La distancia entre el deseo y la realidad
Por Marcos Jure.
Cuando la realidad se empecina en seguir su propio rumbo, los gobiernos suelen caer en el voluntarismo, en la creencia de que los hechos pueden acomodarse a los deseos y de que es factible exorcizar, a fuerza de diagnósticos optimistas y pronósticos esperanzadores, los males que los aquejan.
En su etapa más aguda, el voluntarismo implica una división absoluta entre la realidad y la percepción que de esa realidad tiene o al menos transmite un gobierno.
La gestión de Mauricio Macri ha caído en conductas de ese tipo, aunque no todavía en su cuadro más grave, en al menos dos grandes ejes durante los últimos días.
Primero, pretendió dar por clausurado el escándalo de Jorge Triaca, ministro de Trabajo, mediante el clásico -y casi siempre fallido- método de aparecer públicamente para dar por cerrada una polémica que, por su continuidad, implica un desgaste erosivo sobre la imagen de la gestión.
Pero en comunicación, incluso si se goza del acompañamiento de los medios más poderosos, el intento de anular un escándalo sin sacrificar a la figura causante, en este caso el ministro, suele terminar en fracaso. Porque las derivaciones se van multiplicando como ramificaciones infinitas y el costo suele ir acrecentándose en vez de disminuir.
Triaca ha sobrevivido hasta ahora al audio en el que él, ministro de Trabajo de la Nación y principal responsable por lo tanto de combatir el empleo en negro, despide en muy malos términos a una empleada que estaba en situación de informalidad.
Más allá de la suerte futura de Triaca, y de la innegable constatación de que ante la sociedad ha quedado debilitado y deslegitimado, el affaire del ministro implicó una novedad no menor en la reacción del Gobierno. Si bien intentó desembarazarse del episodio a través del discurso, antes se vio obligado a tomar medidas concretas e inusuales en los dos años que lleva de gestión.
Las encuestas venían acusándole que la imagen caía por una desafortunada combinación de factores: la cuestionada reforma previsional, la sucesión de aumentos en los servicios, la admisión de que la previsión inflacionaria era apenas una ficción, y por el escándalo Triaca, que fue especialmente gravoso para un Gobierno que enarbola, como un intento por erradicar los preconceptos que persiguen a sus principales espadas por ser millonarios e integrantes de los grupos empresarios más poderosos del país, la bandera de un supuesto “cambio de cultura” que hace eje en la transparencia y la eliminación de los privilegios para quienes ejercen el poder político.
La caída en los sondeos motivó que el gobierno de Macri debiera, por primera vez, actuar sobre sí mismo en vez de hacerlo sobre otros, más precisamente sobre miembros del gobierno anterior. Cada vez que lo afectaba una polémica o alguna de sus medidas despertaba malhumor social, un kirchnerista notorio terminaba en la cárcel por hechos de corrupción.
Políticamente, el resabio cristinista fue un elemento de alta rendición para el Gobierno. Casi sin mostrar resultados propios, ganó las elecciones legislativas usufructuando la pésima imagen y los casos de negociados millonarios que dejó el kirchnerismo.
Sin embargo, como todo recurso, parece haberse agotado. Tal vez porque casi no quedan en libertad dirigentes encumbrados del gobierno anterior o, más probablemente, porque la sociedad ya comenzó a reclamarle respuestas por sí mismo y no por derivación.
La fórmula encontrada a partir de Triaca fue la decisión de eliminar de las áreas gubernamentales a los parientes de los ministros, que no se instalaron en esos cargos por arte de magia ni formaron parte de la pesada herencia sino que fueron nombrados hace dos años por los mismos ministros que hoy siguen en funciones.
Es decir, el Gobierno tuvo que intervenir hacia su interior, sacrificar a algunos de sus peones para tratar de entrar en el camino de la recuperación. En términos objetivos, se fueron los familiares pero se quedó Triaca.
El interrogante es de cuánto deberá desprenderse la próxima vez -porque siempre hay una próxima vez- que lo persiga un escándalo.
Decir si la estrategia tuvo plenamente o no el resultado esperado es todavía aventurado. Lo que sí instaló al menos, aunque los índices de imagen del Gobierno no muestran todavía indicios concretos de recuperación, fue una maniobra comunicacional distractiva. Justo cuando se acumularon los aumentos en los servicios hogareños, en el transporte, en la salud, y en las góndolas, donde es casi imposible encontrar un día los mismos precios de la semana anterior, la discusión mediática se centró en familiares sí o familiares no y se fueron desempolvando casos de intendentes ignotos -casi siempre kirchneristas- que nombraron en el Estado a padres, tíos, hermanos, hijas y cuñados.
No es que sea una discusión irrelevante; la cuestión es su aparición como método evasivo y su instalación en la centralidad de la agenda pública mientras la situación social se deteriora sin remedio.
