Desde distintos frentes, la sociedad riocuartense está expresando su preocupación por la detención de Ezequiel Marclé, el contador de 29 años que quedó involucrado en un violento robo perpetrado el 5 de marzo en Banda Norte.
En la movilización del martes hubo quienes se manifestaron con ramilletes de perejil, como una manera de expresar el descontento por la medida judicial que mantiene detenido a Marclé desde el 29 de junio pasado.
A eso se agregaron ahora el fuerte aval hacia los familiares de Marclé de la Comisión Municipal de la Memoria, el monitoreo del caso por parte del Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC y una campaña de firmas en el sitio Change.org que ya bordea las 3 mil adhesiones bajo la consigna de lograr la inmediata liberación del profesional de destacada trayectoria académica y social.
La Comisión Municipal de la Memoria cuestionó la medida tomada por el fiscal de primer turno, Pablo Jávega, por la “llamativa escasez de pruebas y las serias deficiencias en la pesquisa”.
“Podríamos estar ante la presencia de un nuevo ‘perejil’ o chivo expiatorio, al que se achaca sin pruebas consistentes la comisión de un delito para cubrir la propia inoperancia y/o negligencia de la investigación policial/judicial”, señaló el comunicado.
Agregó que, en momentos que en el Congreso de la Nación debate una reforma judicial para terminar, entre otras cosas, con la arbitrariedad de las prisiones preventivas injustificadas, Río Cuarto vuelve a ocupar la atención nacional por privar de su libertad en forma arbitraria a un joven de reconocida trayectoria académica y sin ningún antecedente policial, bajo el único e improbable argumento de un supuesto riesgo de fuga.
Tras recordar los antecedentes de las detenciones de Gastón Zárate durante la causa Dalmasso y la reciente condena a Sergio Medina por el crimen de Claudia Muñoz, luego de que el fiscal reconociera no tener elementos de prueba para condenarlo, la Comisión Municipal de la Memoria instó al fiscal a ordenar la inmediata liberación de Ezequiel Marclé y permitirle defenderse de la acusación que pesa sobre él en libertad, con las garantías que le brindan la legislación vigente, la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
El Observatorio lo sigue de cerca
Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, por su parte, señalaron que están monitoreando de cerca el proceso judicial que se le sigue a Marclé, especialmente por tratarse de un miembro de la comunidad educativa.
“Estamos viendo qué situaciones pueden ser contrarias a las garantías del proceso, aún no nos expresamos públicamente porque tenemos que compatibilizar nuestra postura con la posibilidad de que el juez y el fiscal investiguen de manera independiente y sin presión, eso es muy importante en un proceso judicial”, dijo Lucía de Carlos, una de las asesoras legales de la Mesa de Seguridad.
Afirmó que la familia del contador les acercó todos los escritos a los que ellos pudieron acceder y eso les permitió constatar que el joven profesional estuvo más de 30 días detenido en la alcaidía de la Departamental, de los cuales 16 permaneció incomunicado.
“Eso es algo que no puede suceder. También hubo irregularidades en torno al allanamiento, ya que no le permitieron leer la orden de allanamiento y no quisieron dejarle una copia”, remarcó De Carlos.
Desde el Observatorio siguen con atención el desarrollo del proceso poniendo especial atención en que se meritúen de manera correcta las pruebas. “Por lo que dice la familia, sería poca la vinculación con el caso y no sería deseable que Ezequiel permanenzca detenido hasta el juicio”, dijo la letrada.
Sobre el dictado de la preventiva, De Carlos manifestó que no se tuvo en cuenta que se trata de una persona conocida en la comunidad, que cuenta con un trabajo estable y también se desestimó la propuesta de fianza que hicieron tanto el abogado Nicolás Rins como los propios familiares.
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