Masiva marcha en la ciudad contra el ajuste para personas con discapacidad

Prestadores, profesionales, transportistas, padres y pacientes se concentraron en la Plaza Roca para pedir por la actualización de los honorarios y el retraso en los pagos.

Reclamaron además una ley de emergencia nacional.

“El sistema se encuentra al borde del colapso y las personas con discapacidad necesitan ayuda”, dijo ayer a Puntal uno de los manifestantes en medio de la numerosa concentración en pleno centro.

“Nuestros honorarios necesitan una urgente actualización. Además los pagos se hacen con mucho retraso”, se quejó un profesional que participó de la marcha.

“Reclamamos una ley de emergencia nacional en discapacidad para poder sobrellevar la crisis”, agregó otro participante de la protesta de la víspera.

Transportistas con sus respectivos vehículos se acercaron a los bocinazos a la Plaza Roca, para visibilizar el reclamo en beneficio de las personas con discapacidad.

“Discapacidad en emergencia”, “Basta de precarización laboral y vulneración de derechos”, “Emergencia en discapacidad ya”, “Nada sobre nosotros sin nosotros”, “No al ajuste en discapacidad”, “Hoy mi profesión duele” fueron algunos de los carteles que se exhibieron durante la concentración en el principal paseo público del Imperio del Sur.

“Soy padre de una persona con discapacidad y pido que no se recorten los recursos destinados para nuestros hijos”, reclamó un riocuartense que formaba parte de la multitud que marchó por alrededor de la plaza.

“Tengo una hija con discapacidad y necesita asistencia profesional para que no caiga su calidad de vida”, contó una madre que había ido a la movilización junto con la pequeña.

En la marcha, había pacientes en sillas de rueda que también expresaron su repudio al ajuste del gobierno nacional en materia de discapacidad.

Los manifestantes denunciaron “el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, la falta de políticas públicas y el corrimiento de perspectiva hacia modelos ya trascendidos que reemplazan derechos por asistencialismo”.

También, “la quita de pensiones no contributivas, los obstáculos burocráticos para tramitarla y la trampa de auditorías”.

Como publicó Puntal, el proyecto que se debatirá en el Congreso de la Nación “busca asegurar hasta el 31 de diciembre de 2027 los derechos fundamentales de las personas con discapacidad”, como el acceso a las prestaciones de salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y la protección social.