Yo discrimino, tú discriminas
Durante el kirchnerismo, el peronismo provincial padeció presupuestariamente la enemistad política con el gobierno nacional. En realidad, los principales afectados fueron los cordobeses, que se vieron obligados a pagar nuevos impuestos, como la ya desaparecida tasa vial, porque los fondos desde la Casa Rosada no llegaban y la gobernación necesitaba apelar a la imaginación impositiva para poder sobrevivir. Pero de ese contexto de estrechez financiera surgió una conceptualización política que le rindió a Unión por Córdoba inapreciables frutos electorales. José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti pivotearon sobre la idea de la discriminación y encontraron allí una veta que les fue altamente redituable en las urnas.
Ahora, con el paso del tiempo y el kirchnerismo en modo retirada, la oposición cordobesa decidió aplicar idéntica estrategia pero en sentido contrario: acusa al gobernador de discriminador por escamotearles a los intendentes, según dicen, 1.500 millones de pesos anuales.
Cambiemos, liderado en esa pelea puntual por Ramón Mestre, viene insistiendo con ese eje desde hace más de un año; sin embargo, esta vez, a diferencia de las anteriores, hubo una respuesta institucional y política del jefe del Ejecutivo y de los líderes que el peronismo tiene en el territorio: los intendentes.
Schiaretti salió a anunciar que llevará el diferendo a la Justicia para que el Tribunal Superior determine quién tiene la razón: la gobernación, que sostiene que esos 1.500 millones de pesos deben ser administrados por ella misma en cumplimiento de un artículo del Consenso Fiscal firmado con la Nación que determina que son recursos que tienen que ir a obras encaradas por los Ejecutivos provinciales, o los intendentes de Cambiemos, empecinados en cobrar más en épocas de escasez pero, principalmente, interesados en generarle un daño político a Unión por Córdoba.
El oficialismo provincial usó una doble estrategia ante esa ofensiva: no sólo anticipó que eligió la vía del Tribunal Superior, en respuesta a la amenaza de Cambiemos de ir a la Corte Suprema; además, envió a la cancha a sus propios intendentes a decir que si hay quienes sufren de discriminación son precisamente ellos, que de 1.880 millones distribuidos por la Casa Rosada para obras públicas, apenas se quedaron con 30, el 1,65 por ciento del total. Todo el resto, argumentaron, fue a parar a las arcas de los intendentes radicales o macristas.
Determinar dónde está la verdad en un entramado tan complejo como el sistema de coparticipación podría ser un ejercicio inabarcable. Probablemente haya un poco de razón en cada bando.
Pero en el plano político la primera consecuencia de la pelea cruzada es el vaciamiento del concepto de discriminación. Cuando todos se discriminan entre sí, la acusación pierde peso, densidad y verosimilitud. Tal vez ese fue precisamente el resultado buscado por Unión por Córdoba: que en lugar de dejar en manos del oponente un término que le dio tantos resultados, lo mejor era contraatacar con la misma moneda y generar confusión. Si no es posible imponerse, al menos que no salga un vencedor claro. Por eso, lo más probable es que apenas un puñado de cordobeses entienda por estas horas por qué se pelean los dirigentes de un signo y otro.
Lo cierto es que se evidenció un cambio de actitud en dos planos.
Unión por Córdoba pasó de estar a la defensiva a intentar una contraofensiva que le devolviera la iniciativa política y evitara la apropiación de un término que siente propio.
El panorama que se abrió en la provincia dispara un interrogante: ¿por qué Unión por Córdoba reaccionó ahora y no antes? ¿Qué se modificó para que el gobernador jugara la carta de la Justicia y para que hiciera participar además a los intendentes? El cambio no estuvo en el peronismo, sino en la vereda de enfrente: fueron el macrismo y sus aliados radicales quienes le dieron un marco de mayor dimensión institucional y política al reclamo. Ya no se trató solamente de una jugada de Ramón Mestre, intendente radical capitalino, para posicionarse como el principal opositor a Schiaretti y, por lo tanto, para cimentar sus chances de ser candidato a gobernador. Esta vez, el reclamo estuvo acompañado por todo Cambiemos: diputados nacionales de las diferentes líneas internas, referentes del Pro y del radicalismo, intendentes y funcionarios.
Por lo tanto, ya nadie pudo convencer a Schiaretti de que se trató de una aventura sino que visualizó una avanzada adelantada para desgastar su figura y desalojarlo del poder en 2019.
En la política, los pactos suelen derivar en resultados desbalanceados: no son neutros, sino que uno de los actores gana más que el otro. Así parece ocurrir en el acuerdo del que se jactan Schiaretti y Macri. Incluso, lo ratificó el Presidente en una entrevista reciente: sigue considerando al cordobés como un aliado en el inestable escenario nacional.
El mayor sacrificio que debió pagar el gobernador en el altar de ese pacto fue la reforma previsional: afrontó un alto costo político por enviar a sus diputados a votar el controvertido proyecto de Macri. Obtuvo recursos a cambio, es verdad, pero quedó más herido de lo que se imaginaba por ese apoyo contra los jubilados.
