El club del poder

Urú Curé fue, durante un largo período, el club del poder. Las oficinas municipales estuvieron, durante los años en que gobernó el radicalismo, pobladas de funcionarios que tenían a la Lechuza como origen y marca de identidad. Por eso, porque en algún momento apareció indisociablemente ligado al manejo de la administración pública es que el escándalo por la cañería clandestina que se encontró en el predio del club provocó tanto revuelo en la oposición y en el oficialismo y cobró una dimensión política que no podría generar ninguna otra institución deportiva.

En el inicio de la historia influyó la casualidad. Es verdad que el Emos había intimado a Urú por una deuda de 692 mil pesos y que casi todos los demás clubes recibieron la misma notificación como parte del plan del ente para reducir la morosidad a fuerza de aplicar la peor sanción posible: la restricción en la provisión de agua. Pero a ningún otro dirigente se le ocurrió actuar con la torpeza y la prepotencia que desplegaron Santiago Isern y Juan Marchisio, quienes fueron al ente con la intención de llegar a un “acuerdo político” -un eufemismo para decir que querían que les perdonaran la deuda- y creyeron que el director obrero que tenían enfrente, Gastón Álvarez, era un simple empleado. Como consecuencia, le dispensaron el trato que, por lo visto, creen que se merece quien vive de un sueldo: lo ningunearon, le negaron estatus para convertirse en un interlocutor válido. 

Álvarez, conocido no precisamente por su mansedumbre, reclutó, hecho una furia, a una cuadrilla de empleados y le fue a cortar el agua a Urú Curé. De paso, se topó con un caño clandestino de dos pulgadas, similar al que abastece al barrio Cola de Pato, que se usaba para regar con agua potable la cancha de hockey, una plantación de álamos y que terminaba su recorrido en la pileta del club. 

Hasta ahí, historia conocida. Esa reacción del director obrero, que configura todo un indicio de que la conducción dentro del Emos no se ajusta a lo que dice el organigrama, arrancó convirtiéndose en una molestia para el oficialismo. Cuando se enteró de que el episodio de Álvarez y las inconductas de Urú Curé llegaron a oídos del periodismo, Pablo Salinas, quien en los papeles preside el Emos, llamó al intendente Juan Manuel Llamosas para comunicarle lo que había ocurrido.

Recibió entonces el primer aval a la actuación del ente. Había obrado correctamente, y había dado una muestra concreta de que la avanzada en contra de los morosos iba en serio y de que nadie tenía privilegios.

Pero, con el correr de las horas, la situación fue enrareciéndose. Porque si bien Urú Curé ya no es el club del poder, todavía es, por sus características, un club de poder, conformado por gente influyente, que tiene contactos en el Ejecutivo, aún cuando sus gobiernos más afines hayan sido desalojados del Palacio de Mójica.

El oficialismo tenía todo para que el capítulo del robo de agua en Urú fuera puro rédito. Pero, una vez más, algo falló. Se generaron dos visiones contrapuestas con respecto a la situación. Una, menos confrontativa, cuya figura más notoria es el fiscal municipal Julián Oberti; otra que pedía ir al hueso e investigar si el emblemático club, que según esta postura gozó de incontables beneficios en las gestiones radicales, había recibido un aval político para usar millones de litros de agua potable para riego. En esta línea se inscribe Mauricio Dova, secretario de Gobierno.

Al inicio, la conducción del Emos pareció pretender un rápido cierre del escándalo. Víctor Núñez, director técnico, se amparó en las apreciaciones de Álvarez, quien evaluó que la conexión era tan precaria que era imposible que hubiera sido hecha por personal del Emos o bajo algún tipo de asesoramiento. Llamosas, públicamente, indicó que la conducción del ente municipal había actuado eficientemente y que le correspondía evaluar si la conexión clandestina ameritaba o no una denuncia penal.

Todo parecía encaminarse a que Urú pagara la deuda, afrontara una multa y no mucho más. Pero entonces, después de que el propio intendente expresara su postura, dos concejales vinculados fuertemente al oficialismo, Armando Chiappe y Andrea Petrone, zamarrearon la quietud; uno reclamó una investigación interna hasta las últimas consecuencias; la concejala, usualmente de bajo perfil, deslizó incluso que se podría estar en presencia de un caso de corrupción.

Las declaraciones hicieron ruido. Más que nada porque el oficialismo apareció descoordinado, tironeado entre dos posiciones: entre quienes pretendían otorgar un certificado de impunidad y quienes reclamaban una investigación, tal vez más por motivaciones políticas que por sed de justicia. Pero, fundamentalmente, porque el gobierno exteriorizaba otra vez una señal ya percibida con anterioridad: sus problemas de conducción, sus dificultades para encolumnarse detrás de una posición unívoca. No es usual que un intendente fije una postura y que pocas horas después dos concejales de su línea interna salgan a contradecirlo.

El oficialismo tomó nota de que estaba actuando confusamente. Por eso, el jueves hubo una reunión entre el intendente y los principales protagonistas del caso y se llegó a un acuerdo: que no se haría una investigación interna para no generar en el Emos un clima enrarecido. Pero se aplicaría una fuerte multa, de alrededor de un millón de pesos, y se haría la denuncia penal como paso previo a que el directorio se constituyera como querellante. Era una conclusión lógica, teniendo en cuenta que Álvarez ya hizo la denuncia policial en Abilene y que, indefectiblemente, esa exposición terminará en una fiscalía.

Además, si no lo hicieran, los directivos del Emos correrían el riesgo de ser acusados de incumplimiento de los deberes del funcionario porque tienen la obligación legal de denunciar cada hecho que implica un daño al patrimonio del Estado.

El oficialismo parecía haber acordado una postura que erradicaba sus contradicciones y establecía un camino razonable: que la Justicia determinara qué pasó, quiénes fueron los responsables, si hubo o no complicidad desde el Estado o si el club actuó solo.

A esta altura, hasta al radicalismo le convendría que se esclarezca el escándalo Urú Curé; de lo contrario, quedaría flotando la sospecha de que todo se cerró con demasiada premura para evitar, precisamente, cualquier revelación.

Pero en las últimas horas, volvieron a aparecer las disonancias y las dudas en el gobierno; fundamentalmente, en el intendente. Como respuesta, desde las  líneas internas vinculadas al Emos ratificaron que la denuncia penal es una decisión tomada “le guste o no al Ejecutivo”.

Por más que al radicalismo le suene molesto, es pertinente la pregunta sobre si hubo o no una venia del Estado para permitirle a Urú Curé usar agua potable para riego mientras barrios enteros tienen que rogar que el termómetro no sea demasiado impiadoso porque, de lo contrario, la presión de agua desaparece.

Ya hubo antecedentes polémicos en la relación entre Urú y el Municipio. En 2009, este diario publicó fotos que mostraban a máquinas municipales trabajando en Soles del Oeste. Que se esclarezca la actual situación, por lo tanto, no es superfluo.

Hacia adentro de la UCR buscan deslindar responsabilidades. Funciona-rios del gobierno de Juan Jure, vinculados a Urú Curé, aseguraron que el caño clandestino de dos pulgadas fue instalado antes de que se hiciera el pavimento, más precisamente en el 2007, cuando su gestión todavía no había comenzado.

Pero más allá de las derivaciones políticas que ha tenido el caso de la red ilegal, hay un dato que no puede dejar de remarcarse: el silencio del club, de la dirigencia, que no contesta los teléfonos ni responde los WhatsApp y que parece estar esperando que el paso de los días devuelva la situación a la normalidad. Los clubes, y por lo tanto sus dirigentes, más aún si se trata de una institución como Urú Curé, no pueden soslayar que además de responder a los socios tienen una responsabilidad ante la sociedad. Primero porque su silencio no sólo habilita lecturas sino que las dispara. Pero, sobre todo, porque ya que actuaron con absoluto desprecio por las necesidades de otros barrios de la ciudad y por el esfuerzo que implica generar agua potable, que al menos muestren una actitud que les permita, aunque sea en parte, redimirse.