El anuncio original disponía, junto a la elevación del piso y la baja del techo para el cobro de asignaciones familiares, que los residentes en la Patagonia y algunos departamentos de otras provincias, sobre todo en el norte, pasaran a cobrar lo mismo que en el resto del país. Perdían así las sumas adicionales que reciben hasta hoy como reconocimiento a las mayores dificultades que tiene criar un hijo en esos sitios periféricos.
Por eso, la medida despertó una fuerte reacción en la dirigencia política de los sitios afectados, incluidos diputados y senadores del oficialismo, además de la convocatoria a una sesión especial del Congreso para intentar revocar el decreto. Así, luego de una reunión con intendentes y legisladores de Cambiemos del sur del país, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior confirmaron que por ahora no habrá modificaciones al régimen actual, y que en todo caso se presentará una nueva propuesta para buscar por otra vía el recorte propuesto para el área, que es de 5 mil millones de pesos.
La cifra, que equivale a poco más del 1 por ciento del ahorro total al que el Gobierno se ha comprometido, obliga a preguntarse si realmente justificaba “comprarse” un problema de la magnitud del que se generó. En cierta forma, la rápida decisión de retroceder sugiere que esa pregunta se realizó a posteriori, y que la respuesta fue naturalmente negativa. Aunque, claro está, no llegó a tiempo para evitar el inicio de un conflicto que incluyó un enrarecimiento del clima dentro de la propia coalición gobernante.
Más allá de cualquier discusión sobre la calidad, la justicia o la auténtica necesidad de la medida en cuestión, lo cierto es que lo ocurrido obliga a recordar que las idas y vueltas del Gobierno ya no son interpretadas por la sociedad como signo de una saludable predisposición a reconocer los errores en lugar de persistir en ellos. Transmiten, más bien, la impresión de estar gobernando al calor del momento, de manera improvisada y sin un análisis previo de las consecuencias de los actos propios. Todo lo contrario del cuadro de previsibilidad que se pretende mostrar para atraer las inversiones y abrir paso a la recuperación que se espera sobrevenga después del ajuste.
