Por primera vez en sus 41 años de vida, el exjefe de Investigaciones de la Policía de la Provincia Gustavo Oyarzábal pasará las fiestas de fin de año en la cárcel.
Río Cuarto |
Así lo acaba de confirmar la Cámara Federal de la Provincia de Córdoba, que rechazó el nuevo intento de su abogado defensor, Jorge Johnson, de hacer cesar la prisión preventiva que el juez federal Carlos Ochoa le impuso a Oyarzábal el 27 de junio de este año.
El exhombre fuerte de la Policía de la Provincia en Río Cuarto ya lleva diez meses de detención, pues la noche del 7 de febrero otros uniformados, los de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, irrumpieron en la vivienda donde estaba Oyarzábal y se lo llevaron a una celda.
El operativo causó sorpresa no sólo dentro de las filas policiales, sino a toda una ciudad que veía cómo el jefe que hasta unos días antes tenía a cargo investigar el crimen del zar de la droga Claudio Torres, ahora estaba sospechado de proteger y encubrir a la banda que encabezaba el propio Torres.
Con esos antecedentes y teniendo en cuenta la gravedad del delito que se le imputó a Oyarzábal, los jueces de la Cámara Federal Eduardo Ävalos, Ignacio María Vélez Funes y Graciela Montesi confirmaron la negativa del juez Ochoa a excarcelar a Oyarzábal, en la causa conocida como “narcolavado”.
El exfuncionario policial está imputado de ser partícipe necesario del delito de organización y financiamiento de actividades propias del narcotráfico, agravado por la intervención de 3 o más personas y -no es un dato menor- por su condición de funcionario público a cargo de prevenir y perseguir el delito que se le atribuye.
¿Por qué los jueces le denegaron el nuevo intento de salir de prisión? Porque evaluaron que podía entorpecer una investigación que aún sigue en pleno curso y, por otro lado, podría intentar fugarse teniendo en cuenta que de ser condenado recibirá una pena de prisión efectiva.
Así lo dijo la Cámara Federal en el fallo al que tuvo acceso Puntal: “Cabe destacar que si bien Gustavo Osvaldo Oyarzábal habría manifestado poseer actividad laboral lícita como oficial retirado de la Policía de la Provincia de Córdoba y actualmente como chofer de un remís, lo cierto es que a lo largo de la instrucción se habría corroborado que Oyarzábal, aprovechándose de su calidad funcional, habría utilizado los contactos a los que habría accedido en el marco de dicha labor policial, para así obtener y proporcionar datos que podrían ser de interés para los miembros de la estructura delictiva investigada, tales como información relativa a fuerzas de seguridad que podrían estar investigándolos, eventuales procedimientos que se podrían llevar a cabo en sus domicilios, o bien, interesándose de manera particular por los mismos; lo que habría generado diferentes efectos negativos en la investigación”.
No es el único argumento de la Cámara, en el mismo fallo agregan: “Gustavo Osvaldo Oyarzábal ha sido funcionario público -retirado recientemente de sus funciones-, perteneciente a las fuerzas de seguridad como jefe de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, razón por la cual podría suponerse que cuenta con los recursos necesarios a los fines de procurar su fuga y/o entorpecer la investigación que se sigue en su contra”.
A los jueces tampoco se les escapó los últimos episodios en la causa como la detención de Cristian Ortiz, el prófugo más buscado en el “narcolavado”. “No puedo dejar de valorar el hecho de que la instrucción aún no se encuentra clausurada –tal como lo ha sostenido el juez instructor- restando medidas probatorias de producirse, por lo que, en la actualidad, existe riesgo de que el imputado en libertad pueda obstaculizar el accionar de la Justicia. Máxime si se tiene en cuenta que en autos principales aún se encuentra prófugo, con pedido de captura vigente, el coimputado Jonathan Palacios. Mientras que Cristian Fabián Ortiz fue hallado recientemente luego de estar varios meses prófugo de la Justicia”.
Alejandro Fara. Redacción Puntal
El exhombre fuerte de la Policía de la Provincia en Río Cuarto ya lleva diez meses de detención, pues la noche del 7 de febrero otros uniformados, los de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, irrumpieron en la vivienda donde estaba Oyarzábal y se lo llevaron a una celda.
El operativo causó sorpresa no sólo dentro de las filas policiales, sino a toda una ciudad que veía cómo el jefe que hasta unos días antes tenía a cargo investigar el crimen del zar de la droga Claudio Torres, ahora estaba sospechado de proteger y encubrir a la banda que encabezaba el propio Torres.
Con esos antecedentes y teniendo en cuenta la gravedad del delito que se le imputó a Oyarzábal, los jueces de la Cámara Federal Eduardo Ävalos, Ignacio María Vélez Funes y Graciela Montesi confirmaron la negativa del juez Ochoa a excarcelar a Oyarzábal, en la causa conocida como “narcolavado”.
El exfuncionario policial está imputado de ser partícipe necesario del delito de organización y financiamiento de actividades propias del narcotráfico, agravado por la intervención de 3 o más personas y -no es un dato menor- por su condición de funcionario público a cargo de prevenir y perseguir el delito que se le atribuye.
¿Por qué los jueces le denegaron el nuevo intento de salir de prisión? Porque evaluaron que podía entorpecer una investigación que aún sigue en pleno curso y, por otro lado, podría intentar fugarse teniendo en cuenta que de ser condenado recibirá una pena de prisión efectiva.
Así lo dijo la Cámara Federal en el fallo al que tuvo acceso Puntal: “Cabe destacar que si bien Gustavo Osvaldo Oyarzábal habría manifestado poseer actividad laboral lícita como oficial retirado de la Policía de la Provincia de Córdoba y actualmente como chofer de un remís, lo cierto es que a lo largo de la instrucción se habría corroborado que Oyarzábal, aprovechándose de su calidad funcional, habría utilizado los contactos a los que habría accedido en el marco de dicha labor policial, para así obtener y proporcionar datos que podrían ser de interés para los miembros de la estructura delictiva investigada, tales como información relativa a fuerzas de seguridad que podrían estar investigándolos, eventuales procedimientos que se podrían llevar a cabo en sus domicilios, o bien, interesándose de manera particular por los mismos; lo que habría generado diferentes efectos negativos en la investigación”.
No es el único argumento de la Cámara, en el mismo fallo agregan: “Gustavo Osvaldo Oyarzábal ha sido funcionario público -retirado recientemente de sus funciones-, perteneciente a las fuerzas de seguridad como jefe de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, razón por la cual podría suponerse que cuenta con los recursos necesarios a los fines de procurar su fuga y/o entorpecer la investigación que se sigue en su contra”.
A los jueces tampoco se les escapó los últimos episodios en la causa como la detención de Cristian Ortiz, el prófugo más buscado en el “narcolavado”. “No puedo dejar de valorar el hecho de que la instrucción aún no se encuentra clausurada –tal como lo ha sostenido el juez instructor- restando medidas probatorias de producirse, por lo que, en la actualidad, existe riesgo de que el imputado en libertad pueda obstaculizar el accionar de la Justicia. Máxime si se tiene en cuenta que en autos principales aún se encuentra prófugo, con pedido de captura vigente, el coimputado Jonathan Palacios. Mientras que Cristian Fabián Ortiz fue hallado recientemente luego de estar varios meses prófugo de la Justicia”.
Alejandro Fara. Redacción Puntal
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