Confirman que, tras la suspensión, se reactivan las causas de desalojo

En los Tribunales locales se tramitan decenas de causas de desalojo, pendientes desde el año pasado y que no se pudieron ejecutar por el decreto presidencial que prohibía expresamente los lanzamientos durante la pandemia de Covid. Después del 31 de marzo, cuando venció la normativa, todos esos expedientes acumulados se empezaron a reactivar. Pero, más allá de eso, muchos inquilinos se endeudaron o perdieron ingresos durante la etapa de aislamiento social, y eso los puso en la cuerda floja.

Tanto en los juzgados civiles como en las asesorías letradas indicaron que muchos de esos expedientes “frenados” por el decreto presidencial se reactivaron a partir de abril.

Si bien apuntaron que “actualmente no existe un aluvión de causas de desalojo”, la sola tramitación de aquellas que estaban suspendidas, que se habían iniciado con anterioridad a la pandemia, implica varias decenas de expedientes que pueden derivar en la expulsión de familias de su hogar.

“Hay que tener en cuenta que hay cinco juzgados civiles y comerciales, por lo que la cantidad de expedientes que se originaron durante la pandemia no es significativa al lado de la cantidad de causas por otros hechos”, señaló una fuente segura al respecto.

Más allá de esto, aclararon que el proceso de desalojo lleva varios pasos y necesita un tiempo de tramitación. Al momento en que procede la notificación, por medio de un oficial de Justicia, se atiende la situación de la familia a desalojar, y eso se informa al juzgado correspondiente.

Incluso, explican que algunos juzgados le dan intervención a Desarrollo Social del Municipio, para avisar sobre una posible situación de calle. Llegado el caso, también puede intervenir el Ministerio Público Fiscal, con la asesoría de menores.

“Se fijan audiencias y se busca una salida para evitar el desalojo. Y, si fuera el caso, se intenta fijar un plazo prudencial para poder contener a la familia si le toca vivir esta situación”, aclaró una fuente tribunalicia.

En definitiva, el decreto presidencial aplazó la problemática de los desalojos y la suba de los alquileres por la pandemia y la fase de aislamiento obligatorio por el Covid-19, pero al terminar los efectos de la norma, recrudecieron con más fuerza.

Alquilar, otro drama

Por otro lado, también están más vigentes que nunca las dificultades de los inquilinos para hacer frente a sus obligaciones y para poder conseguir un lugar donde vivir.

Lorena Vieyra, del grupo de Inquilinos Autoconvocados, comentó en este sentido que son muchas las exigencias para poder alquilar.

“Tengo que renovar contrato y para eso me piden 3 garantías, mes de depósito, mes adelantado, comisión más gastos administrativos. Hay gente que ya no pudo pagar más y se fue a lo de algún familiar, aunque están amontonados en una casa chica. La situación es desesperante y hasta ahora no tuvimos respuestas del Estado”, relató.

Por su parte, Esther Florencia Bazán, del barrio San Antonio de Padua, contó que se tuvo que mudar más de una vez por no poder pagar.

“soy mamá soltera; tengo una niña de 10 años y trabajo como empleada doméstica. Actualmente, me es imposible llegar a fin de mes, ya que los sueldos que cobramos las trabajadoras de casa particulares son muy magros. Desde que empezó la pandemia me tuve que mudar dos veces, porque no podía pagar. Encontré una casita, donde estoy ahora, pero tiene mucha humedad y eso es perjudicial para mi hija, que es asmática. Necesito una casa acorde a sus necesidades”, dijo.

“Muchas familias están al borde del remate de su casa”

Tras conocerse el caso de la ejecución de una casa adquirida con un crédito UVA, los hipotecados advirtieron que muchos más están a punto de quedar en esa situación, acosados por las deudas.

“Mientras duró el congelamiento, no había remates. Lo que está pasando ahora es que las ejecuciones son un hecho, y ya están pasando en diferentes partes del país. Es una situación mucho más grave, porque estamos en medio de la pandemia, hay mucha gente sin trabajo y familias muy angustiadas que apenas si llegan a poder comer”, comentó Matías Gómez, referente de los Hipotecados UVA en Córdoba.

Aseguró que lo que están haciendo los bancos es una estafa, basándose en contratos abusivos.

“En mi caso, en diciembre de 2017 saqué un préstamo por 1,5 millón de pesos. No me atrasé ni una sola cuota y hoy debo 4 millones de pesos. Arranqué con una cuota de 6.500 pesos y hoy pago 22 mil pesos por mes. Y hoy cobro la mitad de mi sueldo porque la empresa donde trabajo entró con suspensiones”, relató.

Y agregó: “Hay muchos hipotecados UVA con atrasos importantes en las cuotas, que están al borde de la ejecución. Es una situación desesperante. Lo peor es que la familia a la que le rematan la casa, además queda con una deuda importante”.

“No hacen nada”

Por otra parte, lamentó que “el Gobierno no hace nada. No cumple con lo que dijo en la campaña”.

Además, explicó que, en la práctica, lo que se denominó como “congelamiento” de cuotas, no fue tal.

“Fue un parche que a la mayoría de los hipotecados UVA no les sirvió, porque a la diferencia entre el valor de la cuota congelada y la cuota real te la cobran después toda junta. No se congeló el valor de la cuota, sino que los aumentos se cobran después y es peor”, apuntó Gómez.