Rechazan el amparo y rige la prohibición a la pirotecnia
La Justicia declaró inadmisible la presentación para frenar la implementación de la ordenanza este fin de año.
La Justicia rechazó el amparo que los vendedores de pirotecnia habían presentado para tratar de frenar la ordenanza que prohíbe la venta de fuegos artificiales y productos similares y, por lo tanto, la normativa, que el Concejo Deliberan-te votó por unanimidad, tiene plena vigencia para las fiestas de este año.
El fiscal municipal, Julián Oberti, dio una conferencia de prensa en la que detalló los alcances del fallo de la Cámara Segunda y reivindicó, además, la decisión del poder político de avanzar en contra de la venta de pirotecnia.
Ahora, los comerciantes tienen la posibilidad de presentar una apelación ante el Tribunal Superior, aunque todavía no hay una definición sobre la vía que tomarán finalmente.
El amparo, una alternativa que permite suspender rápidamente los alcances de una ley o normativa, fue declarado inadmisible por la Justicia.
“Se declaró la inadmisibilidad con la imposición de costas a los ocho comerciantes que plantearon el amparo contra la ordenanza que declaró la regulación en contra de la comercialización, tenencia y utilización de fuegos artificiales. En líneas generales, lo que resolvió la Cámara fue rechazar el recurso porque entiende que la vía del amparo es excepcional, para casos donde realmente se ven cercenados derechos resguardados constitucionalmente. Entonces, entiende la Cámara que aquí no ha habido cercenamiento de ningún derecho de la manera en que lo expresan los amparistas. Sostiene que la ordenanza no es arbitraria ni ilegal, que no se dictó en contra de alguna norma constitucional expresa sino todo lo contrario: no solamente el Ejecutivo sino también el Concejo votaron una ordenanza en el ejercicio de sus facultades y en el ámbito de poder de policía para resguardar la moralidad pública, la salubridad, la protección de los niños, los ancianos, los animales, en definitiva del bien común”, manifestó Oberti en conferencia de prensa.
Sin derechos adquiridos
La normativa, que fue votada el 23 de noviembre, prohíbe la comercializaión y el uso de pirotecnia en la ciudad.
“El fallo rechaza el argumento de los amparistas de que existió discriminación. Además, tampoco acepta el criterio de que como venían ejerciendo la actividad eso les daba un derecho adquirido para seguir vendiendo. Eso no es así porque el poder de policía consagrado constitucionalmente establece que esos derechos que todos tenemos y que están reconocidos pueden ser restringidos en orden a la protección a la salubridad, la moralidad de ciertos sectores vulnerables de la sociedad. En ese sentido se actuó desde el poder político”, señaló el fiscal municipal.
La votación de la ordenanza se produjo después de que el intendente Juan Manuel Llamosas convocara a la concejala Marilina Gadpen, socialista, cuyo partido venía impulsando la prohibición. Después de un trabajo en conjunto, los tres bloques -Unión por Córdoba, Cambiemos y Respeto- votaron la prohibición.
Oberti planteó que la declaración de inconstitucionalidad no se define son liviandad sino en casos específicos.
“El dictado de la inconstitucionalidad no puede ser un elemento usado de manera irresponsable. Los derechos son para todos. En definitiva, por cada cuestión que crea que se me vulnera un derecho pudo recurrir a la Justicia pero no lo puedo hacer de manera arbitraria, con liviandad. Todo lo contrario: hay que tener criterio: los jueces, cuando se les hace un planteo de inconstitucionalidad, tienen que analizar la solicitud de manera restrictiva. Tienen que mirar pensando en el bien superior. Lo que se entendió en este caso es que no existe arbitrariedad, ni ilegalidad ni inconstitucionalidad”, declaró el fiscal municipal.
Niegan presiones
Oberti rechazó de plano las declaraciones de Miguel Martínez, abogado de los comerciantes de pirotecnia, quien había señalado que las declaraciones del secretario de Gobierno, Mauricio Dova, en el Concejo Deliberante, habían sido una clara presión al Poder Judicial. “Vamos a ver qué juez se anima a fallar en contra de esta ordenanza aprobada por unanimidad”, había dicho el funcionario municipal.
