Las bajas responden al decreto 84/2023, a través del cual el Poder Ejecutivo estableció renovaciones por un período de tres meses a trabajadores contratados, mientras llevaba adelante auditorias
El presidente Javier Milei confirmó hoy que en los próximos días el Gobierno dará de baja los 70 mil contratos de empleados públicos que vencen el 31 de marzo.
El mandatario brindó la precisión en el IEFA Latam Forum, un foro económico con presencia de empresarios, donde encabezó el cierre del evento.
De inmediato, el titular del sindicato ATE, Rodolfo Aguiar, salió a responderle en la red social X: "Mire Presidente @JMilei, no va a poder despedir 70.000 estatales como a usted le gustaría. Hoy se multiplicaron las protestas en todo el país y la conflictividad en el Estado va a seguir en aumento", escribió.
"No es el despido, es la no renovación, no es lo mismo", intentan aclarar por los pasillos de Balcarce 50. Sin indicación específica, cada área le da su impronta a la hora de no comunicar a sus empleados las cesantías para cumplir con el recorte ordenado por el mandatario.
Las bajas responden al decreto 84/2023 publicado en el Boletín Oficial el pasado 23 de diciembre, a través del cual el Poder Ejecutivo estableció renovaciones por un período de tres meses a los trabajadores contratados, mientras, en paralelo, llevó adelante auditorias para relevar cada área y establecer el estado de situación de cada cartera.
Al respecto, Aguiar planteó en conversación con la agencia Noticias Argentinas que si la ministración libertaria no renueva el porcentaje que promete implicará el despido de "entre 14.000 y 21.000" trabajadores. Además, detalló que de los 71.000 empleados estatales en observación, 65.000 corresponden a vínculos laborales de los denominados Artículo 9 de la APN, y otros 6.000 de los conocidos como 1.109.
El titular de ATE prometió "profundizar el plan de lucha" y alertó sobre el creciente escenario de conflictividad social que calificó de "inevitable". "El Gobierno ha instalado una campaña de desprestigio con verdadero éxito. Caputo justifica los despidos diciendo que la gente espera que en el Estado quienes prestan servicio estén por vocación de servir. Según él, muchos están para hacer negocios… no vaya a ser cosa que el echado por la movilización popular sea él", completó el dirigente sindical.
"Nadie debe dudar acerca de que vamos a resistir cualquier posibilidad de que el Estado aparezca como garante del saqueo de todos nuestros recursos naturales, como pretende el Gobierno", anticipó Aguiar, y reveló que la CTA Autónoma, central de la que forma parte, pelea por un nuevo paro general.
Por último, afirmó que "son tiempos de resistir pero también de tener propuestas", por lo que prometió "seguir luchando y multiplicando las protestas para impedir cualquier cesantía ilegal e injustificada en el Estado".
Desde el viernes pasado, en algunas Unidades de Atención Integral (UDAI), dependencias de ANSES para atención del público, se inició un proceso de despidos en varias provincias del país e incluso cerraron algunas sedes.
A los despidos en Río Cuarto se sumaron las provincias de Buenos Aires, Chaco, Río Negro, Santa Fe y Jujuy.
La motosierra también llegó al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), con el despido de más del 30% de la planta de 400 empleados. Las bajas forman parte de la etapa inicial del plan de "adecuación" del organismo.
El Gobierno rescindió además contratos de 135 personas en la Agencia Nacional de Discapacidad, a través de una nota del titular, Diego Spagnuolo, y los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) esperan alrededor de 50 despidos.
