Concretamente, en estos días los aliados que hay en el Gran Río Cuarto tienen los servicios cortados por los prestadores médicos por la abultada deuda que viene arrastrando la obra social con profesionales e instituciones de salud.
Según confían fuentes del sector, la deuda ascendería a casi 400 millones de pesos a nivel local. Vale recordar que en el país la cifra escala a casi $ 300 mil millones entre reintegros, servicios básicos, gastos prestacionales y préstamos.
Sin la cobertura de Iosfa, los aliados deben optar por pagar las prestaciones como particulares y después intentar el reintegro en una obra social sin recursos; o recurrir a los servicios públicos de salud. De allí que muchos hayan optado por el Hospital San Antonio de Padua en las últimas semanas.
“En Río Cuarto en particular lo que se ve de la Fuerza Aérea son los F-16 que realmente marcaron una revolución. Pero el personal de esa Fuerza Aérea hoy no tiene cobertura de salud. Es un contraste inexplicable”, se sinceró un actor que conoce de cerca el conicto.
Lejos de quedar circunscripto al interior de la entidad, el conicto y la crisis ganó terreno puertas adentro del Gobierno. De hecho, todavía resuenan los cruces entre Luis Petri, el exministro de Defensa y en ese momento responsable político de la obra social, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel:
“Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en Iosfa y que hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los connes del país. Creo que antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”, disparó Villarruel en uno de los últimos cruces con el exministro y ahora diputado. Pero no quedó ahí. A mediados de este mes, la vicepresidenta volvió a la carga: “El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la Obra Social que atiende a los militares y sus familias. El ex ministro debe dejar de preocuparse en Twitter por un ‘bozal mediático’ que no pedí y hacerse cargo de su espantosa gestión”. La grave situación alcanza a unos 600 mil aliados de la obra social en todo el país. Pero no sólo de la Fueza Aérea, sino de todas las fuerzas de seguridad nacionales.
Las reacciones ociales
En un primer momento, el Gobierno intentó un rescate de la Obra Social tras el abrupto colapso que transita caminos judiciales para su investigación. Es que allí intervino una diputada que llegó al Congreso por las listas libertarias: la sanjuanina que representa a Mendoza: Lourdes Arrieta, que impulsó una denuncia penal en los tribunales federales y acusa formalmente a Petri por administración fraudulenta, malversación decaudales públicos, incumplimiento de deberes y abandono de persona. Según consta en ese expediente, las cuentas de la obra social dieron un giro abrupto entre un cierto nivel de sostenibilidad a uno de inviabilidad: concretamente pasó de registrar un superávit de $25 mil millones a acumular un rojo financiero superior a los $210 mil millones.
El Ministerio de Defensa informó ante la Cámara de Diputados que la deuda del Iosfa al 31 de marzo de 2026 ascendía a $248.600.811.333,39. El pasivo incluye $16.290 millones en reintegros, $161 millones en servicios básicos, $178.961 millones en gasto prestacional y funcionamiento, y $53.187 millones en préstamos del IAF.
La respuesta política anunciada a comienzos de febrero, ya con Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich (la otra cartera con vinculación sobre Iosfa), fue la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), en reemplazo de Iosfa. Finalmente, a comienzos de este mes, Monteoliva fue la encargada de anunciar en televisión que una parte de los aliados a la exIosfa pasarían a tener una prepaga: Medicus. Esa transferencia al sector privado comienza a regir a partir de este lunes. La medida alcanza sólo a unas 200 mil personas de Gendarmería y Prefectura Naval, aunque el paquete implicaría un valor superior a los 15 millones de dólares mensuales. Todo ocurrió en pocos meses entre que Iosfa ingresó en una acelerada caída y parte de su cápita terminó en manos de la prepaga.
Mientras tanto, a pesar de los descuentos mensuales, los aliados sufren la interrupción de servicios, suspensión de cirugías programadas y problemas críticos con tratamientos oncológicos, a la espera de respuestas.
El último ingrediente fue a comienzos de mes con la renuncia del presidente de la exIosfa, Sergio Maldonado, quien presentó su renuncia al cargo en un área atravesada por reclamos, deudas y tensión interna.
