Oberto en varios frentes
Por Marcos Jure
Quienes han visto a José Luis Oberto en los últimos días se han encontrado con un hombre golpeado. Jura, como lo hizo públicamente a principios de semana, que no defraudó a Osecac como le imputa la Justicia Federal cordobesa. Sin embargo, entre la versión pública que dio y la privada existe una diferencia no sutil: a los que se sienten cerca de él les admite que no puede estar completamente seguro de la ruta que siguen los 12 mil cheques que salen por mes de la obra social. Y esa incertidumbre lo inquieta. “Uno no puede saber qué pasa exactamente con cada cheque que firma, si no sería imposible que funcione la administración”, explica un allegado.
Pero uno de los reproches fundamentales que el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari les hace a los administradores de Osecac -junto con Oberto hay otros cinco imputados, entre ellos el principal referente nacional, Armando Cavalieri- es, precisamente, que los cheques detectados no cumplían con los requisitos de técnica bancaria que deben aplicarse en esos casos: el directorio debía saber con precisión -y aún así habría hecho lo contrario- que tenía que emitir valores cruzados o no a la orden, modalidades que impiden el endoso y permiten confirmar, con una auditoría, que los fondos que salieron para pagar una prestación se usaron efectivamente para ese fin.
Oberto no puede alegar ignorancia. Ni Cavalieri, ni los secretarios generales de Paraná, La Plata, Mar del Plata y Trelew, que también están acusados de administración fraudulenta porque, según sospecha Senestrari, habrían pagado por prácticas médicas inexistentes en Mendoza, San Juan y San Luis.
El riocuartense ha tenido el mérito de arribar a un cargo de relevancia en el esquema de poder de su gremio: es director nacional de una de las obras sociales más importantes del país y ese solo hecho lo deja inhabilitado por completo para argumentar que no sabía lo que hacía.
La imputación señala que esos cheques que no cumplían con la técnica bancaria terminaban en CBI Cordubensis, la financiera cordobesa envuelta en un escándalo de dinero y poder desde que Jorge Suau, su vicepresidente, apareció muerto en 2014 en circunstancias que aún hoy son inciertas.
“Lo que vimos es que había pagos a unas fundaciones que ni siquiera existían, que eran sólo un sello que decía fundación y que, en teoría, funcionaban como intermediarias que llevaban los pagos a los prestadores. En realidad sólo servían para simular el pago de prestaciones médicas. Y los cheques terminaban, por una suma de 53 millones de pesos, en las cuentas de CBI y, en algunos casos, se usaban para el pago de camionetas Toyota”, explicó Senestrari.
Esas fundaciones y al menos dos empresas fantasma -Halabo y Jotemi- figuraban, según el relato del fiscal, con actividades que les permitían estar exentas de impuesto al cheque y, además, habrían cumplido la función de darles viso de legalidad a actividades ilícitas.
Ni bien se conoció la noticia, Oberto ensayó dos estrategias de defensa pública que son de manual: cuestionó la dimensión de la cobertura periodística, específicamente la de este diario, y deslizó que detrás de la acusación existe una intencionalidad política para desestabilizar a la conducción nacional del gremio mercantil.
Las primeras apariciones del sindicalista fueron enérgicas. Pero esa característica fue cambiando con el paso de los días. Cuando apareció en los medios, el lunes, adelantó con vehemencia que el viernes daría una conferencia de prensa para aclarar todo y “terminar con esta locura”.
La conferencia, al final, no se produjo. Oberto se llamó a silencio y sólo envió a las redacciones un comunicado de Osecac ideado y escrito en Buenos Aires varios días antes.
Tal vez haya influido el estado de ánimo que describen quienes lo vieron. O las palabras de Senestrari, quien cuando se enteró de que Oberto había declarado que la investigación en contra de Osecac estaba cargada de intencionalidad política retrucó aconsejándole que, en vez de hacer esas interpretaciones, se concentrara en explicar las maniobras que se le atribuyen y en desestimar las pruebas en su contra.
Desde el año pasado, cuando el macrismo comenzó a tratar de imponer su reforma laboral, se produjo un movimiento paralelo: las causas contra los gremialistas más poderosos volvieron a activarse y, además, se produjo una ofensiva discursiva destinada a aprovechar y a ahondar el desprestigio que padecen los máximos exponentes del sindicalismo nacional.
Oberto intentó usar ese contexto en su defensa. En una entrevista que le dio a Telediario argumentó: “Oh casualidad, el compañero Cavalieri tiene elecciones próximamente y hay un grupo relacionado con el sector del gobierno nacional de turno que lo está enfrentando. Guarda con estas cosas”.
Así, el secretario general de Agec expuso una interpretación que no cierra por ningún flanco. Primero, porque Cavalieri no viene siendo un gremialista particularmente combativo. Todo lo contrario: fue uno de los primeros que firmó el aumento del 15% con el que tanto machacó el oficialismo nacional y, además, aceptó eliminar la cláusula gatillo y la reemplazó por una insulsa revisión recién en enero del año próximo. Es decir, el gremio mercantil ha sido funcional a la estrategia de Macri.
