Narcolavado: para el juez, se terminó la instrucción y busca la elevación a juicio

El juez federal Carlos Ochoa considera terminada la etapa de instrucción en la causa del Narcolavado, y días atrás giró el expediente a la Fiscalía Federal de Río Cuarto para que resuelva sobre la elevación a juicio. Después de la confirmación de un total de ocho procesamientos a mitad de año, la emblemática causa por tráfico de estupefacientes y lavado de activos entra ahora en etapas definitorias.

En los últimos días de noviembre, el juez federal de Río Cuarto dio por terminada formalmente la tarea de instrucción de la causa del Narcolavado y le pidió a la Fiscalía que resuelva sobre la elevación a juicio.

Así lo confirmó la secretaria penal del Juzgado Federal, Lucía Storani: “Hace pocos días, se corrió vista a la Fiscalía Federal. Es una vista parcial, porque es una causa muy compleja, muy grande”, señaló en diálogo con FM Libre.

“Como ustedes saben, hay varias personas involucradas, y muchas de ellas están procesadas. La Cámara de Apelaciones confirmó esos procesamientos y dictó algunas faltas de mérito y una anulación. De las personas procesadas, se corrió una vista para que la Fiscalía, si así lo considera, pueda pedir la elevación a juicio”, apuntó la funcionaria judicial.

A la espera de la resolución

Se espera ahora la resolución de la Fiscalía Federal de Río Cuarto, y de eso depende cómo será el avance de la causa en el corto plazo.

Para el juez federal Carlos Ochoa, todo está listo para enviar a juicio a los ocho procesados de la causa del Narcolavado.

“El fiscal puede pedir la elevación a juicio para todas esas personas sobre las cuales consideramos que está concluida la etapa de instrucción”.

La funcionaria judicial explicó que el envío del expediente al fiscal se hace conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación. En el artículo 346, indica que “cuando el juez hubiere dispuesto el procesamiento del imputado y estimare completa la instrucción, correrá vista sucesiva a la parte querellante y al agente fiscal”.

Complementariamente, el artículo 347 establace que “la parte querellante y el agente fiscal manifestarán al expedirse: 1°) Si la instrucción está completa o, en caso contrario, qué diligencias considere necesarias. 2°) Cuando la estimaren completa, si corresponde sobreseer o elevar la causa a juicio”.

¿Juicio en 2021?

Consultada acerca de cuáles podrían ser los plazos para la sustanciación del juicio, o si eventualmente se podría realizar en 2021, Storani indicó que es difícil hacer pronósticos.

“No podemos saber cuándo se podría estar sustanciando este juicio. No lo puedo decir. Este es un año atípico, en el que se trabajó de forma ardua en todos los juzgados y los tribunales, pero también se presentaron situaciones que han impedido los avances normales”, explicó.

De todas maneras, estamos hablando de una causa donde hay muchas personas que se encuentran privadas de la libertad, lo cual le imprime a todo el proceso mucha premura y rapidez.

Se está trabajando, pero no podemos estimar cuándo se podría estar llevando a cabo el juicio. Lo que puedo decir es que está en una etapa donde se encuentra a vista del fiscal, que está estudiando el caso para determinar si pide una acusación y la elevación a juicio.

Uno a uno, todos los procesados en la megacausa de drogas

El 24 de julio de 2020 se conoció la resolución de la Cámara Federal de Córdoba que avaló los procesamientos de Gabriel Bossi, Andrés Hernán Rivarola, Mariano Martín Rivarola, Cristian Andrés Berti, Jonathan Jesús Monserrat, Gabriela Sueli Suárez, Cristian Andrés Schiarolli y Mario César Battistini.

Por otro lado, revocó el procesamiento de Hernán Eduardo Domínguez y determinó falta de mérito para su procesamiento.

También revocó el procesamiento con prisión preventiva de Víctor Ariel Cortez, que estaba acusado de lavado de activos de origen delictivo agravado por haber sido cometido con habitualidad.

La investigación por el “narcolavado” comenzó en 2014, pero explotó el 16 de enero de 2019, cuando el jefe de la banda, Claudio Torres, fue acribillado a balazos en la puerta de su casa.

La organización usaba como pantallas la venta de autos, un local gastronómico, un lavadero y un quiosco.

La Justicia secuestró bienes por 450 mil dólares, más 2,6 millones de pesos, 87 mil dólares en efectivo, títulos y joyas.

La pesquisa judicial no estuvo exenta de dificultades. Después de tener serios problemas con agentes de la Policía Federal y de Gendarmería, el juez Ochoa terminó utilizando a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para llevar a cabo las tareas de la instrucción.

De hecho, dos de los gendarmes que iniciaron la investigación de la banda de Torres fueron involucrados por escuchas telefónicas en otra causa de narcotráfico y terminaron presos.