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El kirchnerismo avanzó con la iniciativa para imponer al procurador general

Pretende que se elija por una mayoría absoluta y no por una de dos tercios, como establece la ley actual.

El oficialismo pasó ayer a la firma el dictamen para un proyecto que propone que el procurador general sea elegido por mayoría absoluta del Senado en lugar de dos tercios y que la Comisión Bicameral del Congreso tenga mayor control sobre su tarea.

En la reunión de la Comisión de Justicia del Senado, el Frente de Todos presentó la propuesta, que además acota a cinco años el mandato del procurador y establece que no puede ser elegido en el período de la elección presidencial, y aspira a aprobarla en el recinto la semana próxima.

Por su parte, Juntos por el Cambio rechazó el proyecto de reforma de la Ley de Ministerio Público por entender que el jefe de los fiscales "pasa a ser el procurador de una fracción política y no del Estado argentino" y a estar sujeto a "una mayoría circunstancial" del Parlamento.

Ante la comisión que encabeza el neuquino Oscar Parrilli, la santafesina María de los Ángeles Sacnun hizo un resumen del dictamen de mayoría que propone que la elección del jefe de los fiscales en el Senado deje de ser por dos tercios y sea por mayoría absoluta, es decir, 37 votos.

Sacnun señaló que ese punto fue tomado de "lo que se planteaba en el proyecto de ley suscripto en su momento por los exsenadores (Federico) Pinedo, (Miguel) Pichetto y (José) Urtubey" e indicó que, en cambio, para la remoción del procurador "se va a mantener la mayoría agravada" en la Cámara de Diputados para iniciar el proceso.

Tras destacar el rol del jefe de los fiscales en la definición de la política criminal del Estado, la santafesina señaló: "Nosotros lo que tenemos que garantizar, más allá de discutir en torno a las mayorías, es cómo este Parlamento asume el rol de control".

“Para implementar el modelo acusatorio es fundamental una política criminal del Estado que sea absolutamente controlada por el Congreso", a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, agregó Sacnun.

En tanto, la oposición se mostró de acuerdo con la reducción del mandato a cinco años, algo que estaba contemplado en proyectos presentados con anterioridad por Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) y Lucila Crexell (Federal), pero rechazó los demás cambios.

En este sentido, la jujeña Silvia Giacoppo subrayó que "de los 16 expositores" que pasaron por la comisión en las últimas semanas "14 dijeron que no debía tocarse la composición actual de la mayoría agravada para la remoción y para la designación".

El cordobés Ernesto Martínez fue más duro, al considerar que "este proyecto transforma al procurador general en un empleado del Poder Ejecutivo que en cualquier momento puede ser puesto en crisis ya sea por el Presidente de la Nación o por cualquier diputado que junte mayoría".

Al respecto, subrayó que el jefe de los fiscales "pasa a ser el procurador de una fracción política y no del Estado argentino" e insistió en que su designación "necesita tener los dos tercios para llevar adelante políticas que son del Estado y no de un gobierno".

“Lo más grave es el cogobierno que proponen para la Bicameral. Claro que estamos de acuerdo en que la comisión controle, pero acá se propone un cogobierno y se pone en jaque a todos los fiscales", agregó a su turno la tucumana Silvia Elías de Pérez.

La respuesta del oficialismo llegó por parte de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien afirmó: "Si estamos de acuerdo en que debe dejar de ser vitalicio, es incoherente que sigamos teniendo los dos tercios para su designación, porque ello responde claramente a que es vitalicio en el cargo".

“No estamos convirtiendo al procurador en un empleado del Ejecutivo y no voy a permitir que a mi bloque se lo acuse de una calaña semejante”, agregó la senadora.

Sobre el final del debate, el rionegrino Alberto Weretilneck deslizó que el proyecto se va a "votar la semana que viene", lo que sugiere que el oficialismo podría convocar a una sesión para el próximo viernes, para que hayan transcurrido los siete días reglamentarios desde la firma del dictamen y no sea necesario reunir una mayoría de dos tercios para tratarlo.

El debate se dará en momentos en que permanece congelado en la Cámara alta el pliego de Daniel Rafecas, propuesto por el presidente Alberto Fernández como nuevo procurador general, cargo que ejerce interinamente Eduardo Casal, a quien el kirchnerismo busca remover.

La elección de Rafecas quedó trabada luego de que Juntos por el Cambio adelantara que no facilitaría la mayoría de dos tercios y luego el Frente de Todos determinara que la prioridad era la reforma de la ley marco antes que el tratamiento de pliego.