Pero, además, si la imputación del directorio de Osecac fue orquestada por los ideólogos de Cambiemos es incomprensible e inverosímil que hayan elegido como ejecutores judiciales a Enrique Senestrari y al juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, ubicados en las antípodas ideológicas y políticas del macrismo.
El 28 de diciembre de 2016 se conformó la filial provincial de Justicia Legítima. En la nota que publicó La Voz del Interior en su página web aparece la foto de todos los integrantes cordobeses de esa agrupación de magistrados y funcionarios identificados con el kirchnerismo: allí están Senestrari y Vaca Narvaja.
Oberto podría haber utilizado el argumento contrario: que el kirchnerismo está orquestando un ataque contra un aliado gremial del macrismo. Sin embargo, su propia explicación pública anuló esa alternativa.
La imputación al titular de Agec es un golpe en varios frentes. Tuvo, por ejemplo, un impacto profundo en la CGT, donde es un referente ineludible no solamente por el peso del gremio que conduce sino por él mismo, por la proyección nacional e internacional que consiguió y por los fluidos contactos políticos que posee. Oberto le ha dado a la delegación riocuartense de la central obrera una capacidad de lobby e influencia de la que carecía.
Pero, además, fue el artífice del acuerdo todavía vigente con el gobierno de Juan Manuel Llamosas. Quienes conocen los movimientos internos de la CGT señalan que un Oberto debilitado envalentonará a los grupos que son críticos y que pretenden una posición más independiente con respecto a las necesidades del gobierno municipal.
En los últimos meses, después de la crisis que significó el último aumento del boleto urbano que se produjo en 2017, el intendente aceptó ampliar la representación de la CGT en el esquema de poder. En los hechos, no hizo más que cumplir con el acuerdo que se cerró cuando los gremios aceptaron integrar la lista y sumarse a la campaña. A la concejalía que ejerce Cristina Fernández, del gremio de la Sanidad, y al cargo de Marcelo Dutto, subsecretario de Trabajo, se sumó recientemente la incorporación al gobierno de Iván Rozzi, quien fue secretario general de la CGT y que ahora ocupa en el Municipio un lugar en la mesa política, es decir el grupo que sugiere las decisiones en la gestión de Llamosas.
La situación judicial de Oberto, que podría sostenerse durante un largo período, no hace peligrar el acuerdo con el llamosismo, aunque sí lo pone en cuestión, señalan en la central obrera. Golpeado el ideólogo, sus críticos asumen más peso.
La conducción de la CGT se reuniría en los próximos días para analizar la situación de Oberto y los pasos a seguir. Hasta ahora, desde la política y el sindicalismo sólo ha existido silencio, en lo que no deja de ser un dato digno de mención: la defensa que ha asumido el mercantil, se crea o no en ella, la ha encarado en absoluta soledad.
Pero uno de los reproches fundamentales que el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari les hace a los administradores de Osecac -junto con Oberto hay otros cinco imputados, entre ellos el principal referente nacional, Armando Cavalieri- es, precisamente, que los cheques detectados no cumplían con los requisitos de técnica bancaria que deben aplicarse en esos casos: el directorio debía saber con precisión -y aún así habría hecho lo contrario- que tenía que emitir valores cruzados o no a la orden, modalidades que impiden el endoso y permiten confirmar, con una auditoría, que los fondos que salieron para pagar una prestación se usaron efectivamente para ese fin.
Oberto no puede alegar ignorancia. Ni Cavalieri, ni los secretarios generales de Paraná, La Plata, Mar del Plata y Trelew, que también están acusados de administración fraudulenta porque, según sospecha Senestrari, habrían pagado por prácticas médicas inexistentes en Mendoza, San Juan y San Luis.
El riocuartense ha tenido el mérito de arribar a un cargo de relevancia en el esquema de poder de su gremio: es director nacional de una de las obras sociales más importantes del país y ese solo hecho lo deja inhabilitado por completo para argumentar que no sabía lo que hacía.
La imputación señala que esos cheques que no cumplían con la técnica bancaria terminaban en CBI Cordubensis, la financiera cordobesa envuelta en un escándalo de dinero y poder desde que Jorge Suau, su vicepresidente, apareció muerto en 2014 en circunstancias que aún hoy son inciertas.
“Lo que vimos es que había pagos a unas fundaciones que ni siquiera existían, que eran sólo un sello que decía fundación y que, en teoría, funcionaban como intermediarias que llevaban los pagos a los prestadores. En realidad sólo servían para simular el pago de prestaciones médicas. Y los cheques terminaban, por una suma de 53 millones de pesos, en las cuentas de CBI y, en algunos casos, se usaban para el pago de camionetas Toyota”, explicó Senestrari.
Esas fundaciones y al menos dos empresas fantasma -Halabo y Jotemi- figuraban, según el relato del fiscal, con actividades que les permitían estar exentas de impuesto al cheque y, además, habrían cumplido la función de darles viso de legalidad a actividades ilícitas.
