Rins: “Maranzana debe dejar claro si existen pasivos ambientales”
El defensor del Pueblo manifestó que la ampliación de la central termoeléctrica sólo debería hacerse después de conocer al detalle las posibles consecuencias y, en ese caso, los planes existentes para remediarlas.
Ahora que se analizará en audiencia pública el impacto ambiental que podría provocar la ampliación de la central termoeléctrica Maranzana, el defensor del Pueblo, Ismael Rins, indicó que debe quedar claro si existen pasivos ambientales en ese proyecto. En ese caso, si los hubiera, la empresa debería explicar además cómo piensa remediarlos.
La audiencia se hará el miércoles en la Asociación Vecinal Barrio Fénix, en la calle San Lorenzo al 2200.
El proyecto contempla realizar una obra de ampliación que llevará la capacidad de producción a 471 megavatios, 121 más que en la actualidad.
“La realización de la audiencia pública está sujeta a la aplicación del marco normativo administrativo. Se debe cumplir con la legislación y el interés de la Defensoría está en esa línea, que se cumpla lo que está determinado para estos casos. Debemos velar por el cumplimiento de la norma. Hoy la preocupación medioambiental es un eje importante en la Defensoría y como comunidad nos atraviesa a todos. Entendemos el ambiente como valor central de la vida”, aseguró el defensor del Pueblo.
Estudio
Rins manifestó que una ampliación como la que pretende ponerse en marcha debe estudiarse especialmente, con detenimiento, para conocer las consecuencias que podría generar.
“Un desarrollo de estas características necesariamente debe dejar en claro si existen pasivos ambientales y, en todo caso, como piensa remediárselos. En este tipo de temáticas, la información que abunda no daña, pero sí tenemos que trabajar para sumar la mayor cantidad de información posible para poner a disposición de la población de Río Cuarto. Será importante entonces, si se determina que esta ampliación trae consigo un pasivo ambiental, conocer el plan de remediación previsto”, declaró Rins.
El defensor del Pueblo agregó: “En ese contexto, la audiencia pública tiene que ser un ámbito en el que se brinde la mayor cantidad de información posible y por eso el interés que tenemos en ella. En la Defensoría tenemos un observatorio de medioambiente que está atento a todo este tipo de cuestiones y desde luego que es un eje importante para nosotros. Por eso solicitamos que se realizara esta audiencia pública. Pero incluso antes se había sugerido la realización desde distintos organismos públicos que intervienen en los procesos de esta ampliación de la planta. Creo que tenemos que trabajar para el desarrollo sostenible, que es la clave de todo esto. No podemos estar en contra del desarrollo, ni a favor del desarrollo a cualquier costo. Tenemos que dejar en claro que no podemos comprometer los recursos naturales de las futuras generaciones”.
El análisis del posible impacto ambiental de emprendimientos, como la central termoeléctrica Maranzana, se fundamenta en el impacto que tiene la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles.
En el expediente oficial de la ampliación de la central queda claro que existe una carga contaminante. “Está totalmente comprobado que la combustión de hidrocarburos contamina el aire con sustancias nocivas para la vida de los organismos que directa o indirectamente utilicen la normal y natural composición del aire para su respiración o sustento biótico. Ya sabemos que la actividad genera contaminantes y que en primera instancia el medio afectado es el aire. Lo difícil resulta establecer qué ocurre con la liberación de esos gases al aire libre”, señalan los técnicos de la Municipalidad.
Entre los gases nocivos se encuentran el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el material particulado.
Los parámetros de esos gases son tenidos en cuenta en el contexto de un nuevo proceso de ampliación de la Usina que busca poner en marcha una expansión de 121 megavatios.
“Se prevé que el proceso de ingeniería, la ejecución de obra y el comisionamiento de equipos del proyecto se finalicen a mediados de 2020”, explicó la empresa en la nota presentada ante el Municipio y en la que pidió que se extienda el certificado de uso conforme. En agosto del año pasado, el Edecom destacó que la ampliación debe someterse a audiencia pública antes de continuar con los procedimeintos administrativos.
La audiencia se hará el miércoles en la Asociación Vecinal Barrio Fénix, en la calle San Lorenzo al 2200.
El proyecto contempla realizar una obra de ampliación que llevará la capacidad de producción a 471 megavatios, 121 más que en la actualidad.
“La realización de la audiencia pública está sujeta a la aplicación del marco normativo administrativo. Se debe cumplir con la legislación y el interés de la Defensoría está en esa línea, que se cumpla lo que está determinado para estos casos. Debemos velar por el cumplimiento de la norma. Hoy la preocupación medioambiental es un eje importante en la Defensoría y como comunidad nos atraviesa a todos. Entendemos el ambiente como valor central de la vida”, aseguró el defensor del Pueblo.
Estudio
Rins manifestó que una ampliación como la que pretende ponerse en marcha debe estudiarse especialmente, con detenimiento, para conocer las consecuencias que podría generar.
“Un desarrollo de estas características necesariamente debe dejar en claro si existen pasivos ambientales y, en todo caso, como piensa remediárselos. En este tipo de temáticas, la información que abunda no daña, pero sí tenemos que trabajar para sumar la mayor cantidad de información posible para poner a disposición de la población de Río Cuarto. Será importante entonces, si se determina que esta ampliación trae consigo un pasivo ambiental, conocer el plan de remediación previsto”, declaró Rins.
El defensor del Pueblo agregó: “En ese contexto, la audiencia pública tiene que ser un ámbito en el que se brinde la mayor cantidad de información posible y por eso el interés que tenemos en ella. En la Defensoría tenemos un observatorio de medioambiente que está atento a todo este tipo de cuestiones y desde luego que es un eje importante para nosotros. Por eso solicitamos que se realizara esta audiencia pública. Pero incluso antes se había sugerido la realización desde distintos organismos públicos que intervienen en los procesos de esta ampliación de la planta. Creo que tenemos que trabajar para el desarrollo sostenible, que es la clave de todo esto. No podemos estar en contra del desarrollo, ni a favor del desarrollo a cualquier costo. Tenemos que dejar en claro que no podemos comprometer los recursos naturales de las futuras generaciones”.
El análisis del posible impacto ambiental de emprendimientos, como la central termoeléctrica Maranzana, se fundamenta en el impacto que tiene la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles.
En el expediente oficial de la ampliación de la central queda claro que existe una carga contaminante. “Está totalmente comprobado que la combustión de hidrocarburos contamina el aire con sustancias nocivas para la vida de los organismos que directa o indirectamente utilicen la normal y natural composición del aire para su respiración o sustento biótico. Ya sabemos que la actividad genera contaminantes y que en primera instancia el medio afectado es el aire. Lo difícil resulta establecer qué ocurre con la liberación de esos gases al aire libre”, señalan los técnicos de la Municipalidad.
Entre los gases nocivos se encuentran el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el material particulado.
Los parámetros de esos gases son tenidos en cuenta en el contexto de un nuevo proceso de ampliación de la Usina que busca poner en marcha una expansión de 121 megavatios.
“Se prevé que el proceso de ingeniería, la ejecución de obra y el comisionamiento de equipos del proyecto se finalicen a mediados de 2020”, explicó la empresa en la nota presentada ante el Municipio y en la que pidió que se extienda el certificado de uso conforme. En agosto del año pasado, el Edecom destacó que la ampliación debe someterse a audiencia pública antes de continuar con los procedimeintos administrativos.