“No tienen ningún sentido esas declaraciones. Fue un comentario en un informe anual donde se planteaban distintas cuestiones y chicanas de ida y vuelta. Ningún juez se va a sentir presionado por eso”, dijo Oberti.
El fiscal municipal, Julián Oberti, dio una conferencia de prensa en la que detalló los alcances del fallo de la Cámara Segunda y reivindicó, además, la decisión del poder político de avanzar en contra de la venta de pirotecnia.
Ahora, los comerciantes tienen la posibilidad de presentar una apelación ante el Tribunal Superior, aunque todavía no hay una definición sobre la vía que tomarán finalmente.
El amparo, una alternativa que permite suspender rápidamente los alcances de una ley o normativa, fue declarado inadmisible por la Justicia.
“Se declaró la inadmisibilidad con la imposición de costas a los ocho comerciantes que plantearon el amparo contra la ordenanza que declaró la regulación en contra de la comercialización, tenencia y utilización de fuegos artificiales. En líneas generales, lo que resolvió la Cámara fue rechazar el recurso porque entiende que la vía del amparo es excepcional, para casos donde realmente se ven cercenados derechos resguardados constitucionalmente. Entonces, entiende la Cámara que aquí no ha habido cercenamiento de ningún derecho de la manera en que lo expresan los amparistas. Sostiene que la ordenanza no es arbitraria ni ilegal, que no se dictó en contra de alguna norma constitucional expresa sino todo lo contrario: no solamente el Ejecutivo sino también el Concejo votaron una ordenanza en el ejercicio de sus facultades y en el ámbito de poder de policía para resguardar la moralidad pública, la salubridad, la protección de los niños, los ancianos, los animales, en definitiva del bien común”, manifestó Oberti en conferencia de prensa.
Sin derechos adquiridos
La normativa, que fue votada el 23 de noviembre, prohíbe la comercializaión y el uso de pirotecnia en la ciudad.
“El fallo rechaza el argumento de los amparistas de que existió discriminación. Además, tampoco acepta el criterio de que como venían ejerciendo la actividad eso les daba un derecho adquirido para seguir vendiendo. Eso no es así porque el poder de policía consagrado constitucionalmente establece que esos derechos que todos tenemos y que están reconocidos pueden ser restringidos en orden a la protección a la salubridad, la moralidad de ciertos sectores vulnerables de la sociedad. En ese sentido se actuó desde el poder político”, señaló el fiscal municipal.
La votación de la ordenanza se produjo después de que el intendente Juan Manuel Llamosas convocara a la concejala Marilina Gadpen, socialista, cuyo partido venía impulsando la prohibición. Después de un trabajo en conjunto, los tres bloques -Unión por Córdoba, Cambiemos y Respeto- votaron la prohibición.
Oberti planteó que la declaración de inconstitucionalidad no se define son liviandad sino en casos específicos.
“El dictado de la inconstitucionalidad no puede ser un elemento usado de manera irresponsable. Los derechos son para todos. En definitiva, por cada cuestión que crea que se me vulnera un derecho pudo recurrir a la Justicia pero no lo puedo hacer de manera arbitraria, con liviandad. Todo lo contrario: hay que tener criterio: los jueces, cuando se les hace un planteo de inconstitucionalidad, tienen que analizar la solicitud de manera restrictiva. Tienen que mirar pensando en el bien superior. Lo que se entendió en este caso es que no existe arbitrariedad, ni ilegalidad ni inconstitucionalidad”, declaró el fiscal municipal.
Niegan presiones
Oberti rechazó de plano las declaraciones de Miguel Martínez, abogado de los comerciantes de pirotecnia, quien había señalado que las declaraciones del secretario de Gobierno, Mauricio Dova, en el Concejo Deliberante, habían sido una clara presión al Poder Judicial. “Vamos a ver qué juez se anima a fallar en contra de esta ordenanza aprobada por unanimidad”, había dicho el funcionario municipal.
“No tienen ningún sentido esas declaraciones. Fue un comentario en un informe anual donde se planteaban distintas cuestiones y chicanas de ida y vuelta. Ningún juez se va a sentir presionado por eso”, dijo Oberti.