La chance perdida y el cierre que no lo es
Por Marcos Jure.
Urú Curé no para de hacer agua. Un gesto de soberbia, una torpeza inicial de dos dirigentes han generado costos para el club que sobrepasan considerablemente la deuda que ahora deberá pagarle al Emos y la multa que, sumadas, son millonarias; si hay que medir el episodio de la conexión clandestina que se detectó en su predio en términos de imagen y desprestigio el daño es infinitamente mayor.
Urú, que había despertado un sentimiento de acompañamiento y empatía en los últimos tiempos más que nada por sus logros deportivos, retrocedió varios casilleros. Y el comunicado que a principios de semana emitió la comisión directiva no hizo más que confirmar la sensación de que en el club, o mejor dicho en su conducción, prevalece el desapego y el desinterés por lo que piensa el resto de la sociedad.
Ese breve texto, que apareció 8 días después de iniciado el escándalo y que no está firmado, se parece más a una burla que a una explicación. Porque dice que nadie sabía que existía una tubería clandestina de dos pulgadas, suficiente para abastecer a un barrio completo, que nadie conocía cómo apareció allí. Tal vez fue el Emos el que decidió en algún momento tirar caños a tontas y locas o, quizás, se trató de un milagro que constaría en que a un objeto inanimado le creció espontáneamente otro que, justo, fue a parar a las plantaciones y a la cancha de hockey de Urú Curé. El club ignoraba sobre el caño, por lo que es de suponer que un día llegaron, vieron una canilla importante que había por ahí, abrieron y salió agua y listo. Nunca se preguntaron nada; sólo regaron y regaron.
La comisión directiva perdió una oportunidad inmejorable, primero, para dar la cara en vez de ocultarse detrás de un comunicado; segundo, para iniciar un proceso de reconstrucción de la relación con el resto de la sociedad.
Al parecer, el Emos no consideró demasiado convincentes las argumentaciones del club porque el viernes resolvió enviar el caso a la Justicia y pedirle al Tribunal de Faltas que aplique una multa que podría llegar a los 790 mil pesos porque se trató, a juicio del directorio, de un daño expreso a una obra pública, más allá de la dilapidación de un recurso sensible como es el agua potable. En la resolución se leen dos apreciaciones fundamentales: con respecto a la deuda por el servicio de agua, que asciende a 692 mil pesos, el club ignoró sistemáticamente cada una de las intimaciones; con respecto a la conexión ilegal, estaba haciendo uso habitual de ella y, por lo tanto, es necesario esclarecer si se cometió un delito.
Al oficialismo no le fue sencillo llegar a esa decisión final. Antes, se produjo una serie de rispideces dentro del gobierno municipal. El mismo viernes, el intendente Juan Manuel Llamosas hizo llamar insistentemente a los directivos del Emos para reclamarles que saliera ese mismo día la resolución con respecto a Urú. Su intención era, según expresaron los emisarios del jefe comunal, darle un cierre a la polémica y dar por clausurado un capítulo que, sorprendentemente, motivó internas en el mismo Palacio.
Fue el corolario de una semana tensa en el Ejecutivo. El intendente les hizo conocer su descontento a varios funcionarios que, según entendió, habían contrariado su posición pública sobre el caso Urú y puesto, por lo tanto, en cuestión su autoridad.
A Llamosas le molestó profundamente que él hubiera intentado quitarle dimensión política a la situación de Urú Curé y que un ala de su gobierno, que se materializó en las declaraciones públicas de los concejales Armando Chiappe y Andrea Petrone, emprendiera una estrategia diametralmente opuesta. Se generó, en ese episodio, un interrogante sobre su capacidad de conducción.
En la política los gestos son relevantes. Y Llamosas, con su estilo alejado de la sobreactuación, buscó dar señales de que en el gobierno hay coordinación y de que es él quien traza las líneas directrices. Convocó a los concejales de su bloque para definir la agenda legislativa del año, que incluye temas conflictivos como la suba del boleto, pero, sobre todo, para tratar de disipar las dudas que se habían generado en torno de su liderazgo.
El gobierno terminó actuando, después de un proceso de confusión y presiones cruzadas, de manera razonable en el caso Urú Curé. Le cobrará la deuda, le aplicará una multa e irá a la Justicia -en realidad es el camino inevitable que seguirá la exposición policial que hizo en Abilene el director obrero Gastón Álvarez- para que se establezca si existió un delito y, en ese caso, quiénes son los responsables.
Es decir, le transfirió a otro poder la tarea de esclarecer lo que ocurrió y, en teoría, atenuó la pátina de politización que podía tener el episodio. Pero, además, tomó el camino que lo salvaguarda de dos riesgos: de aparecer como cómplice en la impunidad de un club vinculado al poder político y económico y, sobre todo, de incumplir la obligación legal que tiene todo funcionario de hacer la denuncia cuando se entera de una anomalía que podría configurar un delito.
Sin embargo, no es el fin sino sólo el inicio. Dentro del propio oficialismo admiten que de ahora en más habrá que estar atentos a la actitud que adopta el gobierno. Porque la vía judicial puede implicar dos actitudes hacia la irregularidad detectada en Urú Curé: o la toma como una manera de desembarazarse del problema y darlo por enterrado o, efectivamente, se compromete con la marcha de la causa y se interesa por conocer quiénes fueron los responsables, si hubo instrucciones políticas para permitirle al club del que salieron dos intendentes y decenas de funcionarios usar millones de litros de agua potable para regar sus canchas, o si participaron empleados públicos en la conexión.
En el gobierno explican que sólo si hay imputados el Emos podrá intentar constituirse como querellante. Ahí estará la clave: si impulsa la acción judicial o si sólo deja que el tema vaya diluyéndose.
La situación de Urú Curé es particular y no equiparable a la que atraviesa el resto de los clubes. Porque si bien es verdad que las entidades deportivas acumulan deudas abultadas con el Emos, no es lo mismo ser deudor que robar agua potable.
En el gobierno relatan que cuando Santiago Isern y Juan Marchisio, los representantes que envió Urú para “arreglar” la deuda con el Emos, ningunearon a Álvarez y le dijeron que ellos no tenían nada que hablar con un empleado, un destrato que motivó que el director obrero fuera hasta el club a cortar el agua y que se encontrara allí con la conexión clandestina, no sólo le generaron un enorme dolor de cabeza a su propio club sino a todos los restantes.
Si bien en el ente municipal prevalecía la postura de que a los clubes hay que cobrarles todo lo que adeudan, en el Ejecutivo impulsaban una ordenanza para normalizar la situación. No se pensaba en una condonación total sino en un perdón parcial o en la derivación de un porcentaje de los subsidios anuales al Emos para reducir el pasivo.
Irónicamente, el representante que habían elegido los clubes para negociar con el gobierno era Guillermo Sona, el presidente de Urú Curé, la entidad que terminó haciendo estallar por los aires la posibilidad de un acuerdo. Ahora todo quedó desactivado. “Si le cobramos la deuda completa a Urú, no podemos tratar diferente al resto de los clubes”, dicen en el Palacio.
Y se quejan porque desde La Lechuza los acusan de tener animosidad contra el club por haber estado vinculado a los gobiernos radicales. Una animosidad que, de existir, no podría haber sido ejercida si, antes, alguien no hubiera instalado un caño de dos pulgadas para usar agua que hacía falta en el resto de la ciudad.
Urú, que había despertado un sentimiento de acompañamiento y empatía en los últimos tiempos más que nada por sus logros deportivos, retrocedió varios casilleros. Y el comunicado que a principios de semana emitió la comisión directiva no hizo más que confirmar la sensación de que en el club, o mejor dicho en su conducción, prevalece el desapego y el desinterés por lo que piensa el resto de la sociedad.
Ese breve texto, que apareció 8 días después de iniciado el escándalo y que no está firmado, se parece más a una burla que a una explicación. Porque dice que nadie sabía que existía una tubería clandestina de dos pulgadas, suficiente para abastecer a un barrio completo, que nadie conocía cómo apareció allí. Tal vez fue el Emos el que decidió en algún momento tirar caños a tontas y locas o, quizás, se trató de un milagro que constaría en que a un objeto inanimado le creció espontáneamente otro que, justo, fue a parar a las plantaciones y a la cancha de hockey de Urú Curé. El club ignoraba sobre el caño, por lo que es de suponer que un día llegaron, vieron una canilla importante que había por ahí, abrieron y salió agua y listo. Nunca se preguntaron nada; sólo regaron y regaron.
La comisión directiva perdió una oportunidad inmejorable, primero, para dar la cara en vez de ocultarse detrás de un comunicado; segundo, para iniciar un proceso de reconstrucción de la relación con el resto de la sociedad.
Al parecer, el Emos no consideró demasiado convincentes las argumentaciones del club porque el viernes resolvió enviar el caso a la Justicia y pedirle al Tribunal de Faltas que aplique una multa que podría llegar a los 790 mil pesos porque se trató, a juicio del directorio, de un daño expreso a una obra pública, más allá de la dilapidación de un recurso sensible como es el agua potable. En la resolución se leen dos apreciaciones fundamentales: con respecto a la deuda por el servicio de agua, que asciende a 692 mil pesos, el club ignoró sistemáticamente cada una de las intimaciones; con respecto a la conexión ilegal, estaba haciendo uso habitual de ella y, por lo tanto, es necesario esclarecer si se cometió un delito.
