“Yo no fui. No sé qué pasó en el Neonatal. Nunca le hice daño a una persona, mucho menos a un bebé”. Brenda Agüero volvió a hablar. Lo hizo con tono calmo, vestida con ropa deportiva, en una sala cargada de tensión. Frente al tribunal y a los jurados populares, la exenfermera acusada de matar a cinco recién nacidos y de intentar asesinar a otros ocho, tomó el micrófono por última vez antes del inicio de los alegatos en uno de los casos más estremecedores que haya enfrentado el sistema judicial de Córdoba.
Con su exposición, Agüero marcó el cierre de la etapa testimonial y de prueba en este proceso que comenzó en enero y que ya lleva más de 30 audiencias. La jornada de este martes, además de su palabra, incluyó las declaraciones de Mariana Figueroa, exasesora legal del Ministerio de Salud, y de la médica Marcela Quaglia. El miércoles será el turno de dos nombres clave en el entramado institucional: el exministro de Salud Diego Cardozo y la exdirectora del hospital Liliana Asís.
“Me mataron en vida”, dijo Agüero en uno de los tramos más crudos de su intervención. “Llevo casi tres años detenida por algo que no cometí. Si algún día tengo la suerte o la bendición de salir, afuera tengo una vida arruinada. La sociedad ya me condenó”. Su declaración, de unos 20 minutos, fue parte de una estrategia definida por sus abogados defensores Gustavo Nievas y Juan Manuel Riveros: hablar sin aceptar preguntas del tribunal, ni del Ministerio Público Fiscal ni de las querellas.
La enfermera evitó referirse puntualmente a los 13 casos por los que está imputada. Prefirió insistir en su inocencia, criticar los modos de la fiscalía y hacer énfasis en los testimonios que, según ella, fueron erróneos o directamente falsos. También hizo lugar al costado más íntimo y emocional del juicio: explicó por qué se la ha visto sonreír en algunas audiencias. “Lo hago por mi mamá. Es todo para mí. Sonrío para que vea que estoy bien”, dijo con lágrimas en los ojos.
El caso que conmocionó a Córdoba se remonta a entre marzo y junio de 2022, cuando al menos cinco bebés murieron y otros ocho sufrieron graves descompensaciones tras nacer en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo. La investigación judicial determinó que las víctimas habrían recibido inyecciones de potasio en dosis letales, lo que generó cuadros de hiperpotasemia imposibles de revertir. Brenda Agüero, entonces enfermera del centro obstétrico, fue detenida en agosto de ese año y desde entonces permanece en prisión preventiva.
A lo largo del juicio, además de Agüero, están siendo juzgados otros diez exfuncionarios provinciales. Entre ellos, el exministro Diego Cardozo, la exdirectora Liliana Asís, y la exjefa de enfermería, Alicia Ariza. Todos están acusados por encubrimiento, omisión de deberes de funcionario público y otras responsabilidades en la cadena de decisiones institucionales que, según los fiscales, impidieron actuar a tiempo y evitar nuevas muertes.
En otro tramo, Agüero expuso una de las líneas centrales de su defensa: que el centro obstétrico del hospital tenía un tránsito constante de entre 15 y 20 personas, y que no existía un control estricto de ingresos. Incluso mencionó que dentro del personal había “varias Brendas”, en alusión a una madre que dijo reconocerla por su nombre. “Se ha intentado presentar como sospechoso que era estudiosa, dedicada, buena compañera. Como si ser una buena profesional fuera algo raro”, lamentó.
El juicio transita ahora su recta final. A partir del 28 de abril comenzarán los alegatos. Primero hablarán los fiscales de Cámara, Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini. Luego lo harán los querellantes particulares, 14 en total, y finalmente las defensas. Para fines de mayo está previsto que los acusados y los familiares de las víctimas puedan expresar sus “últimas palabras” ante el tribunal. La sentencia será leída el 2 de junio, en un acto que, se anticipa, tendrá una fuerte repercusión social y mediática.
En paralelo al proceso penal, también se tramitan 29 demandas civiles contra los imputados y contra el Estado provincial. La causa no sólo apunta a esclarecer los crímenes, sino también a exponer las fallas estructurales del sistema de salud y las posibles responsabilidades políticas que permitieron que los hechos se repitieran durante meses sin consecuencias.
