Río Cuarto | PAMI | negociación | desalojos

Esperan negociar un nuevo contrato y evitar el desalojo del Pami local

Mateo Imberti, abogado de la propietaria del edificio de Alvear 842, indicó que sería conveniente para las dos partes que la nueva conducción de la obra social negocie renovar el alquiler y frene así el proceso judicial

Desde ayer comenzó a correr el plazo que estableció la Justicia Federal: el Pami tiene 15 días hábiles para desalojar la sede que desde hace años ocupa en la calle Alvear 842. La resolución del juez Carlos Ochoa fue producto de una demanda de desalojo que inició la dueña del edificio porque la obra social de los jubilados acumuló 16 meses sin contrato de alquiler.

Ayer, el día en que Puntal publicó que había salido la orden de desalojo se conoció que una nueva conducción, encabezada por el contador Ricardo Scattolini, asumió en el Pami local en reemplazo de Fernando Bossio. Los representantes legales de la propietaria del edificio esperan que sea la oportunidad para negociar un nuevo contrato y normalizar la situación.

“Creo que ambas partes se beneficiarían con la celebración de un nuevo contrato de locación. La designación de un nuevo conductor en la delegación riocuartense nos da esperanza, una pizca de optimismo con relación a iniciar nuevas negociaciones porque con la gestión anterior se había fracasado. De nuestra parte, somos optimistas de que se va a aprovechar ese plazo para reflotar las negociaciones y llegar a un nuevo contrato”, manifestó Mateo Imberti, uno de los abogados que representan a la propietaria del inmueble.

El abogado dijo que la situación los sorprendió, principalmente porque es inédito que se ordene desalojar a una delegación regional completa porque se venció el alquiler.

El contrato venció el 31 de octubre de 2022 y, a pesar de los intentos de la propietaria, nunca se consiguió cerrar un acuerdo con la gestión anterior.

“La verdad es que estamos todos sorprendidos. Comenzamos con las gestiones desde mediados del año pasado para llegar a un acuerdo. La propietaria ya había comenzado con tratativas para renovar el contrato antes de que se venciera. Y cuando se tomó la decisión de iniciar la acción judicial de desalojo nos tomó por sorpresa a todos. En realidad, ya veníamos sorprendidos por la falta de respuesta de la conducción del organismo”, dijo Imberti.

El contrato venció el 31 de octubre de 2022 y, desde entonces, se iniciaron conversaciones para firmar un nuevo vínculo pero la conducción del Pami osciló entre el desinterés y la intención de pagar una cifra muy inferior al valor de mercado.

Por eso, la propietaria decidió recurrir a la Justicia. Imberti señala que la situación actual se debe a una actitud de desidia de la gestión anterior: “Sin ánimo de echar culpas, la falta de respuesta a muchas de las notas que habíamos cursado al Pami, la carta documento que remitimos y los constantes llamados telefónicos hablan de la predisposición de la propietaria a firmar un nuevo contrato. Por lo tanto, haber llegado a esta instancia tiene algo de desidia”.