Al oficialismo no le fue sencillo llegar a esa decisión final. Antes, se produjo una serie de rispideces dentro del gobierno municipal. El mismo viernes, el intendente Juan Manuel Llamosas hizo llamar insistentemente a los directivos del Emos para reclamarles que saliera ese mismo día la resolución con respecto a Urú. Su intención era, según expresaron los emisarios del jefe comunal, darle un cierre a la polémica y dar por clausurado un capítulo que, sorprendentemente, motivó internas en el mismo Palacio.
Fue el corolario de una semana tensa en el Ejecutivo. El intendente les hizo conocer su descontento a varios funcionarios que, según entendió, habían contrariado su posición pública sobre el caso Urú y puesto, por lo tanto, en cuestión su autoridad.
A Llamosas le molestó profundamente que él hubiera intentado quitarle dimensión política a la situación de Urú Curé y que un ala de su gobierno, que se materializó en las declaraciones públicas de los concejales Armando Chiappe y Andrea Petrone, emprendiera una estrategia diametralmente opuesta. Se generó, en ese episodio, un interrogante sobre su capacidad de conducción.
En la política los gestos son relevantes. Y Llamosas, con su estilo alejado de la sobreactuación, buscó dar señales de que en el gobierno hay coordinación y de que es él quien traza las líneas directrices. Convocó a los concejales de su bloque para definir la agenda legislativa del año, que incluye temas conflictivos como la suba del boleto, pero, sobre todo, para tratar de disipar las dudas que se habían generado en torno de su liderazgo.
El gobierno terminó actuando, después de un proceso de confusión y presiones cruzadas, de manera razonable en el caso Urú Curé. Le cobrará la deuda, le aplicará una multa e irá a la Justicia -en realidad es el camino inevitable que seguirá la exposición policial que hizo en Abilene el director obrero Gastón Álvarez- para que se establezca si existió un delito y, en ese caso, quiénes son los responsables.
Es decir, le transfirió a otro poder la tarea de esclarecer lo que ocurrió y, en teoría, atenuó la pátina de politización que podía tener el episodio. Pero, además, tomó el camino que lo salvaguarda de dos riesgos: de aparecer como cómplice en la impunidad de un club vinculado al poder político y económico y, sobre todo, de incumplir la obligación legal que tiene todo funcionario de hacer la denuncia cuando se entera de una anomalía que podría configurar un delito.
Sin embargo, no es el fin sino sólo el inicio. Dentro del propio oficialismo admiten que de ahora en más habrá que estar atentos a la actitud que adopta el gobierno. Porque la vía judicial puede implicar dos actitudes hacia la irregularidad detectada en Urú Curé: o la toma como una manera de desembarazarse del problema y darlo por enterrado o, efectivamente, se compromete con la marcha de la causa y se interesa por conocer quiénes fueron los responsables, si hubo instrucciones políticas para permitirle al club del que salieron dos intendentes y decenas de funcionarios usar millones de litros de agua potable para regar sus canchas, o si participaron empleados públicos en la conexión.
En el gobierno explican que sólo si hay imputados el Emos podrá intentar constituirse como querellante. Ahí estará la clave: si impulsa la acción judicial o si sólo deja que el tema vaya diluyéndose.
La situación de Urú Curé es particular y no equiparable a la que atraviesa el resto de los clubes. Porque si bien es verdad que las entidades deportivas acumulan deudas abultadas con el Emos, no es lo mismo ser deudor que robar agua potable.
En el gobierno relatan que cuando Santiago Isern y Juan Marchisio, los representantes que envió Urú para “arreglar” la deuda con el Emos, ningunearon a Álvarez y le dijeron que ellos no tenían nada que hablar con un empleado, un destrato que motivó que el director obrero fuera hasta el club a cortar el agua y que se encontrara allí con la conexión clandestina, no sólo le generaron un enorme dolor de cabeza a su propio club sino a todos los restantes.
Si bien en el ente municipal prevalecía la postura de que a los clubes hay que cobrarles todo lo que adeudan, en el Ejecutivo impulsaban una ordenanza para normalizar la situación. No se pensaba en una condonación total sino en un perdón parcial o en la derivación de un porcentaje de los subsidios anuales al Emos para reducir el pasivo.
Irónicamente, el representante que habían elegido los clubes para negociar con el gobierno era Guillermo Sona, el presidente de Urú Curé, la entidad que terminó haciendo estallar por los aires la posibilidad de un acuerdo. Ahora todo quedó desactivado. “Si le cobramos la deuda completa a Urú, no podemos tratar diferente al resto de los clubes”, dicen en el Palacio.
Y se quejan porque desde La Lechuza los acusan de tener animosidad contra el club por haber estado vinculado a los gobiernos radicales. Una animosidad que, de existir, no podría haber sido ejercida si, antes, alguien no hubiera instalado un caño de dos pulgadas para usar agua que hacía falta en el resto de la ciudad.