Schiaretti esperaba que el pacto tuviera también una contraprestación tierras adentro: que su buena onda con el macrismo derivara en un año de paz en la provincia, un tiempo que le sería suficiente para mostrar sus ambiciosas obras en marcha y obtener una ventaja de cara a 2019.
Pero esos meses de calma parecen hoy una utopía. Además, en las últimas horas, en una entrevista que concedió a Cadena 3, Macri no desautorizó ni a Mestre ni al resto de los dirigentes de Cambiemos que protagonizaron la embestida contra Schiaretti y su gobierno. Dijo que son cuestiones domésticas con las que “el Gringo” deberá lidiar.
Es decir, mientras el Presidente espera seguir teniendo como aliado a Schiaretti, con la funcionalidad que ese concepto implica, por otro lado no disciplina ni contiene a quienes buscar desgastar al gobernador. Esas parecen ser las reglas del juego. La pregunta es si Schiaretti querrá seguir participando en esos términos o si puede redefinir la relación.
En política, casi nadie cree en las casualidades. Cada hecho, dato o declaración suele leerse en clave conspirativa o, en el menor de los casos, intencional. Y justo en la semana en que Cambiemos amenazó con ir a la Corte a denunciar el reparto de fondos que hace la Provincia, apareció la medición de la pobreza. Y allí, en un mapa nacional que no da precisamente para el orgullo, Córdoba apareció como uno de los peores distritos.
La capital provincial acusó un índice del 34,2 por ciento, 8,5 puntos por encima de la media nacional, de 25,7, que Macri anunció exultante como uno de los éxitos de su gestión.
Esa estadística es un cachetazo para el gobierno provincial.
Si Unión por Córdoba y Cambiemos se pelean por cómo se reparten los fondos, es porque en realidad no encuentran diferencias sustanciales, ideológicas o políticas que los distancien. Se enfrentan sólo por un trámite administrativo.
Pero el gobierno cordobés venía planteando lo contrario, que las similitudes se agotan cuando se considera la dimensión social: allí es donde el modelo cordobés se alejaría más visiblemente del macrista. Por eso, señalan en el schiarettismo, mientras la Casa Rosada deja librados a su suerte a los desocupados, los pobres y los débiles, en Córdoba se invierten 6.000 millones de pesos anuales en programas de contención.
El preocupante índice de pobreza de Córdoba actúa como un contradictor a ese argumento. En el distrito que el peronismo comanda desde hace dos décadas, dice la medición, se vive peor que en el resto del país.
De ahí que el gobierno de Córdoba no vea en ese dato del nuevo Indec una realidad objetiva sino otra manifestación elocuente de que, para Cambiemos, la elección en la provincia que se convirtió en uno de sus bastiones emblemáticos ya empezó.
Ahora, con el paso del tiempo y el kirchnerismo en modo retirada, la oposición cordobesa decidió aplicar idéntica estrategia pero en sentido contrario: acusa al gobernador de discriminador por escamotearles a los intendentes, según dicen, 1.500 millones de pesos anuales.
Cambiemos, liderado en esa pelea puntual por Ramón Mestre, viene insistiendo con ese eje desde hace más de un año; sin embargo, esta vez, a diferencia de las anteriores, hubo una respuesta institucional y política del jefe del Ejecutivo y de los líderes que el peronismo tiene en el territorio: los intendentes.
Schiaretti salió a anunciar que llevará el diferendo a la Justicia para que el Tribunal Superior determine quién tiene la razón: la gobernación, que sostiene que esos 1.500 millones de pesos deben ser administrados por ella misma en cumplimiento de un artículo del Consenso Fiscal firmado con la Nación que determina que son recursos que tienen que ir a obras encaradas por los Ejecutivos provinciales, o los intendentes de Cambiemos, empecinados en cobrar más en épocas de escasez pero, principalmente, interesados en generarle un daño político a Unión por Córdoba.
El oficialismo provincial usó una doble estrategia ante esa ofensiva: no sólo anticipó que eligió la vía del Tribunal Superior, en respuesta a la amenaza de Cambiemos de ir a la Corte Suprema; además, envió a la cancha a sus propios intendentes a decir que si hay quienes sufren de discriminación son precisamente ellos, que de 1.880 millones distribuidos por la Casa Rosada para obras públicas, apenas se quedaron con 30, el 1,65 por ciento del total. Todo el resto, argumentaron, fue a parar a las arcas de los intendentes radicales o macristas.
Determinar dónde está la verdad en un entramado tan complejo como el sistema de coparticipación podría ser un ejercicio inabarcable. Probablemente haya un poco de razón en cada bando.
