde el Congreso que se necesitan acciones rápidas”.