Río Cuarto | PAMI

Pami aplica recortes para diálisis y hay preocupación

La Asociación de Hemodiálisis de la Provincia advirtió que la obra social determinó ajustes de entre el 10 y el 15 por ciento en los pagos. Hay 35 mil personas afectadas.
 
El Pami decidió aplicar un recorte para los tratamientos de diálisis, lo que generó preocupación y una advertencia de parte de las instituciones que son prestadoras. La Asociación de Hemodiálisis y Trasplantes Renales de la Provincia señaló que en todo el país hay 35.000 afiliados de la obra social nacional en riesgo y que la decisión afectará gravemente tanto a las instituciones médicas como a los pacientes.

Según indicaron desde la asociación, los recortes aplicados por el Pami oscilan entre el 10 y el 15 por ciento sobre el valor de las prestaciones, lo que deja a algunas instituciones, fundamentalmente las de menor tamaño, en una situación sumamente comprometida.

“La disminución presupuestaria pone en riesgo la continuidad de la prestación en una importante cantidad de pacientes de Pami, quienes padecen insuficiencia renal crónica terminal. Estos pacientes necesitan indefectiblemente realizarse tres sesiones de diálisis semanales, de 4 o 5 horas cada sesión. Durante dicho tratamiento, el paciente recibe no solamente la atención médica del nefrólogo sino también el apoyo del equipo multidisciplinario que participa de dicho tratamiento. El tratamiento debe ser cumplido estrictamente y se rige por la ley nacional de diálisis y reglamentaciones del Ministerio de Salud de la Nación, por lo cual la cantidad y la calidad de la práctica no puede disminuir sin que ello ponga en riesgo la vida del paciente”, precisó la Asociación de Hemodiálisis en un comunicado.

El médico Gustavo Ancarani, integrante de la agrupación, afirmó que se trató de una decisión unilateral del Pami y acusó a la obra social de aplicar un ajuste con el único fin de bajar los gastos.

Decisión unilateral

“Nos comunicaron la definición de hacer un recorte en un área crítica como es control y calidad. Ya venimos de un muy mal año, el 2016, en el que nos otorgaron un aumento sensiblemente inferior a la inflación. Este año, el Pami otorgó un 20 por ciento de aumento general que nos incluyó a nosotros y, trascartón, nos comunicó que se suspendía el ítem de calidad que figura contractualmente. Hay que reformar el contrato y acceder a ese ajuste, lo que significa un golpe muy duro porque es un área crítica. Va a ser terrible sobre todo para los centros chicos. Porque para los que están sentados en Buenos Aires es muy fácil, pero en Corral de Bustos, Marcos Juárez, Justiniano Posse o en Deheza son muy sensibles al más mínimo movimiento”, dijo Ancarani.

Agregó que las auditorías internas que se producen en la organización han provocado una mejora en el control de ingreso a diálisis y un incremento en la expectativa de vida. “Tenemos muy buena diálisis en Argentina y esto atenta contra esa mejora. Ellos dicen que el recorte es del 6 al 8 por ciento del valor total que venían pagando pero, en realidad, oscila entre un 10 y un 15 por ciento”, declaró el médico.

Vía de negociación

Ancarani manifestó que para tratar de encontrar una solución se pidió una entrevista con los funcionarios del Pami. La intención es que se realice una contraoferta para tratar de paliar el impacto del recorte. “Pero esta gente es diciendo y haciendo. Vamos a ver si encontramos vías alternativas de negociación”,  puntualizó el representante de la Asociación de Hemodiálisis.

En los últimos meses el Pami viene recibiendo críticas por una serie de recortes que decidió aplicar en las coberturas. Lo más cuestionado fue que se eliminaron los medicamentos gratuitos para un sector de los afiliados.

La cobertura del 100 por ciento se retiró, según el Gobierno, para los que cuentan con una prepaga, poseen más de un inmueble o un auto de menos de 10 años de antigüedad. La misma restricción alcanza a quienes cobran más de un 1,5 haber mínimo.

Otra definición polémica del Gobierno, ya no del Pami en particular, fue la reducción de pensiones asistenciales para discapacitados, una medida que provocó fuerte repudio. Con la polémica, el Ejecutivo nacional anunció que daba marcha atrás y, además, la Justicia ordenó restituir por completo los beneficios.