Malestar en el agro por el impuesto a la riqueza y el inmobiliario rural

El impuesto a la riqueza que impulsa el oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación motivó el rechazo de los sectores productivos de la provincia, no solo del campo, sino también de la industria y el comercio. Es que aseguran que no está claro el alcance que tendrá y sostienen que posiblemente impacte en un universo mucho más grande que el que aseguran los legisladores del Frente de Todos. Pero además, en el caso de Córdoba, hay malestar de las entidades con los legisladores de Córdoba Federal, que responden al gobernador Juan Schiaretti, porque anticiparon que acompañarán la aprobación de este tributo.

El tema se mezcló además esta semana con la discusión del Inmobiliario Rural, que empezó a discutirse entre las autoridades provinciales y la mesa de enlace Córdoba y que tendría un ajuste de entre el 38 y el 40 por ciento, según trascendió.

“Estamos muy preocupados, con una sensación de mucha zozobra, tristeza. Porque siempre reconocemos que la relación con el gobierno de Córdoba fue siempre muy madura, de diálogo y con posibilidades de discutir. Siempre el gobernador Schiaretti tuvo un entendimiento hacia el sector productivo”, explicó Javier Rotondo, presidente de Cartez, una de las cuatro entidades que conforman la mesa de enlace provincial.

“Como mesa de enlace formamos parte de un espacio más amplio que se constituyó por todas estas situaciones tan particulares que vivimos últimamente y están allí distintos representantes de la producción cordobesa. Y tuvimos una ronda de consulta por este denominado aporte solidario para paliar los efectos del Covid. Hicimos una ronda con todas las fuerzas políticas que representan a Córdoba en la Cámara de Diputados manifestando nuestra preocupación. Y una de ellas fue con el diputado Carlos Gutiérrez. Y nos dijo que entendían que era un mal impuesto, que esperan que sea extraordinario y no para siempre y no como ocurrió en otras oportunidades en el país en donde llegaron impuestos por única vez y no se fueron más. Hoy tenemos más de 150 tributos, y un ejemplo claro para nosotros es el derecho de exportación. En 2001 había un default y 20 años después seguimos con la misma discusión”, dijo Rotondo.

Y agregó: “No vemos creíble por la historia, que sea por única vez, y además afecta directamente a la clase media y a la pyme porque grava a las personas que tienen 200 millones de pesos de capital”, enfatizó el presidente de Cartez.

Con respecto a la reunión con representantes de Córdoba Federal, Rotondo explicó que “vemos con mucha preocupación que el gobierno de Córdoba acompañe eso. Nos dicen que es por una cuestión de gobernabilidad y de la coyuntura difícil del país que lo votarán. Y nosotros, por esa buena relación que tenemos de mucho tiempo nos permitimos decirles que es una locura, que es una situación que va a atentar enormemente contra la provincia de Córdoba, más aún en esta crisis”, indicó.

Y luego cuestionó: “Escucho a todos los dirigentes políticos decir que de este momento se sale con más producción, con más exportación y más trabajo. Pero al mismo tiempo vemos cómo se usurpan tierras, se transfieren recursos de un eslabón a otro de las cadenas productivas como ocurrió con la baja de retenciones a la soja aplicadas a comienzos de mes, crean otro tributo a días de iniciar una nueva campaña agrícola. Por eso digo que las señales de la clase política van a contramano de lo que dicen”.

Y finalizó: “Eso hay que manifestarlo claramente. Y pone un manto de duda porque va sobre el patrimonio y no sobre ganancia”.

Fuerte repudio a la toma de tierras

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de la Regional Córdoba manifestó su “más enérgico rechazo a la creciente ola de usurpaciones de predios rurales”, y a la vez repudió la “inacción de los gobiernos, nacional y provincial”.

Mediante un comunicado que firman Agustín Pizichinni (Federación Agraria), Alejandro Butiero (Coninagro), Alejandro Ferrero (Sociedad Rural) y Javier Rotondo (Cartez), los dirigentes también calificaron como “vergonzosa la pasividad de jueces y fiscales”, al sostener que "no terminan de cumplir con su deber de hacer cesar de inmediato un delito flagrante continuo y creciente”.

Asimismo, consideraron que la “ocupación violenta” de los predios rurales “agrega una mayor cuota de angustia a la dificilísima situación social, económica y sanitaria que padecemos los argentinos”. “No es un conflicto entre privados. Es un accionar delictivo premeditado y organizado que debe cesar de inmediato”, reclamaron, y se manifestaron solidarios con los productores afectados por la situación que denuncian.