El senador nacional Oscar Parrilli denunció ayer al expresidente Mauricio Macri y al exsecretario general de la Presidencia Fernando De Andreis por supuesta destrucción del patrimonio histórico y cultural de la Casa Rosada.
La denuncia fue presentada ante la Cámara Federal porteña luego de que se conociera que durante el gobierno de Macri se ordenó demoler una escalera histórica de la Casa Rosada, que databa del año 1895 y que era de mármol de Carrara.
"Literalmente esa escalera, que formaba parte del patrimonio histórico nacional -y que no pertenecía a ningún gobierno-, fue destruida y reemplazada por un ascensor", según la denuncia que le apunta directamente al expresidente.
"El gobierno de Mauricio Macri no contó con la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos (que es obligatoria) para realizar esa intervención en la Casa Rosada y provocó un daño irreparable al patrimonio histórico nacional", detalló Parrilli.
Además, pidió investigar "el destino y el estado del mármol de Carrara de la escalera destruida que, vale recordar, no es patrimonio de ningún gobierno sino que es patrimonio de toda la Argentina".
Parrilli reclamó saber "si el silencio de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos frente a semejante destrucción patrimonial no significó un accionar cómplice que permitió la comisión de los delitos que se denuncian".
"Es claro que los integrantes de esa comisión tienen obligaciones legales que cumplir y están en una posición de garantes que puede transformarlos en cómplices o coautores de los delitos denunciados por acción u omisión", afirmó el senador.
Incluso, precisó que la Casa Rosada tiene un museo histórico que "hoy se encuentra en estado de profundo deterioro y abandono fruto de la desidia y de la omisión de conservación que establece taxativamente la ley 12665, en su artículo 2".
"Surge claramente que hubo decisiones del expresidente Macri que intencionalmente avanzaron contra las previsiones legales impuestas a todas las personas y gobiernos respecto de los bienes declarados patrimonio histórico nacional", agregó Parrilli.
Tras haber sido presentada ante la Cámara Federal y luego del sorteo correspondiente, la causa por daño agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público quedó a cargo del juez Luis Rodríguez.
Vaciamiento en el Correo
En otro orden, la fiscal ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Boquín, afirmó que durante quince años el Correo Argentino S.A., empresa de la familia Macri, realizó "actos de gravedad ligados al vaciamiento", por lo que reclamó la intervención judicial a raíz de esa situación.
Boquín se expresó en un dictamen sobre la apertura del procedimiento de "cramdown", o salvataje de la concursada, y consideró que existió un "uso abusivo del procedimiento concursal".
Para la fiscal, la empresa "se ha conducido de forma tal que este procedimiento fue una herramienta para defraudar la ley y los derechos de los acreedores".
Boquín ya había pedido rechazar por abusivo el acuerdo entre el Correo y el Estado alcanzado durante la gestión anterior, al sostener que la homologación de la propuesta llevaría a una quita de 70 mil millones de pesos al 2033, todo en perjuicio del Estado nacional.
"Luego de más de 15 años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del ‘cramdown’ –según lo ordenara la Cámara el 27 de octubre de 2004- nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido la concursada perpetró actos de gravedad -que he denunciado- ligados al vaciamiento de la empresa y/o fueron efectuados violando lo dispuesto" en la ley de concursos", evaluó la fiscal.
Incluso, advirtió que se ha incrementado el pasivo concursal de la empresa durante ese lapso de tiempo.