En medio de la interna oficial que desató el desalojo de una comunidad mapuche en Villa Mascardi, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, le presentó anoche su renuncia al presidente Alberto Fernández, pero aún "no hay respuesta" por parte del jefe de Estado.
Así lo confirmaron a Noticias Argentinas fuentes de la Casa Rosada, que detallaron que la renuncia fue presentada luego de que la funcionaria nacional advirtiera "graves" vulneraciones en el procedimiento que realizaron las fuerzas federales a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Gómez Alcorta había alertado que la situación era "sumamente preocupante", dado que "desde hace más de 48 horas detuvieron a siete mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad".
"De las siete mujeres, dos de ellas estaban con sus niñes muy chiquitos, de un mes y de cuatro, otra de las mujeres está embarazada de 40 semanas y con algunos temas de presión alta", puntualizó.
En ese marco, precisó: "Todas las personas tenemos el derecho de contar con una defensa, eso lo dice la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales, en este caso la magistrada negó ese derecho".
Cuestionamientos
Las condiciones de detención de siete mujeres mapuches, encarceladas tras el desalojo ordenado por la justicia en Villa Mascardi, generaron cuestionamientos y preocupación entre organismos de derechos humanos, mientras se multiplicaron las críticas a la disposición de la jueza que interviene en el conflicto por ordenar el traslado de cuatro de ellas a un penal de Ezeiza a 1600 kilómetros de su lugar de residencia.
Se trata de las 7 mujeres imputadas por la justicia federal en una causa caratulada como "Incendio u Otro Estrago, Atentado contra la Autoridad y Usurpación", tras el operativo de desalojo realizado el martes por el comando unificado de fuerzas federales, con el despliegue en las inmediaciones de la ruta 40 de unos 250 efectivos.
La jueza federal subrogante Silvina Domínguez ordenó el traslado de cuatro de ellas -Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera- al penal de Ezeiza con el argumento de que no existe en Río Negro ningún establecimiento federal para mujeres.
Esa medida ya fue apelada por las defensas de las detenidas, que alertaron sobre la "falta de perspectiva de género" y la "pena adicional" que implica "llevarlas a 1.600 kilómetros de distancia de su grupo familiar".
Además, los abogados de las detenidas, Andrea Reile y Ezequiel Palavecino, advirtieron que los tratados internacionales "impiden agravar" la situación de las mujeres e instaron a "agotar todas las posibilidades -lo que no se ha hecho en autos- de alojarlas en algún lugar provincial o municipal adecuado en esta ciudad o resolver su situación procesal", según difundió el Parlamento Mapuche.
El expediente se abrió -con intervención de la fiscal Cándida Etchepare- a partir de la denuncia de nueve lotes usurpados en la zona de Villa Mascardi, uno de ellos perteneciente a Parques Nacionales y los demás, a particulares.
En relación a la forma en que se llevó adelante el desalojo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendió la actuación de las fuerzas federales, explicó que el operativo había sido preparado varios días antes, sin uso de "armas letales" y reafirmó: "Es la justicia la que decide, no soy yo".
Desde el colectivo Justicia Legítima -que agrupa a jueces, fiscales y trabajadores judiciales- exigieron la reapertura de una mesa del diálogo y cuestionaron las detenciones, en particular el traslado de las cuatro mujeres desde Bariloche a Ezeiza. En el mismo sentido se pronunciaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la asociación Actrices Argentinas, al igual que dos espacios sociales y políticos que integran el Frente de Todos, como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y el Frente Patria Grande.