Rechazan planteo de Macri para que no investiguen sus llamadas
La jueza federal María Servini ratificó ayer el entrecruzamiento telefónico entre el expresidente Mauricio Macri, José Torello, Mario Quintana y Fabián Rodríguez Simón, con el objetivo de determinar si hubo un flujo de comunicaciones en el marco de una investigación por supuestas presiones al Grupo Indalo.
De este modo sigue en pie una medida de prueba ordenada por la jueza semanas atrás, contra la cual Rodríguez Simón, cercano a Macri, había interpuesto un planteo de nulidad al que adhirieron las defensas de todos los demás investigados, entre ellos Pablo Lanusse, defensor de Macri.
En su argumento para oponerse, Rodríguez Simón aseguró que la medida de entrecruzamiento, que involucra llamadas realizadas a lo largo de tres años y medio, y de las cuales será imposible conocer si tuvieron alguna relación con el caso, no estaba fundada, sumado a que violaba el derecho a la intimidad, por lo que era "innecesaria, inadecuada y desproporcionada".
Al adherir al recurso, Lanusse había sostenido en su escrito que la orden "aplicaba estereotipada y mecánicamente un medio de prueba” sin tomar en cuenta “la función que ejerció Macri durante el período de tiempo del cual quería obtenerse el registro de todas sus actividades telefónicas y su ubicación", con "indiferencia por las consecuencias que ello podría generar en cuestiones de seguridad nacional y de Estado que todo ello podría comprometer".
Ante el planteo, el fiscal federal Guillermo Marijuan y la querella representada por el empresario Fabián De Sousa, denunciante y uno de los dueños del Grupo Indalo, se opusieron.
El entrecruzamiento ordenado abarca el período entre principios de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019, para tener detalle "de interlocutores comunes y frecuentes", en el intento de determinar si a partir de 2015, tras la asunción de Macri, hubo presiones al Grupo Indalo, porque "se habría perseguido el propósito de que los medios de comunicación adquirieran una línea editorial afín al Gobierno" de ese momento.
La denuncia de De Souza contra Macri se produjo en respuesta a la causa que lo involucra junto a su socio Cristóbal López, por la retención indebida del impuesto a los combustibles por parte de la empresa Oil, una multimillonaria defraudación que aun espera ser tratada en el correspondiente juicio oral.
López y De Souza atribuyen ese proceso, por el cual permanecieron detenidos con prisión preventiva, a supuestas presiones para forzar la venta a precio vil del Grupo Indalo y limitar la libertad de prensa.
"El conocimiento de todo el universo de llamados resulta necesario a efectos de poder determinar si eventualmente hubo variaciones en los flujos de comunicaciones en las cercanías a los hitos individualizados por este Juzgado, como así también para poder determinar los abonados telefónicos que fuesen usados por los imputados y no estuvieran a su nombre; ello considerando la gravedad de los hechos que se investigan, que involucrarían a una parte importante de altos funcionarios del gabinete del anterior gobierno nacional", refutó la jueza al rechazar los planteos y ratificar el entrecruzamiento telefónico.