La irresistible fascinación de protestar en la calle
Una semana después del estallido del escándalo por la concesión de privilegios para acceder a la vacuna contra el Covid-19, que le costó el cargo de ministro de Salud a Ginés González García, las irregularidades confirmadas o sospechadas en diferentes niveles de los estados nacional, provinciales y municipales dan lugar a la que aspira a convertirse en la primera gran movilización del año contra las políticas oficiales, a partir de una convocatoria compartida por ciudadanos particulares y referentes de la principal fuerza de oposición. Tal como ocurrió con las marchas de similar naturaleza verificadas en 2020, el debate sobre los motivos de los reclamos se ve obligado a convivir con el que gira en torno de una modalidad que desde el punto de vista del sentido común se presenta como decididamente desaconsejable.
Desde luego, en esta misma página -así como en cualquier otro medio que no tenga una abierta adhesión al oficialismo- se ha definido el comportamiento contra el cual se protesta como deleznable, propio de una distorsionada concepción del poder no como un instrumento apto para administrar la cosa pública en beneficio del pueblo que lo ha delegado, sino como un bien que puede utilizarse para conceder prebendas a uno mismo o a parientes y allegados. Y se ha advertido que más allá de lo insostenible de la posición de González García, no es el único que merecería una sanción política, social y eventualmente penal por esa miserable malversación de un artículo escaso y preciado.
Sin embargo, debería resultar evidente la paradoja en el hecho de que un movimiento en teoría realizado con el propósito de resistir una arbitrariedad que entre otras cosas daña la salud pública adopte un mecanismo que pone en un peligro mayor de enfermarse a aquéllos en cuya defensa se produce. Las demoras en el plan de vacunación -provengan de la situación de inferioridad del país, de la torpeza de algunos funcionarios o de la venalidad de otros- llevan a que las reuniones multitudinarias representen el mismo caldo de cultivo para la propagación del virus que nunca han dejado de ser, por más que el paso del tiempo y el profundo hartazgo ciudadano hayan ido relajando los cuidados en la materia.
Es verdad que la culpa de este relajamiento no puede atribuirse exclusivamente a la oposición o a las personas disconformes con las políticas oficiales en relación con la pandemia. A lo largo del año pasado el oficialismo pasó de denostar las movilizaciones organizadas en su contra con el argumento del riesgo sanitario que traían aparejado a competir con ellas a través de marchas de la “propia tropa”, como la que de hecho está en preparación para el próximo lunes. Prueba de que el peligro de una curva de contagios descontrolada es, desde su hipócrita perspectiva, un motivo de inquietud muy débil en comparación con el de “regalarle la calle” al adversario.
Y ese es, precisamente, el sentido último de manifestaciones como la de hoy o la del lunes, el de medir fuerzas en términos de capacidad de movilización, dado que nadie puede seriamente esperar que convenzan de cambiar de opinión a quienes ya están convencidos, o si no lo están juzgan con otros parámetros. Esta pelea por la calle no es en condiciones normales más que una pulseada egoísta y vergonzosa, o una mera expresión catártica narcisista. Con el agravante de desplegarse en un momento en que muchas actividades que implican la reunión de importantes números de personas continúan prohibidas, y las que regresan lo hacen con limitaciones y la posibilidad latente de un retroceso ante cualquier salida de línea.