Se frenaron más de 2.100 obras públicas a partir de diciembre

Entre fines de 2023 y el último dato disponible en febrero pasado, quedaron en el camino 2.117 obras públicas en la Argentina, proyectos que dejaron de ser financiados con fondos nacionales.

Las cifras surgen de la documentación estatal. A fines de 2023, había 2.417 obras en ejecución con recursos nacionales. En febrero pasado, esa cifra cayó a 300 proyectos. Es una caída del 87,6%, según figura en el Banco de Proyectos de Inversión Pública.

El recorte del gasto en obra pública, traducido como transferencias de capital, alcanzó el 82,3% en términos reales hasta febrero pasado, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap). Esta reducción fue una de las claves del gobierno de Javier Milei para obtener superávit financiero en los primeros dos meses del año.

Los números citados analizan el desarrollo de obras de alta y pequeña envergadura, así como también compra de equipamiento.

“Se prioriza terminar con obras estratégicas que tengan que ver con seguridad vial, cárceles, control de inundaciones y que a su vez sean de envergadura e importancia nacional.”, describió una fuente de la Secretaría de Obras Públicas.

Según detalló el Ministerio de Economía, en febrero los gastos de capital ascendieron a $ 80.579,1 millones. En enero, $ 77.104,7 millones. Por lo tanto, en lo que va del año estas erogaciones sumaron $ 157.683,8 millones. Es decir, un 34,8% menos en términos nominales comparado con el mismo período de 2023. En términos reales, la caída supera el 80%.

Antes de su llegada al poder, el por entonces candidato Milei, anticipaba que en su gestión no iba a haber obra pública y apoyaba el modelo chileno. De hecho, catalogaba a la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) como “Cámara Argentina de la corrupción”.

Una vez instalado en la Casa Rosada, fue el ministro de Economía, Luis Caputo, el que anunció que “no hay plata para pagar más obra pública”. Dos meses después, el Gobierno oficializó la eliminación del Ministerio de Infraestructura tras la salida de Guillermo Ferraro y la Secretaría de Obras Públicas quedó a cargo de quien dijo que no hay más fondos para ellas: Caputo.

El 4 marzo, las autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción se reunieron con el Presidente. En un comunicado oficial, la entidad empresaria celebró dicha instancia de diálogo luego de haber declarado el “estado de emergencia” del sector el 1 de febrero. En ese entonces, habían pasado tan solo 52 días del nuevo gobierno. En aquella oportunidad, la CAC alertó sobre “una crisis extrema” que podría derivar en “la destrucción del entramado productivo y en más de 200.000 despidos”.

Eliminar el déficit fiscal fue catalogado por el Presidente como “la madre de todas las batallas”. Incluso, la versión original del proyecto ómnibus estipulaba facultar al Poder Ejecutivo para disponer “por razones de emergencia la renegociación o, en su caso, rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública Nacional”.

Sin “ley ómnibus”, pero con superávit financiero, el recorte en la obra pública funcionó como una tijera efectiva sobre las cuentas del Estado.

El superávit financiero del primer bimestre llegó acompañado por una caída de las transferencias a las provincias, que explican buena parte de la reducción del 82,3% del gasto de capital. En términos reales, el ajuste en este segmento alcanzó el 92,4%, según analizó Asap.

A su vez, el estudio aludido califica como “significativa” la contracción en jubilaciones y pensiones, cuyas partidas disminuyeron 34,8% en términos reales en los primeros dos meses del año.

Pese al freno en la obra pública, la semana pasada la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) abrió los sobres para licitar el último tramo de la reversión del Gasoducto del Norte, el proyecto de infraestructura más importante del año. Cumpliría la función de cambiar el flujo del gas y reemplazar las importaciones de Bolivia por la producción en Vaca Muerta, motivo que el Gobierno consideró lo suficientemente “estratégico” para que el avance del pliego no se detenga.

La ampliación del Gasoducto Néstor Kirchner es otra de las obras públicas importantes. En octubre de 2023, la Secretaría de Energía anunció que aprobaba la licitación para la compra de caños del tramo II, que conecta a la ciudad de Salliqueló, al sur de la provincia de Buenos Aires, con la de San Jerónimo, en Santa Fe.

El Conicet reclamó dar marcha atrás con nuevas cesantías en el organismo

El directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) publicó un duro comunicado ante la orden de la Casa Rosada de recortar empleos en el organismo.

"Pedimos que todos los agentes cesanteados sean reincorporados", indicó en la publicación, después de una reunión que sus integrantes mantuvieron ayer.

El organismo está presidido por el investigador y el mayor experto en clonación de la Argentina, Daniel Salamone, designado por Javier Milei, y lo integran ocho miembros propuestos por investigadores, universidades y sectores del agro y la industria.

"EI Conicet cuenta con 1.600 empleados administrativos y técnicos que son esenciales para el normal funcionamiento de las carreras de investigador, de 12.150 miembros; del personal de apoyo, de 3.050 miembros; y de 10.900 personas que con becas doctorales y posdoctorales se forman en tareas de investigación científica y tecnológica, que constituyen el futuro de la ciencia nacional y del desarrollo federal del país", afirma el directorio en el comunicado.

"Estos nuevos despidos se suman a los ya formalizados en enero pasado. Por consiguiente, sumado al repudio actual, pedimos que todos los agentes cesanteados sean reincorporados dado que su baja no se debió a defectos en su contratación, ni a la irrelevancia de las tareas que desempeñaban", remarcan los científicos. Se refieren a la anticipada limitación de los contratos que vencen el 31 de marzo.

Y por otro lado, señalan: "La recepción en forma verbal de una orden de reducir la planta de personal basada en un porcentaje arbitrario de esta es la antítesis de una decisión basada en evaluaciones de desempeño o en criterios de razonabilidad y pertinencia de las tareas que se realizan, careciendo además de la mínima formalidad que requiere un organismo público para su gobernanza".

El comunicado fue publicado en las redes sociales por Daniel Filmus, exministro de Ciencia y Tecnología de Alberto Fernández.