La segunda expresión de voluntarismo se produce en el plano económico. El discurso que ha elegido Macri para esta etapa tiene reminiscencias de aquella frase indeleble de Carlos Menem: “Estamos mal pero vamos bien”. La centroderecha ha renovado sus estrategias comunicacionales y publicitarias, sus métodos y sus alianzas políticas, pero hay conceptos que perduran. Ahora el Presidente reza: “Estamos en el camino correcto”.
Y enumera las virtudes que él percibe, supuestamente asentado en datos reales: “Por primera vez en 100 años se logró bajar el gasto público, el déficit, los impuestos y la inflación y que el país crezca”.
Un panorama casi idílico. Y más allá de que haya economistas que señalan que el déficit fiscal real trepó al 7,85 por ciento, un nivel sólo equiparable a las épocas infaustas de la hiperinflación, y de que el costo de vida que supuestamente iba a domarse en cuestión de minutos creció el 25 por ciento en 2017, existe además la percepción directa de la población de las variables económicas. Y esa percepción no se corresponde con el optimismo enjundioso de Macri ni con en ese tono que se puede parangonar más con un mensaje religioso que con un discurso político.
El oficialismo se esfuerza por convencer a la gente de que lo más duro ya pasó. Pero, mientras tanto, la presión sobre los precios sigue constante. Y está encabezada por las petroleras, tan afines al ministro de Energía, Juan José Aranguren, expresidente y accionista de Shell.
El Presidente, en su nueva cruzada por transmitir buenas noticias, estará esta semana en Córdoba para presidir un acto en Fiat. Allí se reencontrará con el gobernador Juan Schiaretti; el encuentro está interpretándose por estas horas como una señal del líder de Cambiemos para que los intendentes opositores de la provincia, que un día después se sentarán con el schiarettismo a discutir de coparticipación, atenúen sus reclamos públicos y sus muestras de hostilidad hacia un gobernador que es aliado en el plano nacional.
Schiaretti viene de pronunciar un discurso de más de una hora en la Legislatura; allí reafirmó su alianza con Macri con el argumento ya conocido de que, en realidad, el acompañamiento no es más que un resguardo de la gobernabilidad.
Pero a la vez que se colgó el lazo, el gobernador trató de desembarazarse de él. Dijo que el hecho de que como opositor acompañe, a través de sus diputados, los proyectos del gobierno nacional no implica que sea responsable por sus consecuencias, que las derivaciones son enteramente adjudicables a Macri y a nadie más.
Es, a todas luces, un razonamiento esperable pero engañoso. A Schiaretti pareció quedarle marcado a fuego el costo que pagó por apoyar la reforma previsional. Y si bien es innegable que hay escalas de responsabilidad, no es menos cierto que ser funcional a las necesidades de un gobierno implica ser copartícipe de las consecuencias.
Decir lo contrario implicaría desterrar, al menos de la política, el concepto de complicidad.
En su etapa más aguda, el voluntarismo implica una división absoluta entre la realidad y la percepción que de esa realidad tiene o al menos transmite un gobierno.
La gestión de Mauricio Macri ha caído en conductas de ese tipo, aunque no todavía en su cuadro más grave, en al menos dos grandes ejes durante los últimos días.
Primero, pretendió dar por clausurado el escándalo de Jorge Triaca, ministro de Trabajo, mediante el clásico -y casi siempre fallido- método de aparecer públicamente para dar por cerrada una polémica que, por su continuidad, implica un desgaste erosivo sobre la imagen de la gestión.
Pero en comunicación, incluso si se goza del acompañamiento de los medios más poderosos, el intento de anular un escándalo sin sacrificar a la figura causante, en este caso el ministro, suele terminar en fracaso. Porque las derivaciones se van multiplicando como ramificaciones infinitas y el costo suele ir acrecentándose en vez de disminuir.
Triaca ha sobrevivido hasta ahora al audio en el que él, ministro de Trabajo de la Nación y principal responsable por lo tanto de combatir el empleo en negro, despide en muy malos términos a una empleada que estaba en situación de informalidad.
Más allá de la suerte futura de Triaca, y de la innegable constatación de que ante la sociedad ha quedado debilitado y deslegitimado, el affaire del ministro implicó una novedad no menor en la reacción del Gobierno. Si bien intentó desembarazarse del episodio a través del discurso, antes se vio obligado a tomar medidas concretas e inusuales en los dos años que lleva de gestión.
Las encuestas venían acusándole que la imagen caía por una desafortunada combinación de factores: la cuestionada reforma previsional, la sucesión de aumentos en los servicios, la admisión de que la previsión inflacionaria era apenas una ficción, y por el escándalo Triaca, que fue especialmente gravoso para un Gobierno que enarbola, como un intento por erradicar los preconceptos que persiguen a sus principales espadas por ser millonarios e integrantes de los grupos empresarios más poderosos del país, la bandera de un supuesto “cambio de cultura” que hace eje en la transparencia y la eliminación de los privilegios para quienes ejercen el poder político.
La caída en los sondeos motivó que el gobierno de Macri debiera, por primera vez, actuar sobre sí mismo en vez de hacerlo sobre otros, más precisamente sobre miembros del gobierno anterior. Cada vez que lo afectaba una polémica o alguna de sus medidas despertaba malhumor social, un kirchnerista notorio terminaba en la cárcel por hechos de corrupción.