Ni bien se conoció la noticia, Oberto ensayó dos estrategias de defensa pública que son de manual: cuestionó la dimensión de la cobertura periodística, específicamente la de este diario, y deslizó que detrás de la acusación existe una intencionalidad política para desestabilizar a la conducción nacional del gremio mercantil.
Las primeras apariciones del sindicalista fueron enérgicas. Pero esa característica fue cambiando con el paso de los días. Cuando apareció en los medios, el lunes, adelantó con vehemencia que el viernes daría una conferencia de prensa para aclarar todo y “terminar con esta locura”.
La conferencia, al final, no se produjo. Oberto se llamó a silencio y sólo envió a las redacciones un comunicado de Osecac ideado y escrito en Buenos Aires varios días antes.
Tal vez haya influido el estado de ánimo que describen quienes lo vieron. O las palabras de Senestrari, quien cuando se enteró de que Oberto había declarado que la investigación en contra de Osecac estaba cargada de intencionalidad política retrucó aconsejándole que, en vez de hacer esas interpretaciones, se concentrara en explicar las maniobras que se le atribuyen y en desestimar las pruebas en su contra.
Desde el año pasado, cuando el macrismo comenzó a tratar de imponer su reforma laboral, se produjo un movimiento paralelo: las causas contra los gremialistas más poderosos volvieron a activarse y, además, se produjo una ofensiva discursiva destinada a aprovechar y a ahondar el desprestigio que padecen los máximos exponentes del sindicalismo nacional.
Oberto intentó usar ese contexto en su defensa. En una entrevista que le dio a Telediario argumentó: “Oh casualidad, el compañero Cavalieri tiene elecciones próximamente y hay un grupo relacionado con el sector del gobierno nacional de turno que lo está enfrentando. Guarda con estas cosas”.
Así, el secretario general de Agec expuso una interpretación que no cierra por ningún flanco. Primero, porque Cavalieri no viene siendo un gremialista particularmente combativo. Todo lo contrario: fue uno de los primeros que firmó el aumento del 15% con el que tanto machacó el oficialismo nacional y, además, aceptó eliminar la cláusula gatillo y la reemplazó por una insulsa revisión recién en enero del año próximo. Es decir, el gremio mercantil ha sido funcional a la estrategia de Macri.
Pero, además, si la imputación del directorio de Osecac fue orquestada por los ideólogos de Cambiemos es incomprensible e inverosímil que hayan elegido como ejecutores judiciales a Enrique Senestrari y al juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, ubicados en las antípodas ideológicas y políticas del macrismo.
El 28 de diciembre de 2016 se conformó la filial provincial de Justicia Legítima. En la nota que publicó La Voz del Interior en su página web aparece la foto de todos los integrantes cordobeses de esa agrupación de magistrados y funcionarios identificados con el kirchnerismo: allí están Senestrari y Vaca Narvaja.
Oberto podría haber utilizado el argumento contrario: que el kirchnerismo está orquestando un ataque contra un aliado gremial del macrismo. Sin embargo, su propia explicación pública anuló esa alternativa.
La imputación al titular de Agec es un golpe en varios frentes. Tuvo, por ejemplo, un impacto profundo en la CGT, donde es un referente ineludible no solamente por el peso del gremio que conduce sino por él mismo, por la proyección nacional e internacional que consiguió y por los fluidos contactos políticos que posee. Oberto le ha dado a la delegación riocuartense de la central obrera una capacidad de lobby e influencia de la que carecía.
Pero, además, fue el artífice del acuerdo todavía vigente con el gobierno de Juan Manuel Llamosas. Quienes conocen los movimientos internos de la CGT señalan que un Oberto debilitado envalentonará a los grupos que son críticos y que pretenden una posición más independiente con respecto a las necesidades del gobierno municipal.
En los últimos meses, después de la crisis que significó el último aumento del boleto urbano que se produjo en 2017, el intendente aceptó ampliar la representación de la CGT en el esquema de poder. En los hechos, no hizo más que cumplir con el acuerdo que se cerró cuando los gremios aceptaron integrar la lista y sumarse a la campaña. A la concejalía que ejerce Cristina Fernández, del gremio de la Sanidad, y al cargo de Marcelo Dutto, subsecretario de Trabajo, se sumó recientemente la incorporación al gobierno de Iván Rozzi, quien fue secretario general de la CGT y que ahora ocupa en el Municipio un lugar en la mesa política, es decir el grupo que sugiere las decisiones en la gestión de Llamosas.
La situación judicial de Oberto, que podría sostenerse durante un largo período, no hace peligrar el acuerdo con el llamosismo, aunque sí lo pone en cuestión, señalan en la central obrera. Golpeado el ideólogo, sus críticos asumen más peso.
La conducción de la CGT se reuniría en los próximos días para analizar la situación de Oberto y los pasos a seguir. Hasta ahora, desde la política y el sindicalismo sólo ha existido silencio, en lo que no deja de ser un dato digno de mención: la defensa que ha asumido el mercantil, se crea o no en ella, la ha encarado en absoluta soledad.