Carasso renunció al Tribunal de Cuentas y negó haber defraudado al Pami
El dirigente radical Marcos Carasso dejó su cargo en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba horas después de prestar declaración como imputado en la causa que investiga una presunta defraudación millonaria contra la obra social de los jubilados.
La renuncia de Marcos Carasso al Tribunal de Cuentas provincial se formalizó mediante una nota dirigida al presidente del organismo, el juecista Beltrán Corvalán, en la que el exdiputado nacional comunicó que dejaba el cargo de Director de Jurisdicción No Permanente «debido a razones particulares», con efecto inmediato. Según datos del Gobierno de Córdoba, Carasso percibía un salario mensual de $3.979.733,89.
La decisión se produjo pocas horas después de que el exlegislador compareciera ante el Juzgado Federal a cargo de Carlos Ochoa para prestar declaración en calidad de imputado. La causa es instruida por el fiscal federal Rodolfo Cabanillas y apunta a una presunta defraudación contra el Pami que, de acuerdo con versiones extraoficiales, podría alcanzar los $1.400 millones.
Qué dice Carasso
Tras la declaración, el exintendente de General Cabrera difundió un comunicado en el que aclaró que no brindará detalles mientras la investigación permanezca bajo secreto de sumario. En el texto destacó que se presentó espontáneamente ante la Justicia apenas tomó conocimiento de los allanamientos ordenados en su domicilio particular y en las oficinas que ocupaba en el Tribunal de Cuentas.
"Sólo puedo manifestar que el día que tomé conocimiento de los allanamientos ordenados por el Juzgado Federal, aún sin conocer lo que se investiga, comparecí espontáneamente y me puse a disposición de la Justicia, solicitando que si existía una sospecha en mi contra, arbitraran los medios necesarios para citarme a prestar declaración lo antes posible y de esta forma poder ejercer el derecho de defensa para demostrar mi inocencia, en la certeza de que no he cometido ningún hecho reprochable penalmente"
El punto más enfático del comunicado fue la diferenciación de su situación procesal respecto de las hipótesis centrales del expediente.
"Si puedo dejar aclarado que no se me atribuye ser partícipe de ningún hecho de defraudación contra organismos estatales, ni me hacen responsable de ser parte de una organización delictiva. Luego que se releve el secreto de las actuaciones y amplíe mi declaración, contestare todos los interrogantes sobre el tema"
Fuentes vinculadas al expediente habían señalado previamente que la imputación de Carasso no está relacionada con el tramo de la investigación referido a la facturación de prestaciones médicas. La Fiscalía y el juzgado no difundieron oficialmente el contenido ni el encuadre jurídico de la acusación.
La causa y sus imputados
La investigación se inició a partir de denuncias anónimas sobre presuntas irregularidades en la facturación de prestaciones de rehabilitación de alta complejidad para afiliados del Pami. La hipótesis central sostiene que se habrían facturado tratamientos que no fueron efectivamente realizados, parte de ellos canalizados a través de la empresa Ethical. Entre los principales imputados figuran Gonzalo Lima, Pablo Adzich, Lucas Kurilkowich y el exjefe médico del Pami Víctor Genesio, quien estuvo detenido y luego recuperó la libertad.
La causa tuvo repercusiones políticas inmediatas. Referentes del radicalismo tomaron distancia del exdirigente, mientras que el legislador Matías Gvozdenovich sostuvo que la situación debe ser explicada por el propio Carasso. El bloque Hacemos Unidos por Córdoba, a través del legislador Facundo Torres, anunció un pedido de informes para conocer el estado de la investigación y las funciones que el exdiputado cumplía en el Tribunal de Cuentas.
Carasso fue intendente de General Cabrera entre 2015 y 2021, luego diputado nacional hasta 2023 y presidente de la UCR provincial. En ese mismo año integró la fórmula encabezada por Luis Juez como candidato a vicegobernador.