Un grupo de trabajadores municipales de Jesús María fue detenido por realizar una protesta a pesar del aislamiento obligatorio vigente.
La Fiscalía de esa ciudad ordenó ayer el arresto de 41 personas que participaban de la manifestación.
De acuerdo a la información suministrada desde el Ministerio Público Fiscal de la Provincia, el fiscal Guillermo Monti ordenó la medida procesal de las detenciones al tomar conocimiento que, ayer por la tarde, los empleados se encontraban reunidos en asamblea en las afueras de un obrador del municipio, deliberando y protestando por temas salariales.
Personal judicial y policial se acercó hasta el lugar para ordenar el cese de la reunión y, al no cumplir con lo solicitado, ordenó las detenciones por “violación a las medidas del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, establecidos mediante DNU por el gobierno nacional, además de observar que “la mayoría de ellos no respetaban el distanciamiento social, no utilizaban barbijos o tapabocas y algunos se encontraban jugando al fútbol en la vía pública”, detalla el texto oficial.
A los detenidos se los imputó por infracción al artículo 205 del Código Penal, que establece penas de seis meses a dos años de a las personas que violen medidas dictadas para impedir el introducción de una epidemia.
Los municipales de Jesús María vienen realizando medidas de protesta por la decisión del intendente Luis Picat, de suspender acuerdos salariales y otros beneficios no remunerativos durante la vigencia de la pandemia.
Un intendente imputado
Por otro lado, ayer se confirmó la imputación para el intendente de Cruz del Eje, Claudio Farías, por presunto incumplimiento al aislamiento obligatorio.
Además de Farías, la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES), a cargo en el norte cordobés de Fabiana Pochettino, también acuso al secretario de Desarrollo, Daniel Gordillo.
Tanto el intendente como Gordillo habrían participado de una fiesta, con karaoke incluido, durante el pasado 1º de mayo.
La irregularidad fue descubierta por la policía tras reiterados llamados anónimos de vecinos de Cruz del Eje.
La fiscal Pochettino tomó testimonios al menos a cinco vecinos y ordenó la imputación para los funcionarios municipales.
La investigación sigue su curso para tratar de identificar a las otras personas que acompañaban a las autoridades.