El caso, que conmocionó a la sociedad cordobesa y dejó una huella profunda en el sistema de salud provincial, se centra en la muerte de al menos cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio de 2022, cuyos decesos fueron provocados por dosis letales de potasio administradas intencionalmente. La causa también apunta a la negligencia de varios funcionarios de la salud, que no habrían tomado las medidas necesarias para evitar que los crímenes se repitieran.
Diego Cardozo: "Los bebés fueron atacados intencionalmente"
El exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, amplió su declaración, negando enfáticamente haber tenido conocimiento de las muertes de los recién nacidos antes del 7 de junio de 2022. Cardozo, imputado de encubrimiento doblemente agravado, sostuvo que, en cuanto fue informado de los hechos, actuó rápidamente para evitar más tragedias, pero también dejó claro que no acepta la imputación que lo vincula a los crímenes.
Según su relato, la primera vez que se enteró de las muertes fue cuando un grupo de funcionarios del Ministerio de Salud le informó sobre dos bebés fallecidos y otros dos en estado crítico. "Me dijeron que existían ‘inconsistencias’ en los casos, y pregunté si se habían hecho las denuncias correspondientes", relató. Ante esta situación, el exfuncionario provincial aseguró que dio instrucciones inmediatas: ordenar una investigación interna, revisar los protocolos del hospital y realizar una denuncia penal a través del área legal.
Cardozo insistió en que nunca hubo una sospecha de ataque intencional hasta esa fecha, y refirió que a partir de su intervención, no se volvieron a registrar casos de muertes dudosas. Durante su declaración, también expresó sus disculpas hacia las madres de los bebés fallecidos, reconociendo que lamentaba no haber podido recibirlas y escucharlas en el momento de la crisis, aunque aclaró que esa decisión "no dependía de él".
En un momento particularmente emotivo, el exministro recordó su diagnóstico de cáncer de pulmón, revelando que no sabe cuánto tiempo le queda de vida. "Lo único que me queda es la dignidad", afirmó, subrayando su lucha por demostrar su inocencia antes de su muerte.
"No tengo dudas de que los bebés fueron atacados intencionalmente", sostuvo Cardozo, afirmando que las casualidades no existen cuando se presentan varios casos mortales en tan poco tiempo. Sin embargo, también reconoció que no cree que el personal de salud en el hospital haya sospechado de un comportamiento criminal antes de esa fecha, señalando que los médicos están formados para salvar vidas, no para pensar en criminalidad.
Liliana Asís: "No sospeché de una conducta criminal"
Por su parte, Liliana Asís, exdirectora del Hospital Materno Neonatal, amplió su declaración sobre los hechos y también negó cualquier conocimiento sobre conductas criminales dentro de la institución. Asís está imputada de encubrimiento agravado, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionaria pública, entre otros cargos. A lo largo de su testimonio, enfatizó que nunca sospechó de ninguna conducta ilícita relacionada con las muertes de los recién nacidos, y que los procesos dentro del hospital seguían los protocolos establecidos para la atención neonatal.
La exdirectora aseguró que su primera hipótesis, cuando se enteró de las muertes, fue que se trataba de una reacción adversa a la vitamina K, un medicamento comúnmente utilizado en recién nacidos. Recordó que, ante esa posibilidad, se ordenó retirar los lotes de vitamina K y solicitar análisis a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT). Sin embargo, la doctora Asís afirmó que nunca recibió respuesta de ANMAT, lo que provocó un vacío en las investigaciones y evitó que se tomaran otras medidas a tiempo.
En su declaración, Asís también subrayó que, a pesar de los errores que pudiera haber cometido en su gestión, nunca actuó con mala fe. Lamentó profundamente la situación de las familias afectadas, y manifestó que la muerte de un bebé nunca es algo que un médico o enfermero pueda "acostumbrarse" a ver.
El cierre del juicio y la sentencia esperada
Además de la enfermera Brenda Agüero, Cardozo y Asís, otros 8 exfuncionarios y profesionales del Ministerio de Salud de la Provincia son acusados por distintos delitos como omisión de deberes de funcionario público; encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público, y falsedad ideológica reiterada. En paralelo, los imputados enfrentan una serie de demandas civiles que buscan indemnizar a las familias de las víctimas.
El caso ha dejado en evidencia una serie de fallas estructurales en el sistema de salud de la provincia, lo que ha generado un debate sobre las responsabilidades políticas y administrativas que permitieron que estos hechos ocurrieran sin ser detectados a tiempo.
Ahora restan los alegatos de cada una de las partes y esperar hasta el 2 de junio, día en que se prevé que los jueces determinen la responsabilidad de los imputados y las penas correspondientes en uno de los casos más complejos y dolorosos de la historia reciente de la justicia cordobesa.
El veredicto será un momento crucial no solo para los imputados, sino también para las familias que aún esperan respuestas y, sobre todo, Justicia.