Pero en el plano político la primera consecuencia de la pelea cruzada es el vaciamiento del concepto de discriminación. Cuando todos se discriminan entre sí, la acusación pierde peso, densidad y verosimilitud. Tal vez ese fue precisamente el resultado buscado por Unión por Córdoba: que en lugar de dejar en manos del oponente un término que le dio tantos resultados, lo mejor era contraatacar con la misma moneda y generar confusión. Si no es posible imponerse, al menos que no salga un vencedor claro. Por eso, lo más probable es que apenas un puñado de cordobeses entienda por estas horas por qué se pelean los dirigentes de un signo y otro.
Lo cierto es que se evidenció un cambio de actitud en dos planos.
Unión por Córdoba pasó de estar a la defensiva a intentar una contraofensiva que le devolviera la iniciativa política y evitara la apropiación de un término que siente propio.
El panorama que se abrió en la provincia dispara un interrogante: ¿por qué Unión por Córdoba reaccionó ahora y no antes? ¿Qué se modificó para que el gobernador jugara la carta de la Justicia y para que hiciera participar además a los intendentes? El cambio no estuvo en el peronismo, sino en la vereda de enfrente: fueron el macrismo y sus aliados radicales quienes le dieron un marco de mayor dimensión institucional y política al reclamo. Ya no se trató solamente de una jugada de Ramón Mestre, intendente radical capitalino, para posicionarse como el principal opositor a Schiaretti y, por lo tanto, para cimentar sus chances de ser candidato a gobernador. Esta vez, el reclamo estuvo acompañado por todo Cambiemos: diputados nacionales de las diferentes líneas internas, referentes del Pro y del radicalismo, intendentes y funcionarios.
Por lo tanto, ya nadie pudo convencer a Schiaretti de que se trató de una aventura sino que visualizó una avanzada adelantada para desgastar su figura y desalojarlo del poder en 2019.
En la política, los pactos suelen derivar en resultados desbalanceados: no son neutros, sino que uno de los actores gana más que el otro. Así parece ocurrir en el acuerdo del que se jactan Schiaretti y Macri. Incluso, lo ratificó el Presidente en una entrevista reciente: sigue considerando al cordobés como un aliado en el inestable escenario nacional.
El mayor sacrificio que debió pagar el gobernador en el altar de ese pacto fue la reforma previsional: afrontó un alto costo político por enviar a sus diputados a votar el controvertido proyecto de Macri. Obtuvo recursos a cambio, es verdad, pero quedó más herido de lo que se imaginaba por ese apoyo contra los jubilados.
Schiaretti esperaba que el pacto tuviera también una contraprestación tierras adentro: que su buena onda con el macrismo derivara en un año de paz en la provincia, un tiempo que le sería suficiente para mostrar sus ambiciosas obras en marcha y obtener una ventaja de cara a 2019.
Pero esos meses de calma parecen hoy una utopía. Además, en las últimas horas, en una entrevista que concedió a Cadena 3, Macri no desautorizó ni a Mestre ni al resto de los dirigentes de Cambiemos que protagonizaron la embestida contra Schiaretti y su gobierno. Dijo que son cuestiones domésticas con las que “el Gringo” deberá lidiar.
Es decir, mientras el Presidente espera seguir teniendo como aliado a Schiaretti, con la funcionalidad que ese concepto implica, por otro lado no disciplina ni contiene a quienes buscar desgastar al gobernador. Esas parecen ser las reglas del juego. La pregunta es si Schiaretti querrá seguir participando en esos términos o si puede redefinir la relación.
En política, casi nadie cree en las casualidades. Cada hecho, dato o declaración suele leerse en clave conspirativa o, en el menor de los casos, intencional. Y justo en la semana en que Cambiemos amenazó con ir a la Corte a denunciar el reparto de fondos que hace la Provincia, apareció la medición de la pobreza. Y allí, en un mapa nacional que no da precisamente para el orgullo, Córdoba apareció como uno de los peores distritos.
La capital provincial acusó un índice del 34,2 por ciento, 8,5 puntos por encima de la media nacional, de 25,7, que Macri anunció exultante como uno de los éxitos de su gestión.
Esa estadística es un cachetazo para el gobierno provincial.
Si Unión por Córdoba y Cambiemos se pelean por cómo se reparten los fondos, es porque en realidad no encuentran diferencias sustanciales, ideológicas o políticas que los distancien. Se enfrentan sólo por un trámite administrativo.
Pero el gobierno cordobés venía planteando lo contrario, que las similitudes se agotan cuando se considera la dimensión social: allí es donde el modelo cordobés se alejaría más visiblemente del macrista. Por eso, señalan en el schiarettismo, mientras la Casa Rosada deja librados a su suerte a los desocupados, los pobres y los débiles, en Córdoba se invierten 6.000 millones de pesos anuales en programas de contención.
El preocupante índice de pobreza de Córdoba actúa como un contradictor a ese argumento. En el distrito que el peronismo comanda desde hace dos décadas, dice la medición, se vive peor que en el resto del país.
De ahí que el gobierno de Córdoba no vea en ese dato del nuevo Indec una realidad objetiva sino otra manifestación elocuente de que, para Cambiemos, la elección en la provincia que se convirtió en uno de sus bastiones emblemáticos ya empezó.