Esta semana, el juez de Control Sebastián García Amuchástegui rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa y confirmó la elevación a juicio solicitada por el fiscal Gerardo Reyes. La causa fue iniciada a fines de 2023 por una mujer policía que denunció haber sido víctima de un ciclo sostenido de violencia física, psicológica y sexual a lo largo de una relación de dos años con el exfuncionario.
El expediente judicial incluye imputaciones por lesiones, amenazas, privación ilegítima de la libertad, hurto y abuso sexual con acceso carnal. Según la investigación, los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género caracterizado por una marcada asimetría de poder.
Frente a la decisión de la Justicia, el abogado defensor de Mosquera, Eduardo Ortiz Pellegrini, expresó públicamente su rechazo. En declaraciones al diario Puntal, afirmó: “El fundamento central de la apelación es que el llamado ‘contexto de violencia de género’ no puede convertirse en un estándar jurídico que reemplace la prueba objetiva que debe sostener toda acusación penal. En este caso, la única prueba existente es la palabra de la denunciante”.
El letrado también puso en duda los informes psicológicos que respaldan el testimonio de la víctima diciendo que “la llamada mirada de género implica una flexibilización del proceso probatorio porque se parte de la idea de que hay un sujeto más débil, pero esta mirada no reemplaza la prueba. Nuestros peritos discrepan con las conclusiones del informe oficial y consideran que no se puede hablar de victimización post-relación sin una base probatoria sólida”.
Además, Ortiz Pellegrini planteó que el caso debe ser comprendido como un conflicto de pareja. Según su versión, “Mosquera y esta mujer llevaron una convivencia de dos años, con casas separadas. En un determinado momento, él decide cortar con esa relación y retomar el vínculo con su esposa, madre de su hijo. Dos meses después, la denunciante lo acusa de abuso. Durante la convivencia no hubo ninguna denuncia ni indicio de violencia”.
El defensor concluyó señalando su preocupación por lo que considera un mal uso del enfoque de género en el sistema penal y consideró “esto le pasa a Mosquera y a muchos otros: estamos discutiendo si basta con la mera declaración de la supuesta víctima para mandar preso a alguien. Se está desvirtuando la finalidad de la ley y la mirada de género, y esto termina generando denuncias falsas con fines extorsivos en contextos de ruptura, tenencia o división de bienes”.
El expediente será remitido a la Cámara en lo Criminal y Correccional que resulte sorteada, donde se desarrollará el juicio oral. Cabe aclarar que la jurisprudencia nacional e internacional en materia de derechos humanos reconoce la validez del testimonio de la víctima como prueba suficiente para avanzar en este tipo de causas, sobre todo en delitos sexuales, donde no suelen existir testigos presenciales y el abuso ocurre en contextos de intimidad y desigualdad.
Si estás atravesando una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, podés comunicarte a la línea gratuita 144, disponible las 24 horas en todo el país. En Córdoba, también está disponible el Polo Integral de la Mujer, al 0800 888 9898 o presencialmente en Entre Ríos 680.
