Empezaron a indagar a los imputados por las picadas en el marco de la denuncia que realizó la Municipalidad de Río Cuarto contra 13 personas. Todos ellos fueron identificados por la Justicia por realizar maniobras ilegales en avenida Perón. Dentro este proceso, ayer declaró la primera tanda de acusados. Por su parte, el fiscal Pablo Jávega, quien instruye el caso, indicó que una salida podría ser la suspensión del juicio a prueba, a cambio de tareas comunitarias.
Jávega aclaró que completar la ronda de declaraciones llevará tiempo, porque hay 13 involucrados y cada uno tiene la posibilidad de hacer una exposición de forma individual para defenderse de la acusación en su contra.
“Escuchar lo que tienen para decir”
"La indagatoria es a los efectos de poder imponerles el contenido de la investigación, el hecho que se les atribuye y darles la oportunidad de escuchar lo que tienen para manifestar. Esto es esencial en cualquier proceso penal. Una vez que se agote ese marco de audiencias, se analizará qué temperamento adoptar, de acuerdo también a lo que tengan para manifestar los imputados", explicó el fiscal.
"El delito que se les imputa es una práctica de destrezas en vehículo automotor sin la autorización administrativa correspondiente. O sea, llevar a cabo esta práctica en un lugar que no está autorizado por la autoridad competente a tal fin", recordó el funcionario judicial.
Alternativas
En términos más globales, el funcionario judicial consideró que una de las alternativas para la resolución de esta causa es la de la suspensión de juicio a prueba, a cambio de tareas comunitarias para los imputados.
"En otras causas vinculadas al contexto de hordas, que no es esta que estamos hablando, ha habido personas sospechadas que, junto con su defensor, han solicitado que se suspenda el proceso a prueba, sometiéndose a determinadas reglas de conducta que fija un tribunal", indicó el magistrado.
Y agregó: "En estos casos, los imputados se comprometen hacer trabajo comunitario y si transcurre un lapso pautado por el tribunal, que va de 1 a 3 años, sin que incurran en hechos delictivos y cumpliendo todas las pautas de conducta, como así también el trabajo comunitario, se les puede cerrar el proceso".
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