El empresariado nacional y el cordobés en particular tomaron reparos ayer frente a los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa. De manera previsible, cuestionaron rápidamente la decisión unilateral de incrementar los haberes de los trabajadores privados a través de un bono de 30 mil pesos mensuales en agosto y septiembre, para pagar en los meses de septiembre y octubre. El principal cuestionamiento fue hacia la intervención del Gobierno en lo que vienen siendo negociaciones libres en las paritarias. Pero además, alertaron que el conjunto de medidas lanzadas por el Ministerio de Economía pueden generar otro salto inflacionario que termine por licuar la inyección de recursos dispuesta este domingo.
En ese sentido, tanto el Cecis, como Fedecom, la Bolsa de Comercio de Córdoba, Came y la Cámara Argentina de Comercio coincidieron en el diagnóstico.
Puntualmente la Came rechazó “el pago de un bono para empleados registrados, por entender que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales".
Como se recordará, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el pago de una suma fija de $ 60.000, en dos cuotas de $ 30.000 para los trabajadores privados y los estatales de la Nación que ganan hasta 400.000 pesos netos.
La entidad pyme sostuvo que cada sector de la economía y cada empresa en particular “atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Poder Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto”.
En particular, indicó que los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales “acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado”.
“Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida”, se quejó Came.
Y advirtió que “la injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad”.
Por su parte, Atilio Lunardi, presidente del Cecis, indicó a Puntal: “Las medidas van a querer amortiguar un poco la devaluación que se hizo la otra semana, el tema es que es muy posible que esto vuelva a generar un aumento de la inflación, o sea que en poco tiempo se va a volver a licuar lo que ahora se otorgó. Esto es algo que ya se ha intentado varias veces y lo único que hace por ahí es acelerar la inflación, así que no sé si hay algunas otras medidas que lo pueden acompañar porque el tema del acuerdo de precios que se ha hecho siempre es muy limitado y es muy difícil que se pueda mantener”, indicó el empresario de la construcción.
Por otro lado, agregó: “Se vuelve a castigar a las pymes exigiéndole un pago que está por fuera de los convenios laborales y que no han tenido ningún tipo de preparación en el sentido de poder asumir este costo de alguna manera. Es un problema que se genera y a las empresas que están mal posicionadas esto los termina de generar problemas financieros tremendos. En definitiva, es más de lo mismo que se hace siempre y los resultados no creo que sean buenos”, remarcó Lunardi.
En la misma línea, Fausto Brandolín, presidente de la Fedecom, fue tajante: “Nuestro sector niega enfáticamente y rechaza dar una suma de 60.000 pesos. El rechazo tiene que ver con la imposición por parte del Estado”.
Brandolín indicó además: “En particular en nuestro sector comercial, es un contrasentido cuando acabamos de realizar paritarias y venimos con más de un año con caídas de ventas. O sea que esto se tendría que haber hecho de una manera más consensuada sabiendo desde antes que todas estas medidas lo único que hacen es aumentar el ritmo inflacionario”, afirmó el titular de Fedecom.
Para Brandolín, “hay que abandonar esto de parche tras parche, empeorando cada vez más la situación de los argentinos, en especial del que menos tiene, del asalariado y las pymes, que somos las que más sufrimos todo este tema de incertidumbre y medidas cortoplazistas que no sirven para nada y ya lo han demostrado en reiteradas oportunidades”, dijo Brandolín a Puntal.
Finalmente, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) emitió un comunicado en el que manifiesta “su profunda preocupación en relación al otorgamiento de una suma a trabajadores del sector privado recientemente anunciada por el gobierno nacional”.
Para la entidad, “las negociaciones paritarias, el ámbito en el que deben determinarse las remuneraciones, toda vez que allí se pueden conciliar las legítimas pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de las empresas de cada sector”.
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