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Anticuarentena: la Justicia recordó que sigue persiguiendo a los instigadores

Tras las quejas de ciudadanos y hasta de opositores por las advertencias a quienes no respetaron las medidas sanitarias, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia aclaró que es el mecanismo legal vigente desde 2020

En la ciudad de Córdoba, se desató una inédita controversia por las notificaciones que la Policía Administrativa hizo llegar a los domicilios de quienes instigaron a violar, de cualquier manera, el decreto presidencial que dispuso un nuevo aislamiento social hasta el 30 de mayo. No solo los afectados directos se quejaron de que el hecho de ser advertidos en sus domicilios particulares constituía “un atropello” y un “avasallamiento”. Incluso, algunos dirigentes opositores se montaron a esos reclamos para denunciar que la fuerza “intimida con métodos autoritarios”.

Después del revuelo, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba emitió ayer un comunicado oficial en el que aclaró que fueron advertidas por agentes de Policía aquellas personas que de alguna manera u otra instigaron a violar las restricciones sanitarias vigentes en todo el país.

El órgano judicial informó que “desde el inicio de la emergencia sanitaria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, a principios del año 2020, con adhesión de nuestra provincia, ante el conocimiento de que persona/s, por cualquier medio, instiguen a la violación de las medidas sanitarias vigentes (a través de redes sociales u otros medios de difusión), los fiscales de Instrucción inician actuaciones”.

Intimaciones

Además, detalla que, “previa identificación de los presuntos infractores, efectúan a través de la Policía Administrativa, una intimación a los fines de hacer cesar su conducta, notificándoles las consecuencias penales y/o administrativas que acarrea su incumplimiento, conforme la normativa vigente”.

Finalmente, el comunicado del Ministerio Público Fiscal aclara que “dicha actuación es realizada dentro del marco de la normativa procesal y sustancial vigente”.

Toda la discusión pública del tema había comenzado el pasado martes en la ciudad de Córdoba, a partir de una publicación de la Red de Comerciantes Unidos. Los mercantiles fueron unos de los que participaron en la manifestación anticuarentena del reciente 25 de mayo, y algunos de ellos fueron luego advertidos por los agentes del orden.

Los emprendedores del sector privado lo dieron a conocer a través de sus redes sociales, dando origen a la -insólita- controversia.

Denuncia de la Red de Comerciantes Unidos

“Cristian Soria, Tamara Sternberg y Eugenia Gordillo fundaron en 2020 la Red de Comerciantes Unidos, desde donde el 22 de mayo de 2020 armamos el Cabildo Abierto y hoy un año después, convocamos a la marcha del #25M bajo la misma premisa: Queremos trabajar!”, detalla el texto, una suerte de comunicado en la página de Facebook de la organización.

Y proseguía: “Hoy (por el martes) a Cristian lo fueron a ‘notificar’ del DNU vigente, 2 patrulleros con 6 policías a su domicilio particular. Señores del Gobierno de Córdoba, sepan que no les tenemos miedo. La marcha se hizo igual y fue un éxito. Nosotros también queremos notificarles que abriremos nuestros negocios (lo hicieron ayer) con todos los cuidados y protocolos vigentes, como siempre”.

“Exigimos que los Legisladores y Concejales de la Ciudad de Córdoba debatan en sus recintos legislativos la adhesión a este DNU inconstitucional.Señores Legisladores, den la cara, den su apoyo a los cordobeses y no avalen ese DNU en la Legislatura. Defiendan a los comerciantes que solo pedimos trabajar”, concluía el comunicado.

Los dirigentes que se sumaron a las quejas

No solo los comerciantes protestaron y se quejaron de las advertencias de parte de los agentes policiales. Poco después de que se avivó la controversia, algunos dirigentes de la oposición aprovecharon para sumarse a la ola de descontento de una parte del sector privado.

Uno de los que tomaron nota de aquel malhumor fue el diputado nacional Mario Negri. Rápidamente, el presidente del Interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara Baja aludió al episodio y cuestionó al gobierno provincial.

“La Policía de Córdoba ‘visita’ a comerciantes en su domicilio particular para notificarlos del DNU que prohíbe desarrollar actividades no esenciales? ¿Qué es esa locura? El gobierno y el Ministerio Público Fiscal de Córdoba deben esclarecer este hecho de inmediato. Muy grave”, posteó Negri en su cuenta de Twitter.

“Métodos autoritarios”

En una segunda publicación, adjuntaba un video y lo presentaba como la supuesta “prueba de que la Policía de Córdoba intimida con métodos autoritarios a ciudadanos en sus propias casas para impedirles que trabajen. ¡Los cordobeses quieren trabajar para subsistir! La ciudadanía de Córdoba espera las explicaciones del gobierno provincial”.