Cuando el gobierno provincial presentó su proyecto de presupuesto 2025 y su política tributaria a las entidades del campo provincial, en el arranque del último trimestre del año pasado, hubo una serie de cálculos y planillas que explicaban el ajuste que tendría el Inmobiliario Rural para este año. Allí se informó que el tope sería del 189%, en línea con la inflación acumulada entre septiembre de 2024 y septiembre de 2023. Pero el proceso de desaceleración de precios que continuó hasta diciembre hizo que el acumulado anual fuera descendiendo y por eso, finalmente, y a pesar de lo aprobado en la Legislatura, se terminara aplicando un 173% de aumento como tope del Inmobiliario Rural. Sin embargo, desde este lunes comenzaron a conocerse reclamos de productores porque comenzaron a estar disponibles en la web los cedulones y aseguraban que las subas superaban en algunos casos el 250%. Ante el planteo numeroso, los dirigentes de la Mesa de Enlace provincial se reunieron ayer con funcionarios de los ministerios de Bioagroindustria, Producción y Economía, para conocer los motivos por los cuales se daban estos casos. Los integrantes del gobierno explicaron allí que en realidad se tomaban los valores brutos del año pasado y no lo que cada uno pagó efectivamente y que estaba sujeto a una serie de descuentos y beneficios, como el de contribuyente cumplidor, el descuento por Buenas Prácticas Agropecuarias o incluso un extra del 10% por pago contado. Y en este último punto hubo un punto importante de debate en la reunión porque este año ese plus dejó de tener vigencia. “Muchos productores hacían el cálculo del 173% sobre lo que pagaron en 2024 y de allí les daba mucho más. Fue una confusión del monto del que se partía. Es más, muchos casos que se presentaron fueron cotejados por los técnicos de Economía en la reunión y se mostró que en realidad no había errores”, indicaron fuentes de la reunión.
La Mesa de Enlace pidió una baja extra del 10% en el inmobiliario rural
Ayer hubo una larga reunión con funcionarios de los ministerios de Bioagroindustria, Producción y Economía tras la queja de productores por los aumentos recibidos. Finalmente se aclararon las diferencias y las entidades solicitaron una serie de beneficios adicionales en el marco de un contexto de dificultades productivas