La situación económica parece haber ingresado en otra dinámica, en un período de mayor restricción.
“Lo peor es que nada nos hace pensar, no hay ningún indicio, de que vaya a haber mejoras en los próximos meses; al contrario”, declaró un ministro provincial. Ante esa perspectiva, Martín Llaryora tomó algunas medidas: conformó una mesa de seguimiento del gasto y además instruyó a los ministros para que enfoquen los recursos sólo en las prioridades. En el gabinete relatan que el propio gobernador está dedicado a hacer que las cuentas cierren.
En el Panal aseguran que, a pesar de las limitaciones, la Provincia está en una situación manejable, si bien habrá achicamiento de gastos y se extenderán los plazos de las obras que no son centrales. El inconveniente principal pasa por los municipios, sobre todo los de menor escala. Córdoba, Río Cuarto, San Francisco o Villa María pueden acceder a fuentes de financiamiento; el resto de los pueblos y ciudades no. Y dependen casi de manera absoluta de la coparticipación, que se está cayendo a pedazos.
“Si esto no cambia, va a ser muy difícil seguir prestando algunos servicios. Nos están asfixiando, nos empujan a la motosierra”, declaró un funcionario municipal.
Pero no es una situación privativa de los Estados; tampoco el poder adquisitivo de las familias ni el consumo levantan cabeza. Sólo por poner un ejemplo: la economía riocuartense lleva seis meses de estancamiento, después de caer hasta un 11 por ciento durante cinco trimestres y de haber crecido sólo en uno. A nivel provincial, la información oficial indica que hay 17 despidos acordados por día y que cierran cinco empresas cada 24 horas. Un distrito predominantemente industrial como es Córdoba parece ser incompatible con el modelo de Milei-Caputo-Sturzenegger.
Ese panorama de tensión económica se replica, a grandes rasgos, en casi todo el país. Y en las últimas semanas, según coinciden los encuestadores, empezó a haber vasos comunicantes entre la economía y la política: las dificultades para llegar a fin de mes están afectando la imagen del presidente Javier Milei. Un sondeo que publicó Bloomberg, el poderoso sitio de información financiera, y que encargó especialmente a la consultora brasileña AtlasIntel, reveló que el nivel de aprobación al gobierno nacional está en su punto más bajo. Golpeada por las denuncias de corrupción, pero sobre todo por el estado de la economía y el escepticismo, a la gestión de Milei sólo la destaca el 36,4% de los argentinos. La desaprobación escaló seis puntos y orilla el 62%.
Según las encuestas propias que maneja el gobierno de Llaryora, Milei también está en un proceso de deterioro en Córdoba, uno de sus principales bastiones, donde arrasó con el 74% en 2023 y derrotó cómodamente en 2025 nada más y nada menos que a Juan Schiaretti. En el Panal señalan que, en los últimos 40 días, el libertario perdió casi 11 puntos en territorio cordobés.
Todavía falta una eternidad para 2027 pero el cálculo es un componente inseparable de la política. En el gobierno provincial especulan con que si Milei sigue en la misma senda, su principal delfín en Córdoba, el diputado Gabriel Bornoroni, también sufrirá las consecuencias. El estacionero es un experimento que sólo puede ser exitoso electoralmente por delegación: sus chances están atadas a la suerte de Milei. Todavía tiene un índice de conocimiento bajo y una trayectoria acotada como para sostener una candidatura a gobernador por sí solo.
Como aditamento, el gobierno provincial ve además con simpatía el proceso que está viviendo la oposición y que parece repetir una historia conocida. Bornoroni no reconoce a Rodrigo De Loredo como socio, el radical dice que no se bajará por nada el mundo y ya lanza propuestas de gobierno y el propio Llaryora le responde para levantarlo en la pelea interna con Bornoroni y Juez. Clásica jugada que, hasta ahora, ha venido siendo funcional a la continuidad del proyecto de poder del cordobesismo.
Pero, más allá de Milei y sus avatares, ¿cómo está el propio Llaryora? ¿Cuál es la imagen que el gobernador proyecta en los cordobeses?
La oposición -cerca de De Loredo manejan una encuesta reciente- sostiene que los números marcan un desgaste, una especie de cansancio después de casi tres décadas de poder.
Los movimientos que encaró Llaryora desde que el oficialismo perdió la elección legislativa evidencian que, de mínima, en el corazón del poder cordobés existe preocupación. El gobernador aplicó reformas hacia adentro y hacia afuera del gabinete, ingresó en un período de hiperactividad y operó cambios a nivel de la arquitectura institucional, como por ejemplo en la Justicia, desde donde la semana pasada llegó el mensaje, en la apertura del año judicial, de que el Tribunal Superior no está cómodo con lo que considera una injerencia impropia del Ejecutivo.
Llaryora se mostró como un gobernante enfocado en conservar el poder. Pero, ¿qué le marcan sus encuestas? En el gabinete señalan que todo depende del parámetro que se aplique. “Si nos comparamos con cómo estaba Schiaretti a esta altura, estamos muy mal. Pero si miramos el panorama actual, si vemos los índices de aprobación de los gobernadores, incluso de los dirigentes opositores, ahí el panorama cambia”, relataron desde el Panal. Según el llaryorismo, el gobernador tiene una aprobación que ronda el 50 por ciento.
El doble y decisivo desafío que enfrenta Llaryora en los próximos meses no es menor:por un lado debe sostener la gestión en un período de deterioro económico, sobre todo respaldar con hechos la filosofía que pregona de que es posible mantener las cuentas ordenadas sin que el Estado se repliegue y deje de prestar servicios y hacer obras, y además alimentar su propia posibilidad de reelección.
En el oficialismo remarcan que el 2026 debería ser un año en que Llaryora coseche el rédito electoral que pueden darle las obras. Por ejemplo, las circunvalaciones de Río Cuarto y Villa María, la ruta 19 en San Francisco, y 3.000 cuadras de asfalto o cordón cuneta en Córdoba.
En paralelo, la Provincia apuesta a apagar lo más rápido posible los eventuales motivos de desgaste. Un ejemplo es la negociación con los docentes: la Uepc se llevó una propuesta de ajuste salarial atado a la inflación en una época de caída de la recaudación. Logró desacoplar un indicador de otro. “Vamos a cerrar con el gremio. No pensamos dejar que la sangre llegue al río”, graficaron en el Panal.
Llaryora pretende que el foco de atención esté en su agenda, no en la que marcan los conflictos: un objetivo complejo de alcanzar cuando la economía aprieta.