Políticamente, el resabio cristinista fue un elemento de alta rendición para el Gobierno. Casi sin mostrar resultados propios, ganó las elecciones legislativas usufructuando la pésima imagen y los casos de negociados millonarios que dejó el kirchnerismo.
Sin embargo, como todo recurso, parece haberse agotado. Tal vez porque casi no quedan en libertad dirigentes encumbrados del gobierno anterior o, más probablemente, porque la sociedad ya comenzó a reclamarle respuestas por sí mismo y no por derivación.
La fórmula encontrada a partir de Triaca fue la decisión de eliminar de las áreas gubernamentales a los parientes de los ministros, que no se instalaron en esos cargos por arte de magia ni formaron parte de la pesada herencia sino que fueron nombrados hace dos años por los mismos ministros que hoy siguen en funciones.
Es decir, el Gobierno tuvo que intervenir hacia su interior, sacrificar a algunos de sus peones para tratar de entrar en el camino de la recuperación. En términos objetivos, se fueron los familiares pero se quedó Triaca.
El interrogante es de cuánto deberá desprenderse la próxima vez -porque siempre hay una próxima vez- que lo persiga un escándalo.
Decir si la estrategia tuvo plenamente o no el resultado esperado es todavía aventurado. Lo que sí instaló al menos, aunque los índices de imagen del Gobierno no muestran todavía indicios concretos de recuperación, fue una maniobra comunicacional distractiva. Justo cuando se acumularon los aumentos en los servicios hogareños, en el transporte, en la salud, y en las góndolas, donde es casi imposible encontrar un día los mismos precios de la semana anterior, la discusión mediática se centró en familiares sí o familiares no y se fueron desempolvando casos de intendentes ignotos -casi siempre kirchneristas- que nombraron en el Estado a padres, tíos, hermanos, hijas y cuñados.
No es que sea una discusión irrelevante; la cuestión es su aparición como método evasivo y su instalación en la centralidad de la agenda pública mientras la situación social se deteriora sin remedio.
La segunda expresión de voluntarismo se produce en el plano económico. El discurso que ha elegido Macri para esta etapa tiene reminiscencias de aquella frase indeleble de Carlos Menem: “Estamos mal pero vamos bien”. La centroderecha ha renovado sus estrategias comunicacionales y publicitarias, sus métodos y sus alianzas políticas, pero hay conceptos que perduran. Ahora el Presidente reza: “Estamos en el camino correcto”.
Y enumera las virtudes que él percibe, supuestamente asentado en datos reales: “Por primera vez en 100 años se logró bajar el gasto público, el déficit, los impuestos y la inflación y que el país crezca”.
Un panorama casi idílico. Y más allá de que haya economistas que señalan que el déficit fiscal real trepó al 7,85 por ciento, un nivel sólo equiparable a las épocas infaustas de la hiperinflación, y de que el costo de vida que supuestamente iba a domarse en cuestión de minutos creció el 25 por ciento en 2017, existe además la percepción directa de la población de las variables económicas. Y esa percepción no se corresponde con el optimismo enjundioso de Macri ni con en ese tono que se puede parangonar más con un mensaje religioso que con un discurso político.
El oficialismo se esfuerza por convencer a la gente de que lo más duro ya pasó. Pero, mientras tanto, la presión sobre los precios sigue constante. Y está encabezada por las petroleras, tan afines al ministro de Energía, Juan José Aranguren, expresidente y accionista de Shell.
El Presidente, en su nueva cruzada por transmitir buenas noticias, estará esta semana en Córdoba para presidir un acto en Fiat. Allí se reencontrará con el gobernador Juan Schiaretti; el encuentro está interpretándose por estas horas como una señal del líder de Cambiemos para que los intendentes opositores de la provincia, que un día después se sentarán con el schiarettismo a discutir de coparticipación, atenúen sus reclamos públicos y sus muestras de hostilidad hacia un gobernador que es aliado en el plano nacional.
Schiaretti viene de pronunciar un discurso de más de una hora en la Legislatura; allí reafirmó su alianza con Macri con el argumento ya conocido de que, en realidad, el acompañamiento no es más que un resguardo de la gobernabilidad.
Pero a la vez que se colgó el lazo, el gobernador trató de desembarazarse de él. Dijo que el hecho de que como opositor acompañe, a través de sus diputados, los proyectos del gobierno nacional no implica que sea responsable por sus consecuencias, que las derivaciones son enteramente adjudicables a Macri y a nadie más.
Es, a todas luces, un razonamiento esperable pero engañoso. A Schiaretti pareció quedarle marcado a fuego el costo que pagó por apoyar la reforma previsional. Y si bien es innegable que hay escalas de responsabilidad, no es menos cierto que ser funcional a las necesidades de un gobierno implica ser copartícipe de las consecuencias.
Decir lo contrario implicaría desterrar, al menos de la política, el concepto de complicidad.