A través de un comunicado, los magistrados alertaron que, de mantenerse esa previsión, se vería “gravemente afectado el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia del Poder Judicial”, a la que calificaron como un “pilar esencial del Estado de Derecho y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
En ese sentido, remarcaron que la suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera son condiciones “indispensables” para asegurar la efectiva independencia judicial, y advirtieron que “asignaciones insuficientes derivan en infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido”.
El pronunciamiento también hizo hincapié en la necesidad de contar con recursos para avanzar en la modernización del sistema judicial y para garantizar la implementación del nuevo sistema procesal penal federal. Según señalaron, la fuerte reducción en el presupuesto para Bienes de Uso “impediría sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica”, considerados elementos claves para ofrecer “un servicio de justicia eficiente y moderno”.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial y exhortamos a que el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y adecuado a sus reales necesidades”, concluyeron los jueces, en defensa del “equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible”.
