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El Municipio hará una denuncia contra Uber y siguen los controles a choferes

La ordenanza que reguló las apps de viajes se aprobó hace un año y medio, pero ni Uber ni Didi se inscribieron. El gobierno envió cartas documento y prepara una presentación judicial. También piden los carnets D1 a los conductores

Ya pasó casi un año y medio desde que se aprobó la ordenanza que habilitó y reguló las aplicaciones de viajes como Uber y Didi. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de esas dos plataformas se inscribió formalmente en la Municipalidad ni designó a un apoderado, dos de los requisitos clave que aparecen en la legislación local. Por eso, la Fiscalía Municipal ya envió una gran cantidad de cartas documento, especialmente a Uber, y está llevando adelante las medidas preparatorias para iniciar acciones legales contra la empresa.

“Estamos trabajando para llevarla a la Justicia”, declaró Ricardo Muñoz, fiscal municipal.

No es un trámite sencillo, detalló el funcionario. Principalmente porque Uber integra ese universo de empresas que son gigantes mundiales, pero no están en ningún lado: no fijan domicilio o lo van cambiando. “Emplazamos a distintos representantes de Uber pero constituían domicilio en lugares donde después no había nadie. Ellos tienen una política de no inscribirse; no es ni siquiera una cuestión económica sino que tienen la decisión de no someterse a las normativas municipales. Es una gran irresponsabilidad de la empresa frente a los riesgos que la actividad implica para las personas transportadas, para terceros; hay potencialmente cuestiones civiles y penales en juego”, detalló Muñoz.

Las plataformas deben inscribirse en el Registro que la Municipalidad constituyó específicamente para ese servicio; pero, además, están obligadas a constituir domicilio en la ciudad; a designar a un representante, apoderado o encargado de negocios responsable ante la Municipalidad; y, por último, a cumplir con aportar al Fondo de Movilidad Urbana, que representa el 1 por ciento de la comisión que la plataforma recibe por cada viaje.

Pocos meses después de la aprobación de la ordenanza hubo reuniones virtuales con representantes de Uber, incluso encuentros presenciales y la empresa anticipó que pensaba inscribirse. Sin embargo, después no volvió a haber novedades.

La única aplicación que está en una situación regular es Cabify, que tiene una operatoria menor en la ciudad. La más fuerte es Uber y en segundo lugar se ubica Didi, que tampoco está inscripta y de la que todavía existe menos información para intentar localizarla e intimarla.

El artículo 83 de la ordenanza que reguló las apps de viajes -la 132/24- determina que la inscripción es un requisito necesario para que puedan operar en Río Cuarto tanto la empresa como los choferes. Sin embargo, es una exigencia que no se está aplicando porque, en los hechos, los trabajadores de Uber hacen viajes aunque la plataforma no haya regularizado su situación.

Carnet y antecedentes

Sin embargo, lo que sí está controlando la Municipalidad es que los conductores de las aplicaciones cuenten con el carnet de conducir D1. Como se están haciendo operativos en las calles, hay choferes que volvieron a pedirles a los pasajeros que se sienten adelante y así reducir la posibilidad de que sean detenidos por los inspectores.

“No es difícil detectar un Uber por más que lleven a la gente adelante. Cuando tenemos la sospecha de que es un vehículo de plataforma, detenemos la marcha e indagamos de qué se trata. El vehículo de plataforma siempre tiene el teléfono ubicado en un lugar determinado. Incluso el chofer y el pasajero terminan asumiendo que el viaje se da en el marco de una plataforma”, manifestó Osvaldo Pringles, subsecretario de Tránsito y Transporte.

Pringles explicó que, para obtenerlo, el carnet D1 establece la exigencia de que el chofer presente un certificado de antecedentes penales tanto a nivel provincial como nacional. “Hacemos mucho hincapié en ese requisito en materia de seguridad”, dijo el subsecretario.

Agregó que cada vez más choferes están accediendo al D1. “El objetivo es ir ajustando esa situación”, declaró Pringles.

El funcionario indicó que la regularización de las plataformas se hace difícil para los municipios porque no existe un paraguas legal a nivel nacional. “Nos facilitaría mucho que la Nación tome partida en esta cuestión y que haya una ley nacional. Incluso los diputados que tenemos en Río Cuarto, más que nada los que integran el oficialismo, podrían hacer mucho para normalizar el uso de las plataformas en el país”, señaló el funcionario municipal.