El detalle de la ley de biocombustibles que impulsa el Gobierno en Diputados

Hace una semana, el oficialismo presentaba algunas pinceladas sobre el proyecto de ley de biocombustibles que impulsaría en la Cámara de Diputados, en el que se destacó la baja en el corte obligatorio que rige actualmente para las empresas petroleras, que están obligadas a introducir un 10% de biodiésel por litro de gasoil y un 12% de bioetanol por litro de nafta. Esos porcentajes bajarían al 5% y 10% respectivamente, según la propuesta que explicitó el diputado santafesino Marcos Cleri en la reunión de Comisión de Energía de la Cámara Baja, que contó con la presencia del secretario de Energía de la Nación, el neuquino Darío Martínez. Ese fue uno de los datos políticos sobresalientes: no fue el secretario sino un diputado el que avanzó con los primeros datos sobre lo que planifica el oficialismo en Diputados.

El segundo dato político fue que la intención va a contrapelo de lo que hizo el Senado, que en octubre decidió votar por unanimidad la prórroga de la ley por 4 años para tener ese plazo para debatir un nuevo marco normativo para el sector. Los propios senadores del oficialismo insistieron en los últimos días en que Diputados ratifique lo de la Cámara Alta y sugirieron que desactiven el nuevo proyecto cuando faltan apenas 43 días para que se venza el actual marco regulatorio y, si eso ocurre, las productoras de biocombustibles quedarían sin mercado porque las petroleras dejarían de estar obligadas a aplicar el corte.

Lo cierto es que no sólo establece una baja en la participación de biocombustibles en los surtidores, sino que el proyecto del oficialismo establece diferenciación entre productoras de etanol de acuerdo a su materia prima (caña de azúcar y maíz) y también entre el tamaño de cada una (pymes y no pymes).

Según trascendió, la caña de azúcar no tendría cambios debido a que “esa materia prima no tiene otro mercado como opción”, explican desde el oficialismo. Y agregan que “si la caña deja de ir al etanol y tiene que destinarse a producir azúcar, se volcaría medio millón de toneladas de ese producto en un mercado de 1,5 millón, con lo cual se destruiría por sobreoferta y el azúcar tendría un precio de quebranto para los ingenios”. Entre los impulsores del producto aseguran que el caso del maíz es distinto.

Sin embargo, en Córdoba advierten que esa definición pone en riesgo de cierre al menos a dos de las tres grandes plantas que hay en la provincia porque la producción de etanol a base de maíz tendría un golpe muy fuerte. Es que actualmente el 12% de alcohol está aportado en partes iguales por caña y maíz, pero si no se toca la cuota correspondiente a los ingenios, se supone que el 2% que se pierde sería de las etanoleras de maíz, que dejarían de abastecer el 6% y se quedarían con el 4%. Pero a su vez, el proyecto establece que la prioridad la tendrían las pymes que elaboran menos de 90 mil metros cúbicos al año. De allí que las plantas de AcaBio y Promaíz corren riesgo de cierre.

Hay otro dato que enciende alarmas: sólo podrán participar del mercado las plantas que hayan estado en funcionamiento al 31 de diciembre pasado. Lo que implica que se cae la posibilidad de nuevas inversiones y hasta estaría el riesgo de concentración de oferta si algunas de las actuales deja de operar.

También hay una mención extra al corte: podría bajarse si se considera que la materia prima ejerce presión sobre el precio final de los combustibles. En las plantas de etanol y biodiésel temen que eso sea un recurso frecuente de las petroleras para comprarles menos volúmen y agravar su ecuación